La ley de autoridad docente no frena las agresiones

La agresión física sufrida recientemente por dos maestras de un colegio de Coria del Río ha puesto de nuevo sobre la mesa la fragilidad de la convivencia escolar. Este ataque ha provocado que la comunidad educativa de los distintos centros del municipio sevillano se eche a la calle para respaldar la labor de estas profesionales y mostrar su disconformidad con la actuación de la agresora, la madre de un alumno.

En el pasado curso, según los datos registrados por el Servicio de Inspección Educativa, el número de agresiones en la provincia llegó a 17, mientras que en lo que va del presente curso ya se han registrado dos, que son las ocurridas en dicho municipio.

Estos comportamientos abren el debate sobre la necesidad de que la autoridad docente sea respaldada. Con tal fin, la Junta de Andalucía ha aprobado una ley, cuyo desarrollo aún esperan los sindicatos de enseñanza, como es el caso de ANPE, que desde 2005 posee el servicio El Defensor del Profesor, que presta ayuda a los profesionales de la educación que se sienten acosados en su trabajo.

Los datos más recientes de este registro corresponden al curso 2019/20, que se vio interrumpido en el segundo trimestre por el estallido de la pandemia del Covid, lo que obligó a que la enseñanza se adaptara a un formato telemático que no todos los centros pudieron desarrollar plenamente.

Menos casos con la pandemia

Tal circunstancia explica, según Juanma Valero, responsable de dicho servicio en Sevilla, que en el mencionado ejercicio académico el número de casos que se atendió desde el sindicato fuese menor al de otros cursos. En total, fueron 26 los docentes que se pusieron en contacto para informar del acoso que sufrían dentro y fuera del aula.

De esta cantidad (todos ellos en centros públicos), 11 venían de docentes que imparten clase en Educación Primaria y 13 en Secundaria. Unas cifras muy similares y que consolidan una tendencia iniciada años antes: las faltas de respeto al profesorado comienzan cada vez antes, ya que hasta hace relativamente poco este acoso se producía principalmente en los institutos. Ya no sucede así.

La pérdida de autoridad docente se evidencia en el principal problema que se denuncia. Las dificultades para dar clase constituyen el grupo más numeroso de quejas (11 en total), lo que crea graves estados de ansiedad en los profesionales. También merecen aquí la atención las continuas faltas de respeto (seis), sin olvidar las agresiones físicas, de las que se contabilizaron tres en el curso 2019/20.

El comportamiento de las familias

También preocupa bastante el acoso de los padres a los docentes, especialmente tras lo sucedido en el colegio coriano. El Defensor del Profesor registró tres falsas acusaciones. Para ANPE, "es triste observar con qué facilidad algunas familias cuestionan cualquier actuación o decisión del profesorado, queriendo imponer su criterio personal, desde la ignorancia de cualquier criterio psicopedagógico hasta llegar al punto de difamar, amenazar o incluso agredir al docente".

Por tal motivo, el sindicato manifiesta su "insatisfacción" por la "lentísima" tramitación, por parte de la Junta de Andalucía, de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, un aspecto clave para que estos episodios sean mínimos en cursos venideros. Especialmente en una era digital en la que, tras la pandemia, la enseñanza telemática ha tomado un nuevo impulso.

Aunque en el servicio del sindicato no se registró ningún caso de ciberacoso en Sevilla (ni por parte de alumnos ni de padres), no es menos cierto que se plantean algunas lagunas legales que deben resolverse cuanto antes, como por ejemplo los derechos de imagen y protección de datos personales del profesorado. En este sentido, se ha constatado, a nivel estatal y autonómico, la difusión en redes de vídeos grabados a docentes, sin permiso alguno, mientras imparten clases de forma presencial o a distancia para luego acosarlos con este material.