La juez advierte que quedan "muchas líneas" de investigación

La juez Mercedes Alaya ha advertido en el auto que acordó el ingreso en prisión de Domingo Enrique Castaño que esta causa no ha hecho más que comenzar y anuncia que aún quedan "muchas líneas de investigación que recorrer". La instructora utiliza este argumento para apuntar la posibilidad de que Castaño pueda alterar o destruir pruebas respecto a su propia participación e intervención de otros posibles implicados si permaneciera en libertad, hasta el punto de que la magistrada llega a afirmar que el éxito de la instrucción "podría peligrar si no se adoptara la medida cautela de prisión provisional" que el pasado 12 de julio acordó.

Alaya imputó hasta cuatro delitos al ex asesor municipal -prevaricación, cohecho, fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales-, el primero de los cuales viene dado por la supuesta "contratación fraudulenta" que habría decidido Domingo Enrique Castaño. La magistrada recuerda asimismo que los dos empresarios imputados en la causa, Rafael González Palomo y Ángel Manuel Macedo Gajete se han autoinculpado del delito de cohecho, pero sobre todo han "ilustrado sobre los delitos cometidos por Castaño y su esposa", por lo que Alaya concluye que "existen motivos bastantes para creer responsable criminalmente a Domingo Enrique Castaño de los numerosos delitos graves que se le imputan" y que llevan aparejadas unas penas importantes.

El auto también señala el posible riesgo de fuga como uno de los elementos para acordar la prisión provisional del ex director del área de Vía Pública, por cuanto ante estas imputaciones podría decidir marcharse acompañado de su mujer y de su hija, que sólo tiene dos años. En el auto, la juez también acordó imponerle una fianza de responsabilidad civil a Domingo Enrique Castaño de 7.633.325,72 euros, cantidad para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias como las posibles multas y en la que la instructora incluye tanto los 5,4 millones de euros que Fitonovo y Fiverde recibieron por los dos contratos que lograron del Ayuntamiento y el resto de los supuestos regalos y dádivas que la magistrada le atribuye haber recibido a cambio de favores a estos empresarios.

La investigación contra Domingo Enrique Castaño permanece actualmente bajo secreto de sumario y deriva de la investigación patrimonial que se le hizo en el marco de las diligencia abiertas por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.