Adif acusa al Ayuntamiento de poner en riesgo la ampliación del tranvía por frenar el proyecto de Santa Justa

Estancada la reordenación del exterior de la estación de Santa Justa. El Ayuntamiento de Sevilla y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no logran ponerse de acuerdo y se echan la culpa mutuamente. José Luis Sanz sostiene que la Gerencia de Urbanismo se encuentra a la espera de que la empresa estatal acredite que las dos parcelas que superan los 43.000 metros cuadrados son de su propiedad, mientras que la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes acusa al alcalde popular de poner en riesgo los fondos europeos necesarios para continuar con la ampliación del tranvía hasta la terminal de trenes y la construcción de un intercambiador de transportes en la zona por frenar la tramitación de un ambicioso proyecto que contempla una torre de 66 metros, varios bloques de viviendas, un centro cívico y la mejora de la caótica entrada principal.

En sus últimas declaraciones públicas sobre el asunto, Sanz mantuvo que esos suelos del entorno de Santa Justa constituyen “un espacio que hay que desarrollar cuanto antes”, ya que el gobierno municipal tiene “mucho interés”. Expuso que el pasado mes de octubre, el consejo de gobierno de Urbanismo aprobó “la iniciativa de Adif” sobre estos terrenos y, “de acuerdo con la nueva ley del suelo”, ahora la entidad estatal “debe acreditar” que esas dos parcelas son de su propiedad “y no de los otros 64 propietarios” incluidos en el borrador de la junta de compensación. “Eso es lo que estamos esperando”, aseguró para concluir.

¿Y cuál es la postura de Adif? Sostienen que el Ayuntamiento aún no tiene decidida su participación en la junta de compensación necesaria para desbloquear el proyecto. Añaden que no existe ningún problema en la titularidad de sus terrenos en el entorno de Santa Justa, ya que el propio Consistorio los dio por bueno en febrero de 2023 con el convenio firmado con anterioridad a la aprobación del plan especial para la ordenación de esos suelos. La empresa estatal entiende que ese gran inconveniente esgrimido por Sanz sólo es una nueva escusa.

En el informe al que tuvo acceso este periódico y que ilustra la información, Adif manifiesta que la titularidad de los suelos queda acreditada en el plan especial ARI-DSP-02 Santa Justa, en el documento de estatutos de la junta de compensación, y en el acuerdo de aprobación de la iniciativa “al ostentar notoria y públicamente” la titularidad del 66,8% de los suelos que conforman la unidad de ejecución. “Por tanto, Adif cumple con los requisitos legales para promover esta iniciativa, ya que la inscripción registral requerida por la Gerencia de Urbanismo no viene recogida, específicamente, en la legislación urbanística como una única prueba de la titularidad de los suelos en proporción necesaria superior al 50% de la superficie de actuación”.

El intercambiador de transporte es la segunda iniciativa que perdería los fondos

Los técnicos detallan que la empresa estatal presentó en su escrito de subsanación con fecha del 3 de abril de 2024 la documentación de la que disponía en ese momento para la acreditación de la titularidad de las fincas incluidas en su patrimonio y afectadas por la ambiciosa actuación urbanística, como eran las notas registrales y el certificado del inventario de bienes inmuebles.

Insisten en que la procedencia de los suelos ferroviarios titularidad de Adif ha sido más que publicitada y documentada con las expropiaciones forzosas del Estado inscritas en el inventario de bienes inmuebles, las inscripciones registrales de las fincas que fueron afectadas por esas expropiaciones, y las inscripciones registrales a su favor, restando para justificar completamente el requerimiento de Urbanismo la formalización del acuerdo de cuatro fincas registrales afectadas: dos de ellas desde los titulares registrados que fueron expropiados por el Estado y las otras dos desde la propia administración central.

El 13 de noviembre de 2024, Adif realizó una consulta a la registradora de la propiedad número 11 de Sevilla planteando el asunto requerido por Urbanismo sobre la titularidad registral de las fincas afectadas por la actuación urbanística, “estando a la espera del diagnóstico registral de los títulos aportados y sus actuales inscripciones en el registro de la propiedad”.

En la entidad ferroviaria no entienden “ni la desconfianza en los títulos de propiedad presentados, que refleja posiciones alejadas de los principios de la necesaria colaboración interadministrativa, ni el continuo empeño de la Gerencia de Urbanismo en requerir de Adif la obligación de justificar en este trámite la inscripción registral a su favor de las fincas afectadas por la iniciativa”. Detallan que ese procedimiento exigiría una tramitación anticipada de operaciones registrales que, de todos modos, tendrá que realizarse posteriormente en el proyecto de reparcelación y que, de hacerse ahora, podrían alargarse en el tiempo, haciendo inviable la tramitación del proyecto para mejorar del entorno de la estación de Santa Justa.

La junta de compensación, antes de febrero

No sólo eso. Los técnicos añaden que también puede provocar el incumplimiento, por motivos ajenos al promotor de la iniciativa, de los plazos determinados en el plan especial, que son la constitución de la junta de compensación antes de febrero (dos años desde la aprobación definitiva del PERI). Además, apuntan que supondría la puesta en riesgo de la construcción de la ampliación del Metrocentro hasta Santa Justa y del intercambiador de transporte a las puertas de la estación, “inquietud que se ha trasladado desde la propia Gerencia de Urbanismo a Adif por su urgencia en la justificación de los fondos de financiación”.

Adif explica que estos fondos dependen de la consecución positiva de la ejecución jurídica del plan especial con la aprobación del proyecto de reparcelación de la que resultarán las parcelas dotacionales en las que se tienen que desarrollar el proyecto; y de la ocupación del Ayuntamiento del vuelo sobre el túnel ferroviario que se determine en el complejo inmobiliario a constituir sobre la parcela. “Por todo ello, ese aspecto no puede ni debe ser, como dice la Gerencia de Urbanismo en su acuerdo quinto, un condicionante para la aprobación de los estatutos y de las bases de actuación de la junta de compensación”.

Para finalizar, en el informe se sostiene que en la actuación urbanística solo hay dos propietarios de los suelos: Adif y el Ayuntamiento. “Es necesario que el Ayuntamiento se lleve también aparte este expediente administrativo, documentando que la cesión por ambos titulares de los terrenos sobre los suelos municipales en el ámbito del ARI-DSP-02 es responsabilidad de sus gestores”.