La acusación particular recurre la puesta en libertad del acusado por la muerte del cámara

El abogado de la familia alude a la "notable" gravedad de los hechos que se le imputan y a "los graves antecedentes penales y policiales" del encausado.

Europa Press

24 de marzo 2012 - 12:43

Sevilla/La acusación particular que ejerce la familia del cámara de televisión Jesús Ruiz de Castro, fallecido en el mes de noviembre del año 2010 tras recibir una "brutal" paliza en la romería de Valme de Dos Hermanas (Sevilla), ha recurrido la puesta en libertad bajo fianza de 100.000 euros de Francisco Javier A.S., conocido como el chino e imputado por sendos delitos de asesinato y encubrimiento.

En el recurso de apelación elevado ante la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de la familia, Julián Rabadán, pide revocar el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 9 por el que se decretaba la libertad del imputado y acordar su ingreso en prisión sin fianza, y de manera subsidiaria que se le imponga una fianza de 600.000 euros, ya que considera que existe un evidente riesgo de fuga y podría destruir pruebas.

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A juicio del letrado, "se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos para mantener la prisión provisional", ya que ello "es necesario para asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar que cometa nuevos hechos delictivos", a lo que se suma que "existen indicios racionales que permiten imputarle la comisión de un delito de asesinato y otro de encubrimiento".

En este sentido, hace alusión a "los graves antecedentes penales y policiales" del encausado, los cuales "ponen de manifiesto una conducta ilícita continuada", recordando que en el momento del crimen "se encontraba en libertad vigilada cumpliendo una condena de nueve años y tres meses de prisión por un delito de tráfico de drogas", todo lo cual "constata un evidente riesgo de reiteración delictiva".

Asimismo, alude a la "notable" gravedad de los hechos que se le imputan y las penas que podrían corresponderle, de hasta 23 años de cárcel, mientras que el imputado "carece de una ocupación lícita fija, gozando sin embargo de una alta capacidad económica". Así, critica que la fianza de 100.000 euros que le fue impuesta por el instructor es "calderilla" para el imputado, ya que "fue depositada en efectivo en la cuenta del Juzgado en menos de media hora desde que le fue notificado el auto".

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