Vox asegura a la juez que el hostelero actuó "correctamente" al negarle la mesa a Cabrera

El delegado de Gobernación y el acalde en la presentación esta semana de nuevos policías locales. / Juan Carlos Vázquez

Una novedad en el origen del incidente protagonizado por el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, en el restaurante Princi.pico el pasado Día de Reyes. El grupo municipal de Vox, que ejerce la acusación popular contra el concejal socialista, ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, en el que asegura que el Cabrera no respetó las recomendaciones sanitarias al solicitar una mesa para diez comensales ese día porque sus familiares pertenecían a más de dos grupos de convivencia, por lo que sostiene que el hostelero "actuó correctamente al negarle la mesa".

El escrito de Vox se produce una vez que la instructora, en un trámite inusual en estos casos, ha concedido al delegado la posibilidad de efectuar unas alegaciones a la denuncia presentada por el grupo que dirige Cristina Peláez. El abogado de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, señala en el documento, al que ha tenido acceso este periódico, que la normativa publicada en el BOJA permitía excepcionalmente que ese día 6 de enero la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público y privado no se superara el número máximo de diez personas, salvo que se trate de convivientes y se recomendaba que "estos encuentros se compongan de miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia y que no se superen los dos grupos de convivencia".

El letrado relata que ese día, como ha reconocido el propio Cabrera, estaban en el restaurante "más de dos grupos de convivencia", porque se habían reunido sus padres octogenarios, la familia del delegado y la de su hermana, y "pretendía el señor Cabrera que todos ellos fueran sentados en la misma mesa, siendo varios grupos de convivencia diferentes en número superior a dos, e imponiendo de alguna manera al encargado del establecimiento que obviara la recomendación de la normativa legal vigente el día de los hechos con el único fin de satisfacer las pretensiones personales del señor Cabrera y, por ende, de su familia".

En este sentido, la acusación añade que Cabrera, por su condición de cargo público "lleva implícito una obligación de ejemplo para con la ciudadanía y en vista precisamente de la ola provocada por la pandemia, consecuencia precisamente de las fiestas navideñas y reuniones familiares, debería haber realizado un ejercicio de empatía y sentido común para evitar que el evento en cuestión se celebrara de la manera más segura y apacible, y debió seguir las recomendaciones de la normativa vigente publicada en el BOJA" número 88 del 11 de diciembre de 2020.

La asociación de Hosteleros de Sevilla, prosigue Vox, dirigió un comunicado a sus asociaciones con la misma recomendación de "no permitir mesas de diez comensales con más de dos grupos de convivencia", por lo que insiste en que el hostelero "actuó correctamente al no permitir al señor Cabrera unir dos meses para diez personas de más de dos grupos de convivencia".

Vox ha respondido de esta forma a las alegaciones realizadas por el delegado de Gobernación, que ha lamentado la "judicialización de la política", y en este sentido el partido que ejerce la acusación popular ha afirmado que estas manifestaciones "responden al único fin de distraer la atención sin tener en cuenta la gravedad de los hechoscomo son el posible abuso de autoridad y de poder que en el ámbito privado llevó a cabo el señor Cabrera en una clara posición preferente y predominante respecto del resto de ciudadanos". "Lo cierto y verdad es que a través de la política se llega al poder, y el poder corrompe y lleva a los seres humanos que lo ostentan, no en todos los casos afortunadamente, a acometer conductas de abuso de poder, como es el caso que nos ocupa", añade Fernando Rodríguez Galisteo.

La acusación manifiesta que de un representante público "se ha de esperar un comportamiento ejemplar, pero parece desprenderse de las alegaciones de Cabrera que por el hecho de ser político, si presuntamente ese comporta en un espacio público de forma amenazante, provocando desorden público, insultando y haciendo uso de su poder para coaccionar al establecimiento... ¿dicha conducta ha de quedar impune pues debe quedar en el terreno de la política?".

Sobre las manifestaciones del encargado del restaurante Princi.pico, que tres días después reconoció un error al negarle la mesa para diez comensales y afirmó que el delegado no profirió insultos, Vox dice que "respeta" la posición de esta persona pues "es lógico que quiera pasar página, pues en buena medida tiene una especie de relación de dependencia con el Ayuntamiento, al tratarse de una concesión administrativa, y puede ser una declaración temerosa de posibles represalias".

Vox preguntará al alcalde si cesará a Cabrera si es imputado

El grupo municipal de Vox ha anunciado que llevará al Pleno de la próxima semana una pregunta al alcalde, Juan Espadas, para que el regidor aclare si "mantendrá al delegado de Gobernación en su puesto en el caso de que sea citado a declarar como investigado" en la causa que se ha abierto en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Esta formación política también interpelará a Espadas si tiene constancia de la conversación telefónica entre Cabrera y el jefe de la Policía Local, y si no tiene constancia, Vox le pregunta sobre si ha hecho gestiones para "conocer la realidad o no de tal llamada".

Por último, el grupo que lidera Cristina Peláez quiere saber si el alcalde ha solicitado algún informe y a quién tras el "revuelo público" causado por estos hechos.

Por su parte, el grupo municipal PP ha solicitado la dimisión de Juan Carlos Cabrera por "cambiar su versión de los hechos y reconocer ahora que llamó al jefe de la Policía Local" tras el incidente en un restaurante de Los Remedios el pasado 6 de enero.

Cabrera pide el archivo porque la denuncia no pretende más que su "cabeza política"

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha pedido a la juez de Instrucción número 13 de Sevilla que archive la denuncia de Vox porque esta formación no pretende más que su "cabeza política" con esta denuncia, que a su juicio hace una "perversa utilización de la Justicia como campo de batallas políticas" y porque además los hechos denunciados no son constitutivos de ninguno de los delitos que le atribuyen.

La defensa de Cabrera alega que la única intención que persigue Vox "no es la investigación de hechos presuntamente delictivos, ni la depuración de responsabilidades penales, sino exclusivamente su cese como concejal del Ayuntamiento de Sevilla", recordando que el presidente provincial de esta formación aseguró que si el delegado era cesado Vox se retiraría como acusación.

El abogado José Manuel García-Quílez, que representa a Cabrera, ha pedido en las alegaciones realizadas ante la juez que se acuerde el inmediato sobreseimiento y archivo de la causa, "eliminando con ello cualquier riesgo de mantener vivo el escándalo que suponen los bulos que corren por sus anchas, las muy dañinas opiniones en las redes sociales, los juicios paralelos y, en definitiva, la auténtica ralea humana con todas sus características".

En caso de que no se acuerde el archivo, el letrado solicita al juzgado que reclame la información que sea necesaria de la Policía Local de Sevilla con respecto a la intervención de Cabrera, con la idea de aclarar su intervención y que se constate la "completa ajenidad" del delegado en estos hechos, evitando que tenga que acudir al juzgado a prestar declaración, algo que "quiere eludirse no por lo que pueda suponer prestar declaración en sí, a lo que Cabrera no muestra inconveniente alguno, sino por lo que seguro que conllevará el paseíllo por la puerta del juzgado: de nuevo el revuelo y ruido mediático, los juicios paralelos y, una vez más, los desalmados insultos en las redes sociales".

En este sentido, García-Quílez señala que una vez que se produjo el incidente, en el que Cabrera se limitó a pedir al encargado la "hoja de reclamaciones", se difundieron "exageradas versiones plagadas de invenciones, falsedades y fantasías, con relación a unos supuestos insultos racistas proferidos por el delegado, o a una chulesca y prepotente actitud que, cualquiera que mínimamente le conozca, sabe que el señor Cabrera es incapaz de seguir".

Y todo ello, continúa, "por desgracia con unas espurias intenciones" porque el concejal es un "hombre apaciguado, políticamente respetado, prudente y que jamás se ha visto involucrado en ruidosos acontecimientos como el que ahora lamentablemente nos ocupa" y que "no alcanza a entender".

En estas alegaciones, la defensa de Cabrera alega que este "no dio órdenes de ningún tipo, ni a la Policía Local, ni a la Policía Nacional, ni al CECOP, ni a nadie, para que actuaran en algún sentido en relación con los incidentes acontecidos el 6 de enero en el restaurante Princi.pico".