Urbanismo gasta 1,5 millones en sentencias por caídas en las calles

A la Gerencia de Urbanismo llegan todos los años numerosas reclamaciones de ciudadanos que solicitan una indemnización tras sufrir una lesión en la calle como consecuencia del anormal funcionamiento de los servicios públicos siempre que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

En un informe elaborado por la sección de responsabilidad patrimonial de la Gerencia se detalla que durante el primer mandato del socialista Juan Espadas salieron de las arcas municipales 1,5 millones de euros para abonar sentencias por caídas en la vía pública. El gasto se ha ido reduciendo en esos cuatro años. Si en 2016 fue de 513.539 euros, doce meses más tarde se quedó en 432.353 euros. La cantidad de indemnización que fue satisfecha en 2018 ascendió a 274.805 euros, mientras que el año pasado fueron 296.999 euros.

La fuerte inversión que tiene previsto realizar este año Urbanismo para la reparación de calles y alumbrado debe reducir las responsabilidades patrimoniales. La Gerencia ha incrementado en un 25% el presupuesto destinado para realizar este tipo de actuaciones menores en los distintos barrios de la ciudad. La partida para 2020 ha crecido hasta los 20 millones de euros, lo que supone un incremento de cuatro millones si lo comparamos con las cuentas de 2018 (las mismas que el año pasado al estar prorrogadas).

Entre los gastos más destacados se encuentran los destinados a la conservación del alumbrado público. Pasa de 12,5 millones a 15,2. Para la conservación y mejora de los viarios hay reservados 4,2 millones, y se mantiene el dinero para la reparación de los alcorques del arbolado (150.000 euros) y actuaciones urgentes (100.000 euros). Además, se incorpora un presupuesto de 390.000 euros para actuaciones de mejoras en materia de accesibilidad en las calles.

No todos los expedientes son estimados por los técnicos municipales. El servicio de personal y régimen interior sobre las responsabilidades patrimoniales expone en un informe sobre 2017 que el porcentaje de desestimadas en su totalidad fue de un 60%, correspondiendo a un 30% las reclamaciones parcialmente estimadas. Únicamente un 8,5% fueron las que se estimaron en su integridad. En resumen, fueron estimados 16 expedientes frente a los 41 estimados parcialmente y los 77 desestimados, cuyo importe alcanzó los 4,7 millones.

Entre las principales causas de las desestimaciones que realizan los funcionarios de la Gerencia destaca la ausencia de pruebas de que el daño se ha producido por el defectuoso estado de conservación del pavimento o el funcionamiento del servicio público competencia de Urbanismo (relación de causalidad). Además, son causas de desestimación la inobservancia del reclamante de las normas de circulación (en los daños con vehículo, la velocidad inadecuada o la falta diligente en la conducción y caminando), el transitar por zonas no aptas para circulación del peatón o no circular diligentemente. Ejemplos son la distracción con el móvil y usar un calzado inadecuado.

La evolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial entre 1990 y 2019 ha sido desigual. En plena crisis económica vivieron su apogeo. 656 fueron presentados en 2008; 636 en 2009; 741 en 2010; 666 en 2011, y 601 en 2012. Desde ese año el número no ha sobrepasado el guarismo de los 600.

Este descenso que se aprecia desde septiembre de 2016 viene motivado fundamentalmente por dos circunstancias. La primera es la depuración del contenido de los escritos de las reclamaciones que, con carácter previo a su instrucción, se viene realizando desde esa fecha. Ese análisis viene referido a la titularidad de los bienes y servicios públicos causantes del daño susceptible de indemnización, descartándose en esta fase previa los que pertenecen a empresas municipales como Emasesa o Lipasam; distintas áreas del Ayuntamiento (la de Movilidad es un ejemplo); y servicios municipales de la propia delegación de Hábitat Úrbano como el servicio de Parques y Jardines.

La segunda particularidad del descenso se debe a que su instrucción se viene realizando bajo la premisa de la exigencia de un exhaustivo y escrupuloso control del cumplimiento por parte del reclamante de la documentación requerida, así como de la representación en caso de actuar en nombre de otra persona, todo ello de conformidad con lo exigido por la normativa de procedimiento administrativo.

Avenida de la Constitución: 6.000€

Caída de un peatón por el mal estado de las losas. La Gerencia de Urbanismo abonó 6.058 euros por la caída de una mujer en la Avenida de la Constitución debido al mal estado de las losas del acerado. Los hechos se remontan al 25 de noviembre de 2012. M. E. G. L. caminaba de noche junto a su hijo por la céntrica Avenida cuando "tropezó con losas del acerado que se encontraban sueltas, rotas, hundidas y desniveladas del suelo" a la altura de la antigua Confitería Filella. El testimonio de los agentes señalaba que "en el lugar de la caída hay unos dos metros cuadrados de losas que están sueltas y en mal estado, presentando la zona escalones de unos dos centímetros que provocan el tropiezo de los viandantes".

Calle Cofia (San Bernardo): 22.568

Fractura del húmero tras tropezar con un hierro doblado. Una mujer recibirá una indemnización de 22.568 euros tras caerse cuando caminaba por la calle Cofia, en San Bernardo, al tropezar con un hierro doblado que antes fijaba un bolardo. El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, estima la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Sevilla debido a la falta de cuidado en esa calle. Ahora bien, la compensación queda reducida a la mitad de la cantidad reclamada por la afectada (45.137 euros) al entender que “la reclamante tuvo falta de atención”. Los hechos se remontan al 20 de agosto de 2012, día en que A. M. I. cayó al suelo al tropezar con un hierro doblado.

Monte Carmelo: 8.000€

Un peatón cayó al suelo tras meter el pie en un agujero del pavimento. Una mujer recibirá una indemnización de 8.000 euros tras caerse cuando caminaba por la calle Monte Carmelo debido a un boquete en la calzada. El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, estimó la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por el mal estado de la vía pública. Ahora bien, la compensación se redujo a la mitad atendiendo al deber de diligencia de la víctima, ya que pudo percatarse de esa deficiencia. Los hechos se remontan al 23 de marzo de 2009, día en que M. T. O. T. salió de su lugar de trabajo a las nueve de la noche en compañía de otras dos personas y caminaba por la acera.