La Universidad de Sevilla insiste en la "honorabilidad" de su personal

La Universidad de Sevilla insiste en el "absoluto convencimiento de la honorabilidad del personal de la institución y del buen hacer en el ámbito de los hechos investigados", al igual que expresó el 31 de marzo tras conocer la petición del Fiscal Superior de que el TSJA investigara las posibles irregularidades en la adjudicación de las obras del edificio Centrius.

La institución académica niega una vez más el presunto delito de prevaricación y se muestra satisfecha por el "pronto inicio del ordenamiento de las diligencias previas", con el fin de que se esclarezcan los hechos investigados con la mayor rapidez posible. En este sentido, reitera su "absoluta disposición para colaborar y aportar cuanto sea necesario".

Tanto la Hispalense como el Gobierno andaluz consideran la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de abrir diligencias previas contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, dentro de la "normalidad procedimental", y expresan su "máximo respeto" a las actuaciones judiciales adoptadas por el TSJA.

"Después de una denuncia de la Fiscalía, el inicio de las diligencias por parte del TSJA es un trámite y entra dentro de la normalidad", señalan fuentes del Ejecutivo autonómico, que defienden que "lo que corresponde a todos es respetar los tiempos judiciales".

Tras conocerse la petición de la Fiscalía Superior el pasado 31 de marzo, el propio Ramírez de Arellano negó la existencia de prevaricación administrativa y posibles irregularidades en los contratos firmados por la Hispalense durante su etapa como vicerrector. Además, desde la Junta recuerdan que se trata de una "disputa entre el Colegio de Arquitectos con los servicios técnicos y jurídicos de la propia Universidad".

Ésta no es la primera demanda que el Colegio de Arquitectos interpone contra la Universidad de Sevilla, pero sí la primera que investiga el TSJA, debido a la condición de aforado de Arellano. En los últimos diez años, según fuentes de la Hispalense, el colegio profesional ha presentado al menos nueve demandas. Todas ellas han sido, hasta el momento, "archivadas o ganadas" por la Universidad, y relativas a cuestiones diversas, como los planes de estudio, la contratación de técnicos, de personal docente o los nuevos proyectos arquitectónicos.

Hace varios días el rector lamentó "profundamente" que se confundan "procedimientos administrativos con actuaciones que pudieran derivar en consecuencias penales". "Resulta llamativo que el Colegio de Arquitectos de Sevilla utilice la denuncia ante la Fiscalía cuando al mismo tiempo, y por los mismos hechos, ha acudido a la vía contencioso-administrativa, donde ha mantenido y mantiene litigios en diversas materias".

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla se defienden asegurando que la presentación de la denuncia penal ante el fiscal fue consecuencia de la "reiterada negativa de la Universidad a aclarar la adjudicación del contrato de arquitectura". Según el colegio profesional, la denuncia "se interpuso después de un largo proceso, de más de seis años, en el que se intentó que se aclarase el asunto en la vía administrativa y en el que han sufrido todo tipo de obstáculos, recursos e impedimentos".