La Universidad de Sevilla denuncia que la nueva Fernando III "no cumple los requisitos" fijados en la Ley

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, aseguró este viernes que las universidades públicas han "informado negativamente" contra las dos universidades privadas nuevas aprobadas en Andalucía (la CEU Fernando III en Sevilla y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed)) porque "no cumplen los requisitos fijados en la Ley, no porque sean privadas".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Castro puntualizó que "en ningún caso la oposición a las universidades privadas es por el hecho de serlo". En este sentido, recordó que la alianza europea Ulysseus, que coordina la Hispalense, está conformada por universidades públicas y privadas. "Nos hemos posicionado en contra porque no cumplen con los requisitos", reiteró.

En el caso de Sevilla y tras la validación de la Fernando III, que irá ubicada en el campus de CEU Andalucía, la US ha aprobado además en su Consejo de Gobierno iniciar el procedimiento de desadscripción del Centro Cardenal Spínola, adscrito a la Hispalense desde la década de los 70. La desvinculación tendrá que formalizarse en un convenio. Mientras tanto, la US y CEU Andalucía mantienen un pulso sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso para el próximo curso.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 14 de febrero los proyectos de ley mediante los que se reconocen las universidades CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía, que cuentan con "todas las garantías" e informes preceptivos necesarios de carácter "positivo".

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, remarcaba entonces que "es la primera vez que se aprueban en Andalucía universidades privadas con una ley específica, propia, con total transparencia", y no, según apostilló, como ocurrió cuando se aprobó la creación de la única universidad privada hasta ahora en la comunidad autónoma, la Loyola, que se hizo en la etapa socialista al frente de la Junta mediante "una modificación de la Ley andaluza de Universidades de una forma un poco extraña".

Gómez Villamandos destacó que los proyectos "cuentan con todas las garantías", ya que, desde que sus promotores los presentaron hace tres años, "han ido evolucionando y mejorando, asumiendo las distintas consideraciones y evaluaciones" que se les han ido realizando, de forma que "los informes preceptivos necesarios" que se requieren han llegado "sin ningún tipo de objeción" y "con un carácter positivo a la creación de estas universidades", según enfatizó entonces Gómez Villamandos, que en concreto citó los informes del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Andalucía.

Los rectores de las universidades andaluzas, con la excepción de la Internacional de Andalucía (UNIA), mostraban sin embargo en un comunicado conjunto su "inquietud" ante la aprobación de ambas universidades privadas mientras las públicas siguen "necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones". Los rectores recordaban que estas dos nuevas universidades privadas recibieron el voto desfavorable de todos los rectores de las universidades públicas andaluzas en la sesión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en la que procedía emitir informe previo.

Este rechazo, explicaban, "no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios entonces en vigor y por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería".