El rector de la US y los vecinos no acuerdan una solución para los jardines

El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, ha insistido este martes, día en que termina formalmente el plazo otorgado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para consensuar con los vecinos una solución respecto a lo ya construido en los Jardines del Prado, en que la parte edificada del proyecto de la Biblioteca central es "compatible" tanto con una zona verde como con un aparcamiento.

En unas declaraciones, el rector ha confirmado que, pese a las distintas reuniones y tomas de contacto en "las que se ha conocido la postura de unos y otros", no ha sido posible llegar a un acuerdo con los vecinos en estos 15 días que ha estado suspendida la ejecución de la sentencia que obliga a la US a restituir la realidad anterior al inicio de las obras de su biblioteca en los jardines de El Prado de San Sebastián. "Ahora cada parte tendrá que aportar a la sala del TSJA su posicionamiento, pero, como es natural, lo conveniente es informar de esto al señor juez antes que a cualquier otra parte", ha añadido para justificar su hermetismo ante los medios de comunicación con este tema.

Aún así, Ramírez de Arellano ha querido resaltar que "el fondo del asunto es indiscutible" y que, por tanto, la US ejecutará la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a restaurar la zona como zona verde. Cosa distinta es, según ha matizado, que finalmente el juez, leídos los informes que cada parte le entrega con los argumentos para su defensa, "interprete" que, tal y como defiende la Hispalense para aprovechar los seis millones ya gastados en la obra, "lo construido sea compatible con una zona verde y un aparcamiento". "Puede haber opiniones distintas al respecto, pero será su señoría la que determine qué se hace", ha apostillado.

En esta línea, el rector ha considerado "muy inoportuno" y "no deseable el que, en una zona de la ciudad donde hacen falta determinadas infraestructuras, pues se pierdan simplemente por una discrepancia de esta naturaleza". "Intentaremos que por esta discrepancia no se pierda un recurso útil para la sociedad y que puede quedar como una zona verde y racional compatible con lo construido", reitera de forma insistente.

Por su parte, la representación jurídica de la comunidad de vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño, promotora del recurso que ha derivado en la sentencia del Tribunal Supremo que tumba la ubicación de la biblioteca de la Universidad de Sevilla en los Jardines del Prado de San Sebastián, ha comunicado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la pretensión vecinal de que el fallo se cumpla "en sus justos términos y sin más demora".Así lo han explicado fuentes del caso, que han añadido que debe ser ahora la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal, que ya dio una prórroga para que Universidad y vecinos de la zona alcanzaran un acuerdo consensuado sobre qué hacer con lo ya construido, la que se pronuncie sobre qué hacer al respecto.

Pedir el cumplimiento de la resolución fue el punto acordado por unanimidad por los residentes tras reunirse éstos en Junta, según indicó el presidente de la comunidad, José Cubiles, que ha señalado que los vecinos entienden que la sentencia del TSJA, confirmada por el Supremo y reiterada en los ocho recursos restantes, "constituye jurisprudencia, formando parte del ordenamiento jurídico según la ley, y debe ser respetada, acatada y cumplida por todo el mundo, más aún por la demandada, la Universidad de Sevilla, y sus rectores, que al parecer, y desgraciadamente, no están por esa labor".

La comunidad de vecinos asegura lamentar "el costo producido al erario público" por la obra ejecutada y la "demora" en "el derribo de lo ilegalmente construido y el restablecimiento de la situación anterior". Al respecto, su presidente alude a "las excusas y maniobras evasivas" y a los recursos que "previsiblemente" incoará la demandada, si bien aduce que la responsabilidad de todo ello debe recaer "exclusivamente" en los que adoptaron y consintieron los acuerdos de edificación "que han sido declarados nulos y contrarios a derecho".

Según ya confirmaron fuentes de la US, el equipo jurídico de la institución académica y los representantes de los vecinos han estado manteniendo reuniones estos días con la intención de llegar a algún acuerdo que "no desaproveche" la inversión realizada en la zona por la Hispalense, cuantificada en "unos seis millones de euros" entre el diseño del proyecto encargado a la arquitecta Zaha Hadid y la puesta en marcha de las obras.

Esta posible solución consensuada con los vecinos no podía ir en ningún caso en contra del espíritu de la sentencia del Alto Tribunal que establece que no se puede construir la biblioteca en este lugar. Hasta la fecha, una de las posibles reutilizaciones de lo edificado que se ha puesto sobre la mesa es el uso como parking subterráneo, algo que no ha contado con el visto bueno de la comunidad de vecinos, que sólo quiere que los Jardines del Prado vuelvan a su estado original como zona verde.