La UPO arremete contra la Junta por llevarla a la asfixia económica

La Universidad Pablo de Olavide considera que la Junta de Andalucía ha puesto a la institución académica en una situación económica "difícil e injusta", y que sus decisiones sobre el uso y el reparto de los remanentes no afectados ha perjudicado de forma desigual a las universidades andaluzas, siendo la UPO una de las más afectadas. Así lo asegura el rector de la Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, que advierte de la débil situación por la que atraviesa la universidad.

Estudiantes de la UPO y de la Universidad de Sevilla se manifestaron el pasado 13 de noviembre en contra de los "duros" recortes presupuestarios que sufre el sistema universitario público andaluz por parte de la Junta de Andalucía, y de la imposibilidad de las universidades andaluzas de hacer frente a los gastos básicos.

La Consejería de Economía, Conocimientos, Empresa y Universidad negaba ese mismo día dichos recortes, alegando que destinará en 2020 un total de 1.458 millones de euros a financiar las universidades públicas andaluzas, una partida que representa un incremento del 4,63% respecto al actual ejercicio 2019.

"Es cierto que el presupuesto para el sistema universitario público andaluz se ha incrementado en un 5%, pero los datos son siempre interpretables, como todo en la vida", comenta Vicente Guzmán. "No voy a negar que la Consejería ha hecho un esfuerzo, pero tenemos que ver si ese esfuerzo es suficiente en el contexto en el que estamos".

Según el rector de la UPO, esta universidad ha recibido en 2019 prácticamente el mismo dinero que en 2018 – "cuando ya sufrimos un recorte de 30 millones de euros"–, pero la distribución es distinta. "La Junta ha aumentado la financiación finalista sin nosotros pedirlo, aquella que tiene un fin en concreto y que no se puede utilizar para otra cosa. Es decir, si recibes tanto dinero para un proyecto de investigación tienes que utilizarlo para eso exclusivamente, ni siquiera para equipamientos de investigación. No tienes margen de maniobra. Pero la financiación no finalista, que sirve para pagar los gastos corrientes, como las nóminas, la luz o el mantenimiento de los edificios, ha disminuido en términos generales y la que hay se va en cubrir el acuerdo de recuperación de derechos de la plantilla que se firmó en 2018 con los sindicatos. Es decir, tenemos superávit en financiación finalista y déficit en financiación no finalista".

Para solucionar este problema, la Junta autorizó a mediados de año a las universidades andaluzas a financiarse con los llamados remanentes no afectados, es decir, el dinero ahorrado estos años por las instituciones académicas.

"No es criticable que se decida movilizar los ahorros de las universidades, pero sí cómo lo han hecho. Primero nos obligan a hacerlo, no tenemos alternativa; se comunica a mitad de año, cuando parte del presupuesto ya está ejecutado; y no existe ningún plan previo que indique cómo se van a invertir esos ahorros", comenta el rector de la UPO. "Nos obligan a utilizar nuestros ahorros para gastos estructurales, algo que en teoría no se puede hacer, ya que la contratación de profesores es un gasto que se repite año tras año. La situación fue muy extraña. Creo que fue una decisión que estuvo mal implementada por parte de la Junta".

El sistema universitario público andaluz dispone de 450 millones de euros de remanentes de libre disposición en total, según aclara Vicente Guzmán. No todas las universidades aportan lo mismo a este cómputo. Hay universidades que tienen más de 100 millones de euros ahorrados, pero hay tres en concreto, entre ellas la Universidad Pablo de Olavide, cuyos ahorros son inferiores a los 5 millones de euros.

Esta diferencia, entre otros motivos, hizo que los rectores no se pusieran de acuerdo en cómo repartir el dinero y, al final, fue la Junta de Andalucía la que tomó la decisión en octubre, cuando los presupuestos de las universidades ya estaban ejecutados en torno al 60%-70%.

"La Junta hizo el reparto y nos dijo: '¿Cuánto dinero necesita la UPO para cubrir el presupuesto? 1.850.000 euros. Pues cójanlo de sus remanentes'. Pero ojo, esa cantidad supone el 40% de mis remanentes. Me estás obligando a gastarme en un sólo año el 40% de mis ahorros, mientras que a otras universidades esta decisión sólo afectará al 4% de sus ahorros. Esto me parece intrínsecamente injusto y no me cansaré de repetirlo. Todo esto le ha generado una situación muy difícil a la UPO", advierte Guzmán.

Para el rector de la Olavide, esta decisión resulta injusta porque son las universidades pequeñas las que más esfuerzo tienen que hacer. "Éste es un escenario muy lesivo para la UPO, teniendo, además, en cuenta que venimos de una crisis y que en 2012 teníamos un déficit cercano a los 15 millones de euros. Hemos trabajado muy duro durante siete años para revertir esta situación, y ahora que hemos conseguido tener nuestro colchoncito para prevenir cualquier situación, nos quitan casi la mitad".

Entre las consecuencias que ha tenido esta media a corto plazo en la UPO destaca la supresión de la convocatoria de una treintena de plazas de ayudante doctor. "En julio, viendo la situación que se nos venía encima, decidimos no convocar las 30 plazas de ayudante doctor que teníamos presupuestadas. Sólo sacamos una plaza. Esto nos ha impedido eliminar contratos a tiempo parcial por otros a jornada completa y consolidar a la gente joven en la carrera universitaria".

A esto se suma la escasa financiación recibida por parte de la Junta en la última convocatoria de ayudas para la transferencia del conocimiento e infraestructuras (concurrencia competitiva). La UPO ha captado menos de 350.000 euros, cuando esperaba al menos un millón y medio.

Guzmán advierte de que la situación que están viviendo las universidades este año no puede volver a repetirse. "Un año más igual y nos quedamos sin ahorros".