La UE marca el punto de inflexión en la lucha contra los pozos ilegales en Doñana

La lucha contra los pozos ilegales y la extracción indiscriminada de agua del acuífero del que se nutre el Parque Nacional de Doñana entra en lo que será un proceso irreversible.

Se debe, sobre todo, a los pasos que está dando la Unión Europea, acuciando en firme a las distintas autoridades españolas para que actúen, de forma coordinada, bajo la amenaza de sanciones y tras años de advertencias que quedaron en papel mojado.

El 21 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que conmina al “cierre de todos los pozos ilegales y que se detenga de inmediato la extracción de agua existente”, con los “procedimientos pertinentes y efectivos contra los propietarios de estas infraestructuras”.

No tiene efectos jurídicos, pero refuerza la denuncia que, semanas antes, en enero, presentó también la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo, que sí puede imponer sanciones millonarias.

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha iniciado además la tramitación para declarar tres de las cinco masas de agua en las que se divide el acuífero de Doñana (La Rocina, Almonte y Marismas) sobreexplotadas o “en riesgo de no alcanzar el buen estado”.

Podría aprobarse antes de que acabe este mismo año 2019 y, según las fuentes consultadas, ello permitirá perseguir judicialmente de forma más rápida y contundente el “robo de agua”, que organizaciones como WWF España llevan años denunciado.

La Delegación del Gobierno en Andalucía también ha anunciado más medios para ese cometido, después de que en una de las fincas se llegara a amenazar a un agente fluvial de la CHG.

Según datos de la organización ecologista WWF, en el entorno del Parque Nacional de Doñana existen más de mil pozos o captaciones ilegales. Proliferaron desde los años 90, con el boom del cultivo de la fresa y los frutos rojos y su alta rentabilidad.

Algo más de la mitad, ha sido ya objeto de denuncias por el Seprona. Estas perforaciones están vinculadas a la creación de miles de hectáreas de fincas de cultivo, también sin permiso e, incluso, en zonas forestales.

El presidente de la CHG, Joaquín Páez, ha anunciado que en los próximos días se clausurarán 77 de esos pozos, tras denuncias a la Fiscalía General de Medio Ambiente. Se sitúan en el término de Lucena del Puerto que es junto a Moguer la zona en la que se concentra más el problema.

Más de 60 pozos en un kilómetro cuadrado

“En un kilómetro cuadrado forestal hay más de 60 pozos”, explica gráficamente Felipe Fuentelsaz, responsable de WWF (World Wildlife Fund) en la zona.

Es el área en la que se ha hecho el reportaje fotográfico y de vídeo que acompaña a estas páginas. Hay pozos abiertos en mitad del bosque de los que parten tuberías que hacen un recorrido de cinco o seis kilómetros, hasta las fincas a las que surten.

Estas conducciones atraviesan caminos públicos incluso y tienen instalaciones eléctricas rudimentarias que cruzan bosques. Todo sin permiso y sin control de seguridad, pese al elevado riesgo de incendios reconocido por la propia Administración. Algunas perforaciones tienen números pintados por el Seprona y la CHG, para identificarlos.

Junto a la mayor reserva ecológica de Europa

¿Y cómo se ha podido llegar a este punto, cuando se está a las puertas de un parque nacional cuya singularidad se la da, precisamente, el acuífero al que se esquilma? Doñana es además Patrimonio Mundial de la Unesco y la zona que lo rodea tiene varios parajes en la Red Natura 2000.

Fuentelsaz habla de una sensación de impunidad en quienes ejecutan estas instalaciones y que deriva de la “falta de gobernanza y desidia” por quienes debían evitarlos y sancionarlos.

Sólo en el último año, el colectivo ha detectado 29 nuevas hectáreas de cultivos irregulares, a pesar de que desde 2014 está aprobado el Plan de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, al que se remiten y que exigen que se cumpla, aunque ya ha habido intentos de revisión por algunos grupos de agricultores.

WWF recuerda además que en ninguno de los estándares o certificados de calidad para los productos agrícolas se piden garantías de un uso legal del agua, ni siquiera en los ecológicos, lo que resulta llamativo.

Pero también eso está cambiando y ha contribuido a que el proceso de cierre y la regularización de pozos no tenga marcha atrás. La CHG recuerda que hay “exigencias del propio mercado” que ahora sí está reclamando etiquetas de respeto y sostenibilidad ambiental.

2.000 hectáreas de cultivo no legalizables, según WWF

Fuentelsaz pone el acento también en la competencia desleal que este fenómeno supone para los agricultores que operan legalmente y que no se atreven a hablar.

Siempre según los datos de WWF, de las aproximadamente 11.000 hectáreas de regadío que hay en este entorno, 5.000 son legales y 4.000 podrían ser regularizadas. Pero 2.000 son “totalmente ilegalizables” y “deben eliminarse”. Del todo, insiste.

La CHG ha anunciado la declaración de sobreexplotación insistiendo en que también se intentará “maximizar la utilización de los 4,99 hectómetros cúbicos de la transferencia del Tinto-Odiel-Piedras a la cuenca del Guadalquivir para liberar la presión del acuífero en la comarca de El Condado”.

Las organizaciones agrarias llevan años pidiéndolo. El cierre de casi 400 pozos en este entorno ha estado relacionado con el agua del trasvase que ha llegado a algunas fincas. La CHG también apunta al posible recrecimiento del embalse del Agrio, para disminuir las extracciones en el entorno de los Hatos.

Un 50% menos aportación de agua que hace 30 años

Sobre el impacto socioeconómico que tendrá el cierre de pozos, si de verdad se lleva a efecto, la organización ecologista remite al beneficio que se ha obtenido ilícitamente todos estos años y defiende que sólo afecta a algunos propietarios o a parte de los terrenos que tienen en cultivo.

En cualquier caso y aún cuando se libere de esas cargas al acuífero de Doñana, pasarán décadas hasta que se recupere. Se estima que al Parque Nacional está llegando el 50% del caudal que recibía hace 30 años y ha perdido el contacto con lagunas que lo rodeaban.

Hay especies, como la cerceta pardilla, y otras ligadas a ese hábitat, que se han reducido de forma importante. La normalización podría tardar décadas e incluso se duda de si, tras la manipulación indiscriminada de estos años, la tendencia natural del agua volverá a ser la misma o verterá hacia otras zonas.