"Ningún Tribunal Constitucional del mundo hubiese salido ileso del 'procés"

Manuel Medina Guerrero (Sevilla, 1962) pertenece a la amplia y variopinta escuela de constitucionalistas sevillanos, con maestros como Javier Pérez Royo, Antonio Cruz Villalón o Antonio Porras. Actualmente es director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, cargo para el que fue elegido por el Parlamento de Andalucía sólo con los votos en contra de Podemos e Izquierda Unida. Pero antes, Medina Guerrero ha realizado una importante carrera académica y profesional que le ha llevado, entre otras cosas, a ser letrado del Tribunal Constitucional entre 1994 y 1998, y vocal de la Junta Electoral de Andalucía de 2003 a 2014. Además, colaboró con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizando informes sobre distintos asuntos jurídicos. Como docente, Manuel Medina ha enseñado Derecho Constitucional en las universidades Pablo de Olavide e Hispalense, de la que actualmente es catedrático. Hombre con fama de aguda inteligencia y de condición accesible, es autor de una interesante bibliografía jurídica, en la que destacan obras dedicadas al derecho de la información, la financiación autonómica y los fondos estructurales europeos.

-Transparencia es una palabra de moda, pero quizás se está abusando de ella. No podemos ser continuamente transparentes. No sólo en la política, sino en general.

-Precisamente acabo de leer el ensayo La sociedad de la transparencia, del filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han. En este libro se plantea que existe un exceso de transparencia. Parece que el que no se exhibe no está en la onda. La esfera de la privacidad se ha dejado a un lado. Es algo que no termino de entender, porque para mí, que he enseñado Derecho de la Información, siempre ha sido muy importante preservar la intimidad, la privacidad de los particulares... Sin embargo, ahora son los propios individuos los que renuncian a esto y se exhiben constantemente a través de las redes sociales.

-¿Hay una confusión entre lo que es transparencia y exhibicionismo?

-Sí, uno se exhibe porque a cambio, también, puede fisgonear en la vida de los demás. El mundo se ha convertido en una especie de panóptico difuso en el que todos estamos controlados por todos.

-Estamos hablando de los particulares, pero ¿y en la política y la administración?

-La transparencia también tiene sus límites. Seamos realistas, a una negociación no se pueden llevar luz y taquígrafos, no porque se hable de cosas turbias, sino porque hace falta una cierta libertad y relajación para hablar. De lo contrario, sólo conseguiremos una simulación y la verdadera negociación se realizará en un lugar donde no habrá ni luz ni traquígrafos. En la toma de decisiones siempre hace falta un mínimo de reserva, de confidencialidad. Eso lo contempla la Ley de Transparencia española. Los límites de la transparencia están bien definidos en la normativa europea: seguridad pública, intereses económicos de las empresas y las propias administraciones... Y, sobre todo, la protección de datos, que quizás es el límite más claro.

-Usted es encargado de controlar la transparencia de la Junta...

-Junta, municipios, universidades, todas las entidades instrumentales y corporaciones de derecho público... el ámbito de control es muy amplio, incluso afecta parcialmente al sector privado. Por ejemplo, las entidades que reciben ayudas públicas a partir de una cierta cantidad. En general, tenemos dos grandes líneas de trabajo: La primera es el derecho al acceso a la información de los ciudadanos. Todos tenemos derecho a exigir información a las administraciones siempre que no se rebasen los límites antes referidos; la segunda, que está empezando a ser incluso más importante que la primera, es la de la publicidad activa. La ley exige que las administraciones cuelguen en sus portales determinada información sin que nadie lo pida: relación de puestos de trabajo, contratos, subvenciones... En Andalucía tenemos la peculiaridad de que cualquier ciudadano se puede dirigir al Consejo de Transparencia para denunciar que una determinada administración no muestra este tipo de información.

-¿Y tienen ustedes la capacidad de inspeccionar si se cumple o no la normativa?

-Sí, la tenemos, pero todavía no la hemos puesto en marcha. No damos abasto. Además hay que dar tiempo, ¿qué entidad pública tiene capacidad para cumplir cien por cien las exigencias de publicidad activa; de colgar trimestralmente todos los contratos, subvenciones...? Vaya usted a un municipio pequeño, que no tiene personal ni para servicios esenciales...

-¿Y la protección de datos?

-Materialmente no tenemos aún las competencias. El modelo de éxito es aquel que concentra en un solo órgano la transparencia y la protección de datos, como ocurre en el mundo anglosajón: Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Australia... También Alemania. Es una pena que aún no tengamos las competencias en esta materia, porque acaba de entrar en vigor el reglamento europeo de protección de datos que lo cambia todo y podríamos haber ayudado mucho más a los ayuntamientos y a la propia Junta. Hay mucha tela que cortar ahí: sanidad, colegios, violencia de género...

-Pasemos a hablar de su condición de constitucionalista. Me interesa su paso por el Tribunal Constitucional, del que fue letrado.

-Llegué a propuesta de Pedro Cruz Villalón, que entonces era magistrado. Allí hacíamos un poco de todo: control de constitucionalidad de leyes, recursos de amparo... Ayudábamos con informes e, incluso, según el caso, hacíamos borradores de sentencias... Fue una época apasionante, porque el Constitucional tenía todavía mucho prestigio, con magistrados de mucho peso.

-El 'procés' ha puesto al Tribunal Constitucional en la primera línea de la lucha política, con el consiguiente desgaste de su imagen. Todo empezó con la sentencia del 'Estatut'.

-El tema de Cataluña y el procés es tan espinoso y dramático que ningún Tribunal Constitucional del mundo hubiese salido ileso. Es un problema político con una vertiente jurídica muy importante, aunque imposible de resolver exclusivamente por esta segunda vía. Es evidente que había cosas inconstitucionales en el Estatut, pero existió con anterioridad el error de eliminar la posibilidad de recurrir ante el Constitucional, previamente a su aprobación, las leyes orgánicas (los estatutos de autonomía lo son).

-¿Y por qué se quitó ese recurso previo?

-Porque se usaba por la oposición como una manera de dinamitar la acción de gobierno.

-Los soberanistas insisten en que esta ley fue aprobada en referéndum.

-Está claro que una norma puede ser inconstitucional aunque haya sido ratificada por el electorado, pero en términos políticos esto es muy difícil de digerir.

-Son muchas las voces que dicen que el 'Estatut' nunca tuvo que llegar al Constitucional, que los políticos tendrían que haber encontrado antes una solución.

-Sin duda. Es verdad que el Estatut que salió del Parlament era francamente inconstitucional y era imposible que una parte de los que lo aprobaron no lo supiesen. Sin embargo, en las Cortes se limaron muchas de estas cuestiones, y lo que quedó de inconstitucional en el texto fue prácticamente residual. Creo que el TC no debería haber entrado en la cuestión del preámbulo en la que se habla de la condición de nación de Cataluña. Eso dolió mucho allí.

-¿Y por qué no debía haber entrado el TC en esa cuestión?

-Porque un preámbulo no es norma jurídica. Era innecesario y se pudo evitar.

-Hablemos de financiación autonómica, un tema en el que usted ha trabajado. ¿Cree que las comunidades están infrafinanciadas?

-Creo que sí, porque las autonomías son las que tienen las competencias referidas al Estado del bienestar, como la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales, por lo que su nivel de gasto no para de crecer. El Estado debería dar más dinero a las autonomías para evitar esta infrafinanciación. Otro problema es cuánto se da a cada una.

-En eso va a ser más difícil el acuerdo.

-Esa fue una de las cosas que se empezó a discutir con el Estatut. La propuesta catalana era técnicamente magnífica, porque la realizó el consejero del Tripartito Toni Castells, uno de los mayores expertos en financiación autonómica del Estado español... Pero, claro, ellos hacían una apuesta por limitar el principio de solidaridad a través de diversas fórmulas.

-¿De qué manera?

-Hasta ahora el modelo de financiación se ha regido por la idea de la nivelación total. Es decir, todas las comunidades deben tener un nivel equiparable de recursos para financiar todas sus competencias. Sin embargo, los catalanes proponían la nivelación parcial de competencias. Para ellos, no debe garantizarse a todas las autonomías un nivel equiparable de recursos en todas las competencias, sino sólo en las más importantes para el Estado del Bienestar. Esa cuestión sigue estando ahí.

-No sólo es una cuestión de los catalanes contra el resto. Cada comunidad autónoma tiene un criterio propio, muchas veces incompatible con el de las demás.

-Sí, cada una defiende sus intereses. Andalucía estima que el cálculo debe ser según la población; otras quieren que se tenga en cuenta la superficie y la dispersión; Galicia, la orografía; los canarios, la insularidad... Al final no hay una fórmula mágica... Todo dependerá de la negociación política. Estamos ante un juego de suma cero y siempre habrá alguien que quede descontento.

-Bueno, las comunidades siempre tienen a su disposición competencias fiscales que les permiten recaudar más...

-Eso es un problema. Creo que hay impuestos que no deberían estar descentralizados en la decisión política de cuánto hay que pagar. Principalmente aquellos que tienden a provocar una guerra fiscal entre territorios. El caso típico es el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Si se deja que cada territorio fije libremente su cuantía se entra en una espiral en la que todos los territorios acaban perdiendo. Al final salen ganando los ricos, que dejan de pagar impuestos. En España esta guerra la inició la comunidad de Madrid. Recuerdo cómo al Tripartito catalán y a Andalucía les costó mucho mantener el impuesto, pero llega un momento en que es muy difícil... Por eso, cada vez crece más la idea de que éste sea un impuesto cedido a las autonomías, pero que sea el Estado el que marque un mínimo y un máximo de lo que se debe cobrar. El margen de maniobra de las comunidades debe estar limitado. Hay cosas en las que la descentralización no es buena.

-¿Se definiría a usted mismo como federalista?

-Sin duda alguna. Creo que es el sistema que mejor funciona, el que tiene una mayor proximidad con el ciudadano y el que permite un mayor control del poder.

-¿Y en qué se diferencia un estado federal del autonómico?

-Hay que perderle el miedo a las palabras. España es más federal que el 95% de los estados nominalmente federales que existen. En términos políticos, el Estado español está más descentralizado que el alemán.

-¿Y qué cambios haría usted en este sentido?

-Es muy importante cambiar el Senado para convertirlo en una verdadera cámara territorial, al estilo alemán, en el que los senadores no los eligen los ciudadanos, sino los gobiernos autónomos.

-Pero eso puede suponer un paso atrás en la democratización de las instituciones.

-Pero es mucho más operativo técnicamente. Como decíamos, las comunidades son las que gestionan el Estado del Bienestar, pero muchas de las decisiones que afectan a éste no las toman ellas, sino las Cortes Generales. Es muy fácil y tentador para un Gobierno central tomar decisiones de cara a la galería sobre estas cuestiones, pero las que tienen que pagar las facturas son las autonomías. Si no hay una participación directa de las comunidades en esa toma de deciones legislativas el modelo no funciona bien. Por eso, un Senado de representación territorial elegido por los gobiernos sería más operativo.

-¿Y sobre el federalismo asimétrico?

-Ya existe en España. Ahí está el concierto vasco, que es una asimetría dura, con mayúscula. Como todo, es una cuestión de proporción. El problema es hasta dónde se puede llevar la asimetría sin quebrantar el principio de igualdad, pero un cierto grado de ésta sería la única forma de solventar el problema catalán. Lo que no se puede justificar es esta asimetría para tener una financiación privilegiada. Pero es evidente que los catalanes tienen su propia lengua y que deben tener una capacidad de decisión sobre cómo se regulan las cuestiones lingüísticas en su territorio. Algún gesto hay que hacer.

-¿Es optimista con la hipotética reforma de la Constitución?

-Hasta que las aguas no vuelvan a su cauce en Cataluña, no.