Tractorada en Isla Mayor contra el dragado del río

Unos 500 tractores, convocados por la organización agraria UPA-A, han salido este martes a las calles de Isla Mayor para mostrar su rechazo al dragado del río Guadalquivir porque "supondría la desaparición del cultivo del arroz.

Según señala UPA-A, el sector arrocero se ha echado a la calle para advertir de que "todos los informes científicos reconocen por unanimidad que el dragado del río alteraría la calidad del agua y, por lo tanto, haría inviable el cultivo del arroz".

El secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, que ha estado acompañado por el secretario general de UPA-Sevilla, José Antonio Méndez, y el alcalde de Isla Mayor, Ángel García, ha explicado que el rechazo al dragado del río no es una cuestión exclusivamente de UPA o de los arroceros, sino que "lo confirman todos los informes científicos que tiene el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente encima de la mesa".

"Los estudios dicen que el dragado del río es inviable porque supondría una alteración en la salinidad del agua, lo que haría inviable el cultivo del arroz", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que de este cultivo viven municipios del Bajo Guadalquivir como Isla Mayor, Puebla del Río, Aznalcázar y Coria, que representan más de 35.000 hectáreas con una producción media de 320.000 toneladas y una actividad imprescindible para el empleo, con más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos, unido al algodón y al tomate industrial. Además, afecta al cangrejo y a actividades pesqueras que se vienen realizando durante siglos en este tramo del Guadaalquivir, ha afirmado Rodríguez.

Por ese motivo, el secretario general de UPA-A exige al ministro de Agricultura y Medio Ambiente que pare el proyecto, a pesar del acuerdo que alcancen este martes las autoridades del puerto. "La última palabra en este asunto la tiene el ministro, que es el que debe autorizar medioambientalmente un proyecto que es inviable. Hay que recordar que la autorización ambiental que existe es negativa. Por eso, y con los estudios científicos en la mano, que dicen que el dragado no es viable, entendemos que el ministro tiene la obligación legal de parar esta locura de un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza", ha añadido Rodríguez.

En cuanto a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), ha lamentado que tal y como está planteada ahora mismo supondría una reducción del 60 por ciento en las ayudas al arroz. De ahí que exija el mismo cheque que se viene recibiendo en la actualidad para mantener la que representa la primera agroindustria del Bajo Guadalquivir.

Igualmente, recuerda que la PAC debe incluir mecanismos básicos de regulación del mercado y debe apostar por una agricultura productiva y no encamine sus pasos hacia un modelo que termine sacando dinero hacia hectáreas que solo pretenden especular con las ayudas, pero sin producir.

"Se tienen que cumplir las recomendaciones científicas"

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado este martes, a raíz de la reunión del consejo de administración del Puerto de Sevilla sobre el asunto del dragado del río Guadalquivir, que la Junta entiende que las recomendaciones de la comisión científica se tienen que cumplir y ha puesto en valor ese proyecto tanto por su repercusión desde una perspectiva laboral como de la conservación del patrimonio natural de Andalucía.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez ha indicado que Puertos del Estado es el organismo que tiene que dar la aprobación o no al dragado, previa consulta con los ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Ha insistido en que esta es una competencia que corresponde a la Administración general del Estado, la competente para su ejecución y decidir si cumple o no la declaración ambiental que en su día se emitió, incluyendo las recomendaciones de la Comisión Científica para el Estudio de las Afecciones de las Obras de Dragado del Río Guadalquivir

Según Vázquez, el Gobierno andaluz entiende que esas recomendaciones se han de cumplir para que el proyecto salga adelante y tenga todo el visto bueno de los actores interesados en el dragado del puerto.

Ha indicado que, en España, la última palabra corresponde a la Administración general del Estado, pero al ser una obra que se va a financiar con fondos comunitarios, al final, puede ser necesaria la participación de la Unión Europea para validar este importante proyecto, que hay que mirar con todo tipo de "esmero", por su repercusión desde una perspectiva laboral y de la conservación del patrimonio natural de Andalucía.