Trabas a las clínicas privadas y residencias de estudiantes en la Palmera y Nervión

Cambio de criterio. El equipo de Juan Espadas ha aprobado el inicio de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tiene como objetivo revisar la determinación que otorga unas condiciones ventajosas en edificabilidad a determinadas parcelas localizadas en áreas de baja densidad edificatoria cuando el solar se destine a equipamientos de carácter privado, como residencias universitarias o clínicas sanitarias privadas. Esta propuesta que deberá ahora ser trasladada al Pleno lleva aparejada una suspensión de todas las licencias afectadas por esta normativa urbanística como medida legal cautelar asociada a la formulación. Se incluye ahora también un proceso de participación.

La Gerencia de Urbanismo quiere acabar así con las nuevas construcciones que están alterando desde hace algunos años zonas tan sensibles como en las avenidas de la Palmera y Manuel Siurot. Desde el gobierno socialista sostienen que esta medida que preveía el PGOU se adoptó con el objetivo de incentivar el desarrollo del sistema de equipamientos públicos y privados en la ciudad, en especial en el suelo urbano consolidado con ciertas determinaciones urbanísticas.

Se trataba de primar inversiones para servicios públicos y privados necesarios para los ciudadanos como residencias de mayores, clínicas, centros culturales, un centro de investigación o un colegio privado. Y de hecho esta determinación ha permitido el desarrollo de equipamientos sanitarios privados o residencias de estudiantes con una inversión superior a los 450 millones de euros desde su entrada en vigor.

No obstante, estas condiciones edificatorias ventajosas para los equipamientos han provocado edificios ajenos a los tipos edificatorios de determinadas zonas con una imagen urbana consolidada, “de ahí que hayamos decidido una ordenación a través de la modificación del PGOU”, explica el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, quien destaca que después de quince años haya sido su gobierno quien acometa esta revisión, el “mismo que aprobó por primera vez la protección del regionalismo, que ha suspendido licencias de derribo o agresivas en los bienes patrimoniales de la Exposición del 92 o que ha elaborado el primer plan director de patrimonio”.

La tramitación de esta modificación del PGOU revisará estas determinaciones que favorecían el desarrollo de equipamientos privados, y establecerá un nuevo régimen que regule la compatibilidad de usos de forma que se mantengan las condiciones particulares de cada zona de ordenanza, y por tanto la edificabilidad, favoreciendo de esta manera el mantenimiento del ambiente e imagen urbana propios de cada barrio. Mientras esto se define, con un proceso que incluye la participación ciudadana, se van a suspender temporalmente durante un año las nuevas licencias que presenten los promotores a partir de ahora que pretendieran acogerse a los artículos que se van a modificar.

El Ayuntamiento sostiene que esta modificación no tiene por objetivo limitar la compatibilidad de usos que es una herramienta flexible y conveniente. Es decir, entiende que esta modificación no supondrá que no se puedan construir equipamientos privados en estas parcelas calificadas con otros usos. Simplemente se van a establecer las condiciones edificatorias del uso original, sin ventajas adicionales dado que este incentivo previsto en el Plan General para favorecer equipamientos privados frente a usos comerciales y terciarios, obedecía a otro momento económico e histórico. Los objetivos de esa excepción se han cumplido y ahora, el gobierno promueve esta revisión, dado que los efectos en algunos casos están siendo contraproducentes para algunos entornos urbanos que deben ser protegidos.

“Ha habido efectos indeseados en algunas zonas de la ciudad y se han desarrollado edificios que distorsionaban la imagen del entorno arquitectónico”, mencionando la situación de espacios como la avenida de La Palmera, Manuel Siurot y Reina Mercedes.