Torrijos responderá ante el juez por las irregularidades en DeSevilla

Segunda causa judicial por la gestión del gobierno local PSOE-IU en la que se ve involucrado Torrijos. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha decidido citar a declarar como imputado el próximo 18 de noviembre al ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en la Fundación DeSevilla. Torrijos también está imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa en la que se investiga la adjudicación "fraudulenta e ilegal" del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla, un procedimiento por el que el concejal prestó declaración en junio de 2011.

En una providencia que tiene fecha del pasado lunes, el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha aceptado la petición de la Fiscalía y de la Fundación DeSevilla para que el concejal preste declaración en calidad de imputado.

El instructor asume en su resolución los argumentos del Ministerio Público, que acusó a Torrijos de usar presuntamente la Fundación DeSevilla para fines "particulares o partidistas".

En concreto, el magistrado señala que en este procedimiento puede "colegirse con carácter de probabilidad o verosimilitud" que la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla fue "utilizada por sus gestores, tanto ejecutivos como políticos, para servirse de la misma para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidistas". Y todo ello, continúa el juez, "desviándose de los fines para los que las subvenciones fueron concedidos".

El magistrado, siguiendo igualmente el planteamiento realizado por el Ministerio Público considera que, en este contexto, "resulta clave y esencial la persona de Antonio Rodrigo Torrijos como delegado de Relaciones Institucionales", por cuanto el concejal de IU tiene una "participación directa en la firma del convenio que sustenta el expediente 98/08 y conocimiento pormenorizado del devenir económico y circunstancias de la fundación". Dice el juez que ese conocimiento continúa hasta el "acto final de la supuesta compensación de las cantidades que no se han justificado por la Fundación y sobre las que, sin embargo, ni se ha iniciado el expediente de reintegro o investigación alguna".

El expediente 98/08 corresponde a una subvención municipal de 990.000 euros para cooperación internacional y afectó especialmente a las cuentas de la fundación, porque dicha ayuda fue autorizada en 2008 y consumada en 2009 mediante un anticipo, pero en 2011 se renunció a su totalidad. A pesar de la renuncia, no se inició el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad ya abonada (742.500 euros), algo que estaría bajo la responsabilidad de la delegación de Torrijos.

El Ministerio Público había solicitado la imputación de Torrijos al adherirse a la petición realizada por la abogada Lourdes Fouster, que ejerce la acusación particular en representación de la Fundación DeSevilla y que presentó en noviembre del año pasado la denuncia en la que se cuestionan las ayudas a proyectos de cooperación en el período 2007-2011.

En la causa están también imputados el ex gerente de la Fundación Miguel López Adán y el ex delegado de Economía y Empleo Carlos Vázquez, que en su declaración como imputado en junio pasado atribuyó al Consistorio el "desbarajuste" en la Fundación DeSevilla puesto que, según dijo, no se autorizaban ni entregaban "en plazo" las subvenciones.

Vázquez también destacó el papel que habrían desempeñado el propio Torrijos y Miguel López Adán en algunos de los expedientes que se investigan en el juzgado. El ex concejal confirmó con respecto al expediente 98/08 que se entregó el 75% del importe total de la ayuda, pero advirtió que la "tramitación y llevanza" de esta ayuda fue "algo que vinculaba" a López Adán y Antonio Rodrigo Torrijos como responsable del área de Relaciones Institucionales. Vázquez culpó al área de Torrijos de las "ampliaciones de plazos" relacionadas con el expediente y negó que se hicieran "facturas falsas" a cuenta de las facturas cuya anulación había sido solicitada.

El atestado realizado por la Guardia Civil y remitido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla concluía que la renuncia a percibir la subvención tendría que haber ido acompañada de la devolución del dinero percibido por la Fundación "antes de que se pudiera declarar concluso el procedimiento o en su defecto el preceptivo expediente de reintegro".