Torrijos defiende la legalidad del concurso público de Mercasevilla

El primer teniente de alcalde en funciones del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, defendió ayer ante la juez Alaya durante casi ocho horas la legalidad del concurso público por el que se adjudicó la venta de los suelos de Mercasevilla a la empresa Sanma, filial de la constructora malagueña Sando.

Rodrigo Torrijos se mostró sereno durante la batería de más de 45 preguntas que le realizó la instructora, que considera que la adjudicación de los suelos fue "fraudulenta e ilegal" y que ha imputado formalmente hasta cuatro delitos al concejal de IU: maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, y delito societario.

Nada más plantearle la acusación, Torrijos mostró su rechazo antes incluso de que la juez comenzara un intenso interrogatorio que se inició unos minutos antes de las once de la mañana de ayer y que finalizó pasadas las seis de la tarde.

El primer teniente de alcalde en funciones negó uno a uno todos los argumentos de la imputación y lo hizo con varias premisas que Torrijos fue reiterando a lo largo de sus respuestas. El edil de IU defendió la legalidad del concurso público porque la forma elegida para la enajenación de los terrenos estaba avalada por los informes técnicos -del secretario y del interventor municipal, y de los expertos de la empresa estatal Mercasa-, y fue aprobada en todos los órganos del Mercado Central de Abastos, desde la comisión ejecutiva, el consejo de administración y la junta general de accionistas, en la que estaban representadas todas las fuerzas políticas del gobierno local y de la oposición.

El concejal de IU llegó a decir a la juez que la intervención de los técnicos y de las otras fuerzas políticas le daba "seguridad jurídica y seguridad política" y su percepción fue que se trataba de un "procedimiento legal, justo y desde luego nada arbitrario".

La juez imputó a Torrijos haberse puesto de acuerdo para eliminar a los posibles competidores, "concertándose con ellos para que presentaran ofertas de relleno", pero el edil de IU rechazó que el concurso estuviera amañado para que lo ganara Sanma, porque para que se produjera esa supuesta adjudicación fraudulenta haría falta un acuerdo "cuasi mágico" del que tendrían que formar parte "una docena de personas y además en silencio".

Torrijos explicó que cuando se planteó la enajenación de los suelos se abrió un debate respecto a si debía hacerse mediante una venta directa o un concurso, y precisó que él siempre abogó por el concurso "como la forma más idónea" porque reunía las características de "concurrencia, legalidad, publicidad y transparencia" y era la fórmula más cercana "al interés general" que evitaba la especulación y que una oferta muy desaforada pusiera en peligro el traslado de la Unidad Alimentaria de Mercasevilla a Majarabique.

La juez le preguntó en este punto del interrogatorio si la ausencia de especulación no estaba garantizada con la obligación de que el 40% de las viviendas tuvieran que ser de protección oficial, a lo que Torrijos respondió que en aquel momento "desconocía" la situación de crisis económica de Mercasevilla porque, según dijo, "existían informes que recogían que se podía salir de la misma y de los datos económicos negativos".

Torrijos defendió ante la juez que no intervino en la elaboración del pliego de condiciones del concurso y rechazó igualmente que él fuese el responsable o el ideólogo de la inclusión en el mismo de la polémica cláusula que penalizaba aquellas ofertas que superaran en un 10% la media de las ofertas presentadas para la adjudicación de los suelos.

El ex vicepresidente del mercado central de abastos insistió en que el pliego de condiciones se elaboró por personas "de más alta cualificación" que él y añadió que votó a favor del mismo porque "personas que interpretaba que tenían más preparación votaron a favor de la aprobación" y dijo que solicitó la "aquiescencia de los técnicos antes de la votación".

Torrijos también rechazó que él fuese "la persona determinante" en Mercasevilla y negó igualmente que el ex director general y principal imputado, Fernando Mellet siguiera las directrices marcadas por Torrijos o diseñadas por ambos.

El primer teniente de alcalde en funciones consideró "imposible e increíble" que tan sólo 15 ó 30 minutos después de que se abrieran las plicas con las ofertas presentadas al concurso de los terrenos ya alguno de los asistentes manifestara que se iba a adjudicar a la filial de la constructora malagueña Sando.

El concejal de IU sólo respondió a las declaraciones de la juez, del delegado de la Fiscalía Anticorrupción y de su abogada defensora, pero se negó a responder al resto de los veinte abogados de las acusaciones y de las otras defensas, que hicieron constar sus preguntas en el acta de la declaración.