Torrijos se acoge a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil por la operación Enredadera

Sevilla/El ex primer teniente de alcalde y ex concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar cuando ha sido citado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Enredadera, relacionada con el pago de mordidas por parte de la empresa Fitonovo. Aunque en un principio fuentes de la investigación aseguraron a este periódico que la juez Mercedes Alaya también había imputado al ex gerente de Urbanismo Manuel Marchena, éste no figura en la lista de las personas que han sido llamadas a declarar, según han confirmado fuentes judiciales.

Ante los agentes de la UCO ha comparecido hoy para declarar el actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, quien sí ha respondido a las preguntas de los agentes. En la lista de nuevos imputados también figura el ex concejal de Vía Pública y ex presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad, Manuel Gómez Lobo (PSOE), quien ha comparecido hoy ante los agentes pero, al igual que Torrijos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil.

Las mismas fuentes explicaron que la investigación de la juez Alaya, que aún se mantiene bajo secreto de sumario, también podría arrastrar a otros tantos ex ediles que han formado parte de alguno de los gobiernos de Alfredo Sánchez Monteseirín. De momento, la instructora ya ha citado a declarar a Antonio Rodrigo Torrijos y al ex edil Gómez Lobo para el próximo lunes en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La Guardia Civil cerró la operación Enredadera -tercera fase de la operación Madeja, en la que también está imputado el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño- con la detención de 32 personas, de las cuales tres permanecen en prisión provisional: dos directivos de Adif en Sevilla y Córdoba, Antonio Rodríguez Jurado y Enrique José Finch Ramos, y el directo comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras. Según la instructora, la red de sobornos se había establecido como una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo".

Aunque la fase más llamativa de la operación se cerró con la puesta a disposición de diez de los 32 detenidos, la Unidad Central Operativa (UCO) y la propia juez Alaya han continuado tomando declaración en los últimos días a otros tantos imputados que no fueron arrestados. Las pesquisas policiales y de la instructora apuntan ahora a las posibles conexiones políticas de la trama corrupta, en la que se enmarcan las imputaciones de Torrijos y Gómez Lobo, entre otros.

La juez puso en libertad la semana pasada al representante de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Miguel Ruiz Carmona, que habría recibido supuestamente mordidas por importe de 155.000 euros, de los cuales 70.000 euros le fueron entregados en una caja de zapatos poco antes de las elecciones municipales de 2011. Este representante de IU fue también técnico del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad que por entonces dirigía Antonio Rodrigo Torrijos.

Esta imputación supone el tercer frente judicial que se abre contra Torrijos, que está imputado por las irregularidades en la Fundación DeSevilla y a quien la Fiscalía acaba de solicitar una condena de dos años de cárcel en relación con la venta "fraudulenta" de los suelos de Mercasevilla.

En el marco de la operación Madeja, la Guardia Civil confirmó que Fitonovo entregó 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño un dinero que, según el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, era para el PSOE.

Las investigaciones también llevaron a los agentes a confirmar que esta empresa adjudicataria habitual de las obras de Parques y Jardines sufragó una reforma de la sede de la agrupación local del PSOE de la Macarena, de la que fue secretario general otro de los imputados, el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo.

El dueño de Fitonovo declaró que el ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño le pidió que hiciera "la factura a nombre de otra empresa", porque esta agrupación había tenido "problemas anteriores con la facturación", en alusión al escándalo de las facturas falsas que terminó con una condena hace unos años.