El TSJA reduce a 2,6 millones el pago a Sacyr por incumplimientos del contrato

El Ayuntamiento de Sevilla se ha librado por los pelos de pagar a Sacyr, la concesionaria de las setas de la Encarnación, una indemnización de 36,5 millones de euros por incumplimientos en el contrato y tampoco tendrá que asumir para siempre la explotación del edificio. El recurso de apelación del Consistorio sevillano contra la sentencia de abril ha prosperado y lo ha hecho gracias a una intensa negociación entre las partes que no se había dado hasta ahora.

En un fallo fechado el 6 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reducido la condena final a 2,59 millones de euros y considera que no hay "incumplimientos esenciales" para resolver el contrato, por lo que Sacyr seguirá explotando el complejo durante 40 años. Al pago final hay que sumar los intereses legales generados desde 2013 hasta 2015.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. La sala acusa al Ayuntamiento de Sevilla durante el mandato de Juan Ignacio Zoido de "pasividad inexplicable" puesto que el cálculo de la millonaria indemnización inicial que fijó la primera sentencia se basó en la prueba pericial y los documentos aportados por Sacyr sin que esos datos fueran "ni siquiera discutidos por la administración", señala la sala en su resolución. Esa misma advertencia sobre la pasividad municipal también fue destacada por el juzgado de lo contencioso número 5 que dictó la primera sentencia, como adelantó este periódico el pasado 23 de abril al ahondar sobre el contenido del fallo.

El Alto Tribunal andaluz censura la "relevancia económica" de algunos incumplimientos del Ayuntamiento respecto al contrato con Sacyr, pero rechaza que puedan ser causa de resolución del contrato o que haya habido "imposibilidad de explotación de la concesión", como estimaba la empresa.

Según la condena firme, el desglose de la indemnización de 2.594.862 euros a la constructora Sacyr resulta de sumar los incumplimientos de contrato del Ayuntamiento hasta 31 de mayo de 2013. Éstos son por el retraso en el pago de la certificación número 34 (597.823 euros), por el acceso gratuito de los sevillanos al mirador de las setas (525.439 euros), por menores gastos repercutidos a los comerciantes del mercado de abastos (68.306 euros) y por retrasos y alquileres no cobrados desde el inicio de la explotación (1.403.382 euros).

Los intereses legales generados por estos incumplimientos no están incluidos en la sentencia, pero el Ayuntamiento aclaró ayer que según el criterio del Banco de España supone sumar un 4% o 5% más a la cifra final cada año, desde 2013 hasta 2015.

El Alto Tribunal descarta los motivos que aduce la constructora para resolver el contrato por considerar que no hay incumplimientos esenciales. Sobre la falta de entrega del edificio de la Plaza de la Encarnación 24 considera que hubo un retraso en la entrega inferior a tres años que tiene "menor relevancia" al ser la concesión por 40 años y censura la "pasividad" del Ayuntamiento en pagar las indemnizaciones fijadas.

Sobre la falta de explotación del mirador por el acceso gratuito de los sevillanos, el TSJA recuerda que la decisión partió del alcalde el 13 de mayo de 2011 y la aceptó la empresa y que Sacyr contaba con más espacios para explotar. Sí admite que tiene derecho a recibir compensación por esos menores ingresos.

Sobre la demora de más de 10 meses en el pago de la certificación falla que se paguen los intereses. Sobre la menor repercusión de los gastos a los comerciantes de la plaza de abastos dice que ese cambio lo decidió el alcalde el 28 de marzo de 2011 e igualmente lo acató la empresa, por lo que sólo cabe pagar las cantidades pendientes. Respecto a las dos modificaciones de la obra que han ocasionado más gastos de explotación, acepta que se restablezca el equilibrio económico financiero del contrato.

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, responsable de asuntos urbanísticos, celebró este jueves esta victoria judicial. "Afortunadamente, los servicios jurídicos han corregido la inexplicable actitud del gobierno de Zoido durante los cuatro años cuando ante una demanda de cantidades no pagadas mantuvo un silencio inexplicable que acabó en una denuncia que puso en peligro los intereses municipales", criticó. Muñoz elogió que estos servicios jurídicos municipales hayan resuelto "un difícil proceso frente a la desidia política del gobierno de Zoido, que ha puesto en riesgo de forma temeraria los intereses del Ayuntamiento".

El edil destacó la referencia de la sentencia a que en el mandato pasado exisitó "una censurable pasividad en el abono de las cantidades y en la búsqueda de una solución". Y concluyó que es el momento de "de recuperar el diálogo y de abandonar la estrategia absurda de confrontación constante y poner en valor el proyecto Metropol Parasol y aprovechar todas sus potencialidades".