El TSJA abre causa contra el consejero de Economía por la adjudicación de una obra en la Hispalense

Una decisión previsible en este momento de la investigación. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Ceuta y Melilla ha incoado diligencias previas tras la denuncia presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, en relación con la adjudicación de un proyecto de construcción cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

En el auto, que tiene fecha del 12 de abril, la Sala se declara competente para investigar la denuncia dirigida contra Antonio Ramírez de Arellano y argumenta que los informes de la Policía Judicial emitidos tanto en el seno de las diligencias de Investigación Penal de la Fiscalía de Sevilla como en las de la Fiscalía Superior de Andalucía, así como la documentación recabada, “conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de Arquitectura en detrimento de otros, lo que, de comprobarse cierto, podría resultar imputable a Antonio Ramírez de Arellano López, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones”.

El estudio de arquitectura del que forma parte José María Ramírez Ramón fue adjudicatario, “por vía directa o indirecta del proyecto básico (por 69.484 euros), de un denominado estudio preliminar de instalaciones (por la misma cantidad), del proyecto de ejecución (por al menos 500.000 euros más IVA) y de la dirección de obra (por 108.170 euros), lo que hace un total de al menos 747.138 euros sin que arquitectos ajenos a dicho estudio hubieran tenido posibilidad alguna de concurrir a dichas adjudicaciones, y sin que, por otra parte, pueda descartarse que tales adjudicaciones hubiesen sido decididas de antemano como un conjunto”.

Los hechos, prosigue el TSJA, en caso de ser confirmados, “podrían tener relevancia penal, por lo que han de ser investigados”, y añade que en cuanto a la autoría, “el hecho de que todas las resoluciones hayan sido dictadas por Ramírez de Arellano López por tener competencia para ello, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras, conduce a dirigir contra él la investigación, sin perjuicio de lo que de su desarrollo pudiera derivar”.

La Sala también recuerda que la decisión de incoar unas diligencias previas está en función de una primera valoración de lo expuesto en la denuncia o querella y de su verosimilitud. En este sentido, se señala que la "verosimilitud" comporta un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad y que por tanto deja intacta la presunción de inocencia, “pues únicamente determina que el órgano judicial deba realizar diligencias de investigación que conduzcan a valorar si, por ser probable, la conducta descrita deberá ser enjuiciada”.

La resolución del Alto Tribunal andaluz, que designa como instructor al magistrado Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón, señala sobre la verosimilitud de la denuncia que “no puede descartarse que la adjudicación del proyecto básico o estudio preliminar del edificio fuera el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad, formalmente correcto en función de la cuantía del contrato, pero acaso inexistente, por cuanto el examen de la tres propuestas presentadas permite sospechar que las dos no elegidas lo fueron sólo para dotar de contenido al expediente, y que incluso una de ellas pudiera ser falseada, al haber manifestado una de las proponentes que no presentó ninguna oferta, y que la firma que aparece, aunque se parece a la suya, no es su firma”.

De la misma forma, el TSJA advierte de que “no puede descartarse” que el estudio seleccionado hubiese comenzado a confeccionar el proyecto básico “antes de resultar adjudicatario”, porque consta que el 31 de julio de 2008, dos días después de la adjudicación provisional y 18 días antes de la adjudicación definitiva, el proyecto había sido presentado para su visado en el Colegio de Arquitectos de Sevilla.

Tampoco puede descartarse que la adjudicación al mismo estudio del estudio preliminar de instalaciones fuese igualmente el resultado de una “designación discrecional revestida de una aparente procedimiento negociado sin publicidad”, y de la misma forma considera que tampoco puede rechazarse que el estudio hubiera comenzado la confección del proyecto de ejecución antes de la firma de los contratos de la Universidad con la empresa FCC –adjudicataria de las obras- y de ésta con el estudio de arquitectura, por cuanto el mismo día de la firma de ambos (el 15 de septiembre de 2009) se presenta un escrito en la Gerencia de Urbanismo manifestando que “se encuentran redactando el proyecto de ejecución de la primera fase de construcción del edificio” y han detectado una discrepancia sobre el emplazamiento de la parcela y la realidad física.

La Fiscalía Superior de Andalucía había solicitado al TSJA que abriera una causa contra el consejero de Economía y Conocimiento, al haber apreciado “indicios” de delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

Los hechos fueron denunciados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla en marzo del pasado año ante la Fiscalía de Sevilla que, al ser nombrado consejero de Economía y dada su condición de aforado, decidió remitir la investigación al fiscal superior andaluz, Jesús García Calderón.

La investigación debe esclarecer los hechos denunciados por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que considera que el consejero adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).

Ramírez de Arellano, que antes de ser consejero era rector de la Universidad de Sevilla, fue denunciado cuando, en septiembre de 2008, la Hispalense firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius.

La obra consistía en la construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y estaba subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de los fondos europeos.

Los denunciantes afirman que la licencia de obras para el edificio se concedió según un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato. El Colegio de Arquitectos sostiene que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación.