Susana Díaz retira las competencias a Fomento (IU) a causa de la Corrala

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, retirará este jueves las competencias de la adjudicación de viviendas públicas a la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés. Además, de este decreto, que lo realiza en virtud de sus poderes como presidenta, comenzará una investigación para saber si el reparto de llaves de pisos a los okupas desalojados de la Corrala Utopía es ilegal al incumplirse el principio de igualdad. El Gobierno de coalición entre PSOE e IU entra, así, en una grave crisis, ya que Cortés se negó a obedecer las repetidas indicaciones que la presidenta realizó durante todo el día. Un portavoz de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, aseguró anoche que los socios de IU eran conscientes de la gravedad de desobedecer esta orden y sabían de sus consecuencias. Presidencia entiende que al dar unos pisos a estos vecinos, que ocuparon ilegalmente un edificio propiedad de Ibercaja hace dos años, se puede incumplir un principio de legalidad, ya que hay miles de vecinos en Sevilla que son demandantes de vivienda y reúnen mejor baremación para ello. Fomento, por el contrario, alega que el artículo 20 de la ley antidesahucios le permite entregar pisos de modo transitorio siempre que se den circunstancias excepcionales y haya riesgo de exclusión social.

En Sevilla, hay 12.351 personas demandantes de vivienda pública apuntados en una lista y esperando un piso. Sólo dos familias de la Corrala constan en el baremo social que recoge el Consistorio sobre personas con más necesidades, pero no en los primeros puestos, ni siquiera en el primer centenar. Por eso, el PSOE sostiene que repartir estos pisos puede constituir una prevaricación.

La Corrala Utopía es un edificio de Ibercaja que fue ocupado hace dos años. Cuando la Policía Nacional, por una orden judicial, desalojó el domingo pasado estas casas, sólo estaban allí nueve familias de las 22 que estaban instaladas. Los desalojados se habían asentado en la Plaza Nueva, enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, y allí recibieron las diez llaves que Fomento les ha dado. Serán éstos quiénes decidan ahora cómo se reparten. Ajenas al choque político, las familias no dejaron de abrazarse al oír que tendrían una vivienda, y después vinieron las llaves. Varias familias visitaron por la tarde las casas que le ofrecía la Consejería de Vivienda. Los pisos que ofrece la Consejería son diez viviendas públicas de la agencia de vivienda y rehabilitación (AVRA) y otras 12 de alquiler del mercado privado, con gastos abonados por la administración. La solución es sólo de aquí hasta octubre, cuando la Consejería ha prometido alojarlos a todos en sus pisos públicos de San Bernardo.

El portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro, rechazó que lo sucedido pueda provocar una crisis de gobierno, y confió en que cuando esté vigente la ley antidesahucios, recurrida por el Gobierno, cambie "radicalmente la situación". Sin embargo, ésa es hoy una posibilidad abierta después del decreto que este miércoles acordó Susana Díaz. Presidencia recalcó que el Gobierno andaluz no va a alterar el orden de adjudicación de las viviendas públicas" y agregó que sólo realojaría los casos de exclusión social con atención a los menores a través de los servicios sociales. El viceconsejero de Fomento y Vivienda, Juan Manuel García Cebrián, tenía previsto entregar las llaves por la mañana, pero tuvo que anular su comparecencia ante la prensa y alegar "cuestiones personales", aunque en realidad lo que hizo fue hacer caso a las órdenes que se dieron desde Presidencia. Ya por la tarde, Elena Cortés siguió adelante con sus planes.

En los pasillos del Parlamento, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, dejó claro que la Junta "va a hacer valer" el reglamento que "regula a la perfección" el procedimiento para la adjudicación de viviendas sociales y que ha puesto el "contador a cero" en la búsqueda de una solución para estos vecinos. Es "el momento de rectificar, de dar marcha atrás y de iniciar el camino correcto que dé una solución" a esta situación, dijo el portavoz del Gobierno autonómico. "Existe un procedimiento reglado, hay centenares de familias con el mismo riesgo que estas personas", y "tenemos que trabajar entre todos, con la ley por delante, para encontrar una solución razonable", añadió.

Para el portavoz, "la fórmula de IU no es la adecuada, una vez consultados los servicios jurídicos, y no se puede seguir por el camino que se ha abierto esta mañana", en referencia al realojo inminente anunciado por la Consejería. El portavoz recalcó que la Junta no va a modificar "el orden legítimo de la lista de adjudicación de viviendas sociales".