Sueldos y alcaldes: la ley Montoro no zanja la polémica

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que fijó un tope en los sueldos para los concejales de los ayuntamientos según la población, no ha logrado zanjar la polémica sobre la que es una de las primeras decisiones que debe tomar un pleno tras las elecciones municipales: las retribuciones a los políticos. En Sevilla, todos los municipios cumplen la norma que impulsó Cristóbal Montoro, la mayoría incluso queda lejos de los máximos establecidos y pocos, con ajustes en marcha y el presupuesto aprobado ya, se han atrevido a subir sueldos. Pero el debate persiste, sobre todo, por las notables diferencias que hay entre poblaciones similares, tanto en las nóminas como en número total de políticos liberados. Y hay varios casos (Castilleja de la Cuesta, Constantina, Villaverde o Santiponce) en los que el gobierno en minoría no logra sacar sus propuestas, pese a que el Ayuntamiento suele ser la primera empresa local y es lógico que al menos un cargo electo la atienda.

De la amplia recopilación de datos hecha por este diario -otros sueldos no se han publicado en el BOP o desde algunos ayuntamientos no se han facilitado, a pesar de que en breve tendrán que estar, también por ley, en los portales de transparencia- llama la atención que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, no sea el que tenga la asignación más alta: 59.931 euros brutos al año, según se ha aprobado, frente al tope legal de 100.000 (el sueldo base de un secretario de Estado) para una población del tamaño de la capital. Es el de Dos Hermanas, Francisco Toscano, con 61.000 euros brutos al año, el que más cobra de su Ayuntamiento, también dentro de su horquilla de población, con 75.000 euros de tope, y en un Consistorio saneado.

Las diferencias son muy notables en el resto de franjas. En los ayuntamientos de 20.000 a 50.000 vecinos, son los alcaldes de Carmona y La Rinconada los mejor pagados y que siguen a Espadas en el ranking, con sueldos de 52.500 y 50.470 euros, respectivamente, ya aprobados. El máximo fijado en la ley Montoro son 55.000 euros en este caso. Y, pese que ha sido el alcalde de Coria uno de los criticados por subirse el sueldo -cobrará casi 38.000 euros al año, algo más que cuando gobernaba en minoría-, no está entre los que más percibe.

En lo que respecta a los alcaldes de otras poblaciones importantes, como Alcalá de Guadaíra y Tomares, sus regidores cobran como senadores, y el alcalde de Utrera, que también supera los 50.000 vecinos, tampoco se ha liberado de momento a costa del Consistorio. Los pueblos que tienen entre 10.000 y 20.000 vecinos, tiene un sueldo tope para un concejal electo de 50.000 euros. Es la franja de población de Espartinas, donde el alcalde ha recibido duras críticas por asignarse 45.000 euros y liberar, además, a otros miembros de su equipo. Pero varios alcaldes superan esa cantidad, como Marchena, donde la alcaldesa -que, eso sí, es la única del gobierno con nómina municipal- percibe 49.530. Manteniendo el sueldo del anterior alcalde, se queda en el límite el de Estepa (49.990 euros brutos) y donde un equipo tripartito funcionará además con otro liberado a tiempo completo y cuatro tiempo parcial. En La Puebla de Cazalla, la asignación del primer edil llega a 46.700 euros.

En municipios de 5.000 a 10.000 vecinos las retribuciones más altas aprobadas son las de los alcaldes de Gelves (43.000 euros) y Gerena (39.000), aunque también se ajustan a la reforma, 45.000 euros como máximo. No obstante, en el caso del primer municipio, la alcaldesa Isabel Herrera, cobrará finalmente como asesora en la Diputación. En lo que respecta a los municipios de entre mil y cinco mil vecinos, Villamanrique, con 39.900 euros brutos al año para el alcalde, es el que está más cerca del tope legal de 40.000. El de Pruna, en la Sierra Sur, percibe 36.000 euros. Aunque tanto en esta franja, como en otras, hay decenas de regidores que están contratados o que cobran como representantes de sus respectivos partidos en la Diputación y otras empresas vinculadas, lo que, en última instancia, permite que otra persona se libere a costa del presupuesto municipal en su pueblo.

En Sevilla, hay cinco municipios que no llegan a mil vecinos, con un tope legal de 30.000 euros por una liberación sólo al 75% de la jornada laboral para sus concejales: en Castilleja del Campo no hay ninguno liberado; en El Madroño, el alcalde se ajusta ese tope máximo que fija la ley y hay un segundo liberado al 25%. El Garrobo y Lora de Estepa están en torno a los 25.000 euros brutos al año.

Las diferencias en los sueldos se repiten con el número de políticos liberados. En este caso, la ley sólo fija máximos para ediles con dedicación completa: 22 en Sevilla, 15 para Dos Hermanas, Alcalá o Utrera, con más de 50.000 vecinos; once para los que superan los 35.000 habitantes; diez para los que están entre 20.000 y 35.000; siete, para entre los que van de 15.000 a 20.000; cinco, si es entre 10.000 y 15.000 y tres para los que están en la horquilla de 3.000 a los 10.000 vecinos. La división no coincide con la de los sueldos y la ley nada dice sobre los liberados a tiempo parcial, con los que se ha jugado en algunos casos. Políticos con dedicación completa no pueden percibir otras retribuciones por asistencia a plenos y comisiones.