Cuatro iniciativas en Sevilla a las que el medio ambiente echó el freno

La tala del ficus de San Jacinto ha llenado de titulares los medios de comunicación esta semana. Unos trabajos que se han paralizado tras el auto de un juez que ha tomado, de este modo, medidas cautelares ante el recurso contra el apeo presentado por un colectivo que vela por el patrimonio natural de la ciudad. Esta labor contaba con la licencia otorgada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, una ciudad que en los últimos años ha sufrido el revés en varios proyectos de suma importancia por su afección al medio ambiente y que también en su día saltaron a la palestra informativa.

Una de las iniciativas con más amplia trayectoria en este sentido son los suelos de Tablada y el viejo anhelo del Ayuntamiento hispalense por convertir buena parte de estos terrenos en un parque periurbano. Un gran pulmón verde en una zona que abarca en gran medida el arco oeste de la ciudad. Su polémico desarrollo se remonta a finales del siglo pasado.

Fue en 1997 cuando el Ministerio de Defensa subastó las 360 hectáreas que eran de su propiedad y que pasaron a manos del Consorcio Tablada S. A., formado por una agrupación de cajas de ahorros. Cuatro años después, dicha superficie se vendió a un conjunto de promotoras bajo la denominación de Tablada Híspalis. La operación se elevó a 82 millones de euros, 46 más del dinero aportado por las entidades financieras en su día para hacerse con estos terrenos en la frontera con la ciudad.

Tablada, el sueño de un parque periurbano

El futuro de Tablada se complicó en 2016, cuando una sentencia del Tribunal Supremo estableció que la franja de suelo junto al Guadalquivir (unos 200 metros de ancho paralelos al río con una longitud de 3,8 kilómetros, lo que supone una afección de 78 hectáreas), no podían subastarse ni venderse, en tanto que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre.

El fallo del Supremo fue fruto del pleito presentado por Jesús López, capitán jubilado del Ejército del Aire del Cuerpo de Ingenieros, promotor inmobiliario y asesor que empleó dos décadas en intentar que se cumpliera la Ley de Costas en la venta de estos suelos por parte del Ministerio de Defensa y que, por tanto, volvieran al dominio público.

El entramado judicial sobre Tablada se enrevesó aún más cuando los dueños de la dehesa (el grupo de promotoras) recurrieron a la Audiencia Nacional para que Defensa les indemnizara por el dinero de más -esos 46 millones de euros- que habían pagado por unos terrenos de los que una importante parte debían ser devueltos. También reclamaban los intereses generados desde la compra de los suelos en 2001 (lo que suponía elevar la cifra en 40 millones más) y en los que no habían podido ejecutar sus objetivos comerciales.

Una vía judicial cerrada

La Audiencia Nacional volvió a ser protagonista el 29 de septiembre de 2021, cuando Jesús López presentó una demanda para que se ejecutara la sentencia del Supremo, que declaraba el margen del río de dominio público. Se trataba de la vía más fácil y económica para la devolución de estos suelos. Sin embargo, dicho intento cayó en saco roto. A finales del pasado noviembre, el capitán retirado anunciaba que desistía de su empeño después de no obtener respuesta oficial del Ayuntamiento sevillano a su propuesta para que se personara en la demanda para la recuperación de esa franja de dehesa. López aseguraba en un escrito a la Audiencia que se había producido "un cambio de estrategia municipal", por lo que la administración local planteaba la expropiación de los terrenos, una opción que el propio alcalde Antonio Muñoz -entonces aún delegado de Hábitat Urbano- descartaba por lo cuantioso de la operación.

Lo que sí es cierto es que el Ayuntamiento ha cambiado de postura al respecto. De considerar que la Junta de Andalucía debía liderar este proceso -al defender que Tablada está considerada como parque periurbano en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus)- a mover todas las fichas posibles en este complejo asunto dentro de las competencias municipales. De ahí que, junto a la plataforma civil Mesa por Tablada Ciudadana, busque desde hace unos meses una vía legal para convertir esta dehesa en un auténtico pulmón verde de la ciudad, para lo que el primer paso consiste en la redacción de un estudio estudio técnico que analice las posibilidades urbanísticas y jurídicas de estos suelos, para lo que requiere de la colaboración del Gobierno andaluz y de las promotoras propietarias. Un cambio de postura que resulta del acuerdo presupuestario con Podemos Sevilla e Izquierda Unida para sacar adelante las cuentas municipales de 2022. El futuro de Tablada aún está en el aire.

La renuncia a la SE-35

Peor suerte corrió la SE-35, la ronda de circunvalación destinada a conectar la A-66 con la A-92, que quedó varada en el mandato de Juan Ignacio Zoido, a mediados de la década pasada. El gobierno local de entonces renunció a su construcción en 2015 (a poco más de un mes de que Juan Espadas llegara a la Alcaldía) después de la denuncia de la Comisión Europea por la grave afección de su trazado al Parque Tamarguillo, una zona verde de la que se beneficia, principalmente, la barriada de Alcosa y que se había habilitado con fondos comunitarios Feder.

La SE-35 se había convertido en uno de los proyectos estrella del regidor hispalense desde que llegó, con holgada mayoría absoluta, al gobierno de la ciudad. No en vano, su construcción era un factor de gran importancia para que Ikea abriera un nuevo centro en los suelos de San Nicolás Oeste, proyecto anunciado a principios de su mandato. Cuatro años después se ponía fin a la nueva vía, contemplada desde 2006 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado durante los años como alcalde del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

Mucho tuvo que ver en que no comenzara la ejecución de esta infraestructura la plataforma vecinal en defensa del Parque del Tamarguillo, que ya en 2009 movió ficha ante las autoridades europeas debido a la amenaza que suponía que la SE-35 dividiera en dos este pulmón verde, para el que se habían destinado 12 millones de euros de fondos Feder. La Comisión Europea comunicó ese mismo año a la Gerencia de Urbanismo que dicha vía infringía la directiva de impacto ambiental de la UE. Una advertencia a la que sucedió a finales de 2013 la apertura de un procedimiento formal. En marzo de 2014 llegó la ratificación de la infracción al considerar que requería de una declaración de impacto ambiental específica y que no resultaba suficiente con la genérica recogida por el PGOU.

Además, el proyecto de la SE-35 se había quedado sin fondos para su ejecución. Se trataba del dinero que adelantaron los promotores de los suelos beneficiados por esta infraestructura y que, según denunció el colectivo, Monteseirín destinó a la construcción de las setas de la Encarnación. El Colegio de Ingenieros de Caminos de Sevilla había calculado en 220 millones de euros el coste de esta iniciativa de la que poco más se supo.

El dragado, dos veces sentenciado

Otro de los grandes proyectos de ciudad con pocos visos de hacerse realidad por su afección al Medio Ambiente es del dragado del Guadalquivir, tumbado dos veces por el Tribunal Supremo. El segundo varapalo judicial llegó en julio de 2019, cuando el Alto Tribunal anuló la profundización del lecho del río al estimar que dicha medida requería de una justificación de mayor grado de intensidad que la realizada por el Gobierno central, al afectar a un espacio protegido como es el Parque de Doñana. Cuatro años antes el Supremo ya había anulado el dragado del canal del Puerto de Sevilla por los riesgos para esta reserva natural y porque dicha actuación no aparecía justificada ni explicada en el citado plan.

El segundo fallo judicial respondía al recurso presentado por WWF-Adena, entidad ecologista, que alertó de que el dragado anteponía ciertos intereses a los objetivos medioambientales que deben velar por Doñana. Unos intereses, por otro lado, cruciales para el Puerto de Sevilla, ya que la profundización del lecho del río permitiría dar cabida a buques de mayor calado en la travesía desde Sanlúcar de Barrameda hasta la capital andaluza. Un déficit histórico que padece la ciudad hispalense y que fue responsable, en parte, de que el negocio con las Indias se acabara mudando, en el siglo XVIII, a Cádiz.

Un ficus que llega a los tribunales

Aunque sin tener la trascendencia de los casos citados, cierto es que lo ocurrido esta semana con el ficus de San Jacinto también evidencia el fracaso de algunas iniciativas llevadas a cabo en Sevilla en asuntos que conciernen al Medio Ambiente. Con más de un siglo de vida, este ejemplar en el atrio de la parroquia trianera ha aportado abundante sombra en el antiguo arrabal y nadie dudaba de su importante valor ambiental hasta que en 2010 se produjo el primer incidente con una rama que, por suerte, no provocó heridos. No ocurrió igual en marzo de 2021, cuando otra caída de ramas hirió de gravedad a una cuponera.

Fue entonces cuando la comunidad parroquial de San Jacinto y el Ayuntamiento empezaron a tomar cartas en el asunto. Se han recopilado varios informes y el pasado 31 de mayo la junta municipal del Distrito Triana daba el visto bueno a su apeo, que cuenta con licencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Un permiso ahora paralizado por un auto judicial que otorga las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Multisectorial de la Jardinería de Andalucía (AMJA), que llevaba meses exigiendo que antes de talar el ficus se tuvieran en cuenta la opinión de expertos "independientes" en árboles. La paralización de los trabajos -costeados por la orden de dominicos que regenta el templo- ha llegado cuando el ejemplar se ha reducido al tronco y las raíces. Los activistas confían en que pueda sobrevivir, si finalmente no se permite su apeo.