Sevilla descarta moratorias y da el primer paso para regular los pisos turísticos

El gobierno municipal dará el primer paso antes de que acabe el año para regular la implantación de los pisos turísticos en Sevilla, uno de los debates pendientes en la capital dado el crecimiento registrado por este tipo de alojamientos y sus consecuencias. Según ha confirmado esta semana el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, la intención es elevar una propuesta al Pleno municipal en el mes de noviembre, o diciembre a mucho tardar, a la que se le está dando forma una vez que se ha analizado jurídicamente el tema y se ha consensuado un planteamiento municipal.

Como han hecho ya otras ciudades, hace más de dos años que el Ayuntamiento de Sevilla abrió el debate sobre la necesidad de regular estas viviendas, que ya han superado en plazas a los hoteles de la capital. Según los datos actualizados en el registro de Turismo, Sevilla cuenta con 28.957 plazas en viviendas con fines turísticos (34.721 si se cuentan las de los edificios de apartamentos) frente a 23.899 plazas en hoteles y pensiones.

El primer paso considerado era modificar la normativa local para reconocer el uso turístico de las viviendas de manera diferenciada del uso residencial. Esto es, establecer una calificación específica en el PGOU para dichas viviendas, que actualmente no existe. Y luego habría que abordar una ordenanza específica para determinar los criterios, los requerimientos técnicos y las zonas donde pueda desarrollarse ese uso ya definido en el PGOU.

En estos momentos, el gobierno no tiene claro si será necesario no esa ordenanza, pero sí descarta que la aplicación de las medidas que se adopten tenga un carácter retroactivo y también que haya una moratoria para otorgar nuevas licencias, como han planteado algunos colectivos en otras ciudades sin éxito.

Después de meses de asesoramiento técnico y una consulta ciudadana realizada para conocer las inquietudes que ese fenómeno está provocando en Sevilla, el gobierno de Juan Espadas ultima con mucha cautela un documento que dará a conocer en breve. “Vamos hacer una modificación para establecer que estas viviendas tengan que cumplir las mismas exigencias que un hostal, pensión o un hotel, que son figuras reguladas”, concreta Muñoz. Entre estos requisitos figuran, por ejemplo, que no puedan estar situados en una segunda planta de un edificio o que tengan una escalera independiente. Se trata, en definitiva, de homogeneizar estos pisos con otro tipo de alojamientos turísticos y así ordenar su implantación en la ciudad.

La decisión se ha adoptado después de estudiar minuciosamente un estudio jurídico realizado por encargo por la Universidad de Sevilla que analiza los antecedentes de otras ciudades y los pros y los contras de las distintas regulaciones que existen ya en España, algunas tumbadas por los tribunales, algo que se pretende evitar en Sevilla par ano alargar el proceso y sus costes. Así, ante las dificultad de delimitar las competencias municipales sin incurrir en conflicto con otras normativas, el gobierno de Espadas optará por ir dando pequeños pasos que ayuden a ordenar la oferta sin entrar en contradicciones con normas autonómicas tampoco, como ya alertan las asociaciones de viviendas turísticas.

Según los juristas, el Ayuntamiento, en base a sus competencias de urbanismo, estaría legitimado para intervenir con el argumento de preservar intereses públicos como son la calidad ambiental y del entorno urbano. Pero esto habría que verificarlo y de una manera fehaciente demostrar que la excesiva proliferación de viviendas turísticas está amenazando la sostenibilidad del centro de Sevilla o barrios como Triana. Esto es, por “interés público” se podría intervenir para ordenar el territorio y protegerlo por imperativo legal. Pero, a no ser que el gobierno local muestre datos hasta ahora desconocidos, las pruebas de que esta amenaza es real no existen. Ni hay informes concluyentes sobre la subida del precio del alquiler por este fenómeno y mucho menos que demuestren la expulsión de los vecinos del centro. Y los partes y denuncias sobre problemas de convivencia son minoritarios.

Pero el debate está en la calle, desde hace tiempo, y el gobierno municipal considera que tiene que aportar una solución, sobre todo, ahora que la crisis ha demostrado más que nunca que hay temas que se deben repensar en esta materia. El gran crecimiento del turismo en la ciudad ha puesto de manifiesto algunas “externalidades negativas”, según admite el delegado municipal, que habla de una economía de mercado que, sin ningún tipo de trabas ni condicionantes, ha favorecido que este problema se haya extendido aquí y en el mundo, lo que ha hecho que algunas ciudades hayan abordado ya una regulación.

Desde hace un año el gobierno de Espadas está buscando el encaje jurídico para abordar los problemas que genera la proliferación de los pisos turísticos, aunque el debate se inició antes: hace más de un lustro que se creó la mesa para luchar contra la oferta alegal de pisos turísticos y desde 2016 hay una normativa autonómica que ordena algo la situación. Hasta ahora el ruido social generado y las expectativas de crecimiento del turismo en la ciudad recomendaban una mayor respuesta, más pasos y más firmes por mucho que este fenómeno en la capital no hubiera adquirido todavía los niveles de otras ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca, por citar un ejemplo.

La cuestión ahora es si, en medio de una crisis que golpea fuertemente al sector, es la hora de abordar limitaciones, pues este mercado ha comenzado a autorregularse solo. El gobierno municipal apuesta por no demorar este asunto e insiste que no se aplicará ninguna medida con carácter retroactivo.