El juez Serrano culpa al “lobby de género” de su expulsión de la carrera judicial

El juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano Castro ha culpado este lunes al “lobby de género” de su expulsión de la carrera judicial, en alusión a la sentencia del Tribunal Supremo que le ha condenado a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación a por prolongar el régimen de visitas para que un niño pudiera salir en una cofradía de la Madrugá. El magistrado ha anunciado en rueda de prensa que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la condena y que, mientras tanto, ejercerá la abogacía, como especialista en la defensa de la igualdad y el interés del menor. “Prefiero ser un abogado libre a un juez esclavo del miedo y de la presión política”, ha sentenciado.

El juez ha afirmado con respecto al verdadero interés y motivo que subyacen en su enjuiciamiento –que ha calificado de “absurdo, incoherente y desproporcionado”- que no es otro que el de “pretender expulsarle de la carrera judicial, por ser un juez molesto al lobby de género”. En este sentido, Serrano ha recordado la rueda de prensa convocada el 24 de diciembre de 2009 cuando “ese lobby ya anunció que pedirían al Consejo mi expulsión de la carrera judicial, por mi parcialidad en el ejercicio profesional y que estudiarían si presentaban una denuncia por prevaricación”. El juez de Familia ha añadido que justo al día siguiente la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio de Violencia de Género, realizó unas declaraciones en las que advertía de las “posibles responsabilidades en que podría haber incurrido por las críticas a la ideología de género y advirtiera de los efectos perversos que estaba produciendo la ley de violencia, incluso en contra de las mujeres maltratadas”.

Desde ese momento, Serrano ha confesado que su vida “ha sido un infierno”, en el que se ha enfrentado a la querella por prevaricación que finalmente le ha apartado de la carrera judicial, y a la apertura de varios expedientes disciplinarios que han sido archivados.

En su intervención ante los periodistas, el juez Serrano ha defendido que siempre ha desempeñado su labor, desde que superó las oposiciones en 1990, con “rectitud y en conciencia, llevando con gran esfuerzo el juzgado al día y procurando defender y dar tutela a los intereses de los más débiles, especialmente los niños”, por lo que aseguró que si volviera atrás habría actuado de la misma manera en el caso del niño cofrade, porque era su “obligación” y ha asegurado que cuando se produjo la petición del abuelo, un Martes Santo, él era el “único juez que estaba trabajando a esa hora, además del juzgado de guardia”.

El magistrado ha explicado que, tras su condena dictada por tres magistrados del Supremo –otros dos emitieron un voto particular en contra-, siente “pena y desilusión” no sólo por él, sino “por el Estado de Derecho y la propia Justicia, pues su politización y el sometimiento a la dictadura de lo políticamente correcto, ha truncado con las garantías de independencia e imparcialidad de los jueces”.

Serrano considera que ser juez de Familia hoy en día es una profesión de “altísimo riesgo si no estás contaminado por esa ideología de género”, por lo que cree que su caso es un “aviso a navegantes a otros jueces que piensan” como él y ha afirmado, en este sentido, que la intranet de los juez “arde” por las críticas a la sentencia del Supremo y en apoyo a un juez que ha sido “injustamente tratado”.

Serrano ha anunciado que el próximo mes de septiembre publicará un libro en el que contará más cosas relacionadas con su caso y explicará lo que está suponiendo “la dictadura de género en España” y sus repercusiones, ya que, según dijo, se considera uno de los profesionales más preparados en perspectiva de género. Desde el punto de vista jurídico, Serrano ha asegurado que se trata de la “primera vez” en España que el Tribunal Supremo dicta una sentencia condenatoria por prevaricación en la que se producen votos particulares, lo que contradice toda la doctrina jurisprudencia que mantenía que no puede existir ese delito cuando la conducta enjuiciada “admite discusión en Derecho”. Y en este sentido recuerda que la Audiencia de Sevilla estableció en dos ocasiones la procedencia y legalidad de la actuación que adoptó en el caso del menor que quería salir en la cofradía, porque la competencia de Serrano para resolver el asunto era “incuestionable” y había además “razones de urgencia en interés del menor” que la justificaban y no era la primera vez que se adoptaba una decisión similar, recordando un caso ocurrido en Elche.

El juez Serrano criticó que la sentencia del Alto Tribunal se ha limitado a “dar por probado lo que afirmaba la madre denunciante en su querella”, dando por cierto lo que en otros casos como el de Marta Domínguez –apuntó Serrano- “se han considerado meras conjeturas, suposiciones, rumores, chismorreos y habladurías”.

Serrano sólo está de acuerdo con los tres magistrados que le han condenado en que “efectivamente la decisión se adoptó a sabiendas, pero en la intención de preservar el interés del menor, porque ningún interés personal o crematístico obtuve de ello, al margen de la satisfacción profesional de haber cumplido con mi obligación” y que en realidad “no ha sido condenado y enjuiciado por permitir que un niño saliera en una procesión, pero desde luego no por los motivos que se indican en la sentencia”. El juez ha subrayado que su expulsión de la carrera es un momento “muy duro” pero ha indicado que “tiene fe en la providencia divina” y está convencido de que “pese al sufrimiento Dios no me abandona, y eso me ampara y fortalece”.

El abogado del juez Serrano, Miguel García Diéguez, ha confirmado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional e incluso no descartan acudir al tribunal europeo de Estrasburgo, y ha criticado la nota informativa que difundió el Tribunal Supremo al día siguiente de emitir la condena. El letrado dijo que esta nota ha ocasionado un “gravísimo perjuicio al honor del señor Serrano porque se dicen cosas que no son ciertas” y así, señaló por ejemplo, que el juez “nunca habló con el abogado del padre”, como se dice en el comunicado, y se le imputa un nuevo delito: usurpación de funciones del secretario judicial. El abogado insistió igualmente en que está acreditado que el juez “no tuvo ninguna intervención en el reparto” del caso del niño cofrade para atraer la competencia a su juzgado.

El letrado recordó que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) retiró los cargos contra Serrano después de tres días de juicio y no planteó una condena por prevaricación culposa o imprudente, pero “sorpresivamente” la Fiscalía del Tribunal Supremo impugnó el recurso y solicitó la condena por este delito.El abogado criticó que la sentencia dictada la semana pasada por el Alto Tribunal “completa y subsana” el recurso de la madre del menor y da por probados unos hechos que la sentencia del TSJA no había probado.

Miguel García Diéguez concluyó que la sentencia le parece “absolutamente injusta” y dijo que esta misma opinión tienen “seis de los once magistrados” que han tenido contacto con el asunto: los tres de la Audiencia de Sevilla que respaldaron la actuación de Serrano, el magistrados del TSJA que emitió un particular y los otros dos jueces del Tribunal Supremo que se han opuesto a la condena. “Por números, vamos ganando (5 a 6)”, concluyó el abogado, que advirtió de que van a seguir luchando para acreditar “la inocencia del juez Serrano”.