El Seprona imputa al actual y al anterior consejero delegado de Emasesa por vertidos al río
Una denuncia de Ecologistas en Acción genera que la Guardia Civil cite como investigados a altos cargos de la sociedad por vertidos de residuos con nitrógeno y fósforo al Guadalquivir
Sevilla/El actual consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, y su antecesor, Jesús Maza, han tenido que acudir como investigados a las dependencias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por vertidos al Guadalquivir de aguas residuales durante el período 2013 a 2016, pese a que el río está considerado como zona sensible y altamente protegido por la última directiva europea.
El proceso comienza con una denuncia de Ecologistas en Acción elevada ante el Ministerio Fiscal en marzo de 2017, que es quien encarga la investigación al Instituto Armado y toma declaración al actual consejero delegado, al anterior y a otros altos y anteriores directivos, incluidos algunos como testigos. Ecologistas en Acción considera los hechos como delictivos al “producirse vertidos de aguas residuales urbanas a cauce público sin la debida depuración de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a las continuos requerimientos de la Administración competente”. Llegan a tildar los hechos en su denuncia de “atentado ecológico”.
Todo el material está ahora en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en manos del juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana. El material incluye informes periciales encargados por Emasesa que reducen el perjuicio causado a las aguas del río por el vertido de las aguas residuales con nitrógeno y fósforo.
Ecologistas en Acción está tratando de personarse en la causa, pero la fianza que le pide el poder judicial es considerada excesiva por la organización denunciante.
La empresa metropolitana de aguas fue consultada ayer por este periódico para que ofreciera su parecer sobre las diligencias abiertas por al Fiscalía, practicadas por el Seprona y elevadas al Juzgado. La sociedad, considerada la joya de la corona de las empresas municipales, relata que “las instalaciones actuales de Emasesa en Tablada, San Jerónimo y Copero se encuentran en estos momentos en proceso de adaptación a la normativa aprobada en 2006 y que entró en vigor en 2013, dado que en su momento no se diseñaron para hacer frente a la depuración de nitrógeno y fósforo. Para su adecuación se requiere una inversión que supera los 100 millones de euros, de ahí que durante años y al considerarse inviable un canon adicional que supusiera un nuevo recargo añadido para el ciudadano para las adaptaciones técnicas necesarias, no se haya realizado esta inversión”.
El comunicado de Emasesa precisa más: “En el periodo 2015-2019, tanto el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, como el del Estado, han hecho suya la necesaria remodelación de las EDAR de Emasesa. Asimismo, en paralelo, Emasesa ha iniciado el recorrido necesario para subsanar esta situación y las obras han sido ya licitadas: para la depuradora de el Copero por importe de licitación, con IVA de 62.187.144,91 euros, el pasado 18 de enero de 2019, obras que tienen como objetivo la adecuación del tratamiento de la EDAR del Copero de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de Doñana. En esta misma línea, el pasado 29 de enero de 2019 se licitaron las obras de la depuradora de San Jerónimo, EDAR Cuenca Norte (San Jerónimo) con idéntico objetivo por un importe de casi 13 millones de euros”.
La empresa pública del agua, quiere subrayar “su total disponibilidad a colaborar con la Justicia, en un marco de transparencia e información permanente durante este proceso, al tiempo que quiere hacer llegar a la ciudadanía, su clara vocación de seguir gestionando este importante recurso desde un uso sostenible con especial atención al Medio Ambiente”.
El Seprona ha interrogado a varios altos cargos sobre su grado de conocimiento del Guadalquivir como zona sensible para los vertidos de las estaciones depuradoras, sobre qué medidas tomaron para cumplir la normativa vigente al respecto y sobre las funciones y acciones de la comisión ejecutiva y del consejo de administración de la compañía para cumplir con la legislación al respecto.
La denuncia de Ecologistas en Acción no se limita al caso de Sevilla capital, incluye también Morón de la Frontera, Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona/San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate.