Visto y Oído
Francisco Andrés Gallardo
Abogados
Cambio en el Ministerio Fiscal
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, será la nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Julián Sánchez Melgar. Su anuncio es inminente. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha decidido finalmente designar a Segarra, de 55 años y que pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), como nueva responsable de la Fiscalía general del Estado, puesto para el que se barajaban otros nombres como el del fiscal de Sala del Supremo Pedro Crespo o Javier Zaragoza, que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional entre 2006 y 2017.
Segarra fue elegida en marzo pasado como nueva vocal del Consejo Fiscal, el máximo órgano consultivo del fiscal general del Estado, al haber obtenido 858 votos, lo que representa que cuenta con un amplio respaldo de la carrera fiscal, ya que fue la cuarta candidata más votada. De hecho, la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, que pertenece a la misma asociación de fiscales y que también fue elegida vocal del Consejo Fiscal obtuvo menos votos que Segarra, en concreto, 700.
Segarra fue en su momento la segunda fiscal jefe más joven de España y la tercera mujer que alcanzaba una jefatura. Llegó al cargo el 25 de noviembre de 2004 y fue nombrada por el entonces fiscal general Cándido Conde-Pumpido, quien también nombró en su día fiscal de Sala Coordinadora de Menores a la que luego llegaría a ser fiscal general, Consuelo Madrigal.
Durante los catorce años que lleva en el cargo, María José Segarra ha creado el grupo de fiscales especializado en delitos económicos y potenció la sección de Violencia sobre la Mujer. Se ha enfrentado a polémicas como la de los errores en la ejecución de la sentencia relacionada con el caso de la pequeña Mari Luz -que permitió que el presunto asesino siguiera libre pese a tener una condena de prisión-, donde la Fiscalía aseguró que no hubo ninguna negligencia pero al final cambió el sistema de control de las ejecutorias, y también a la instrucción de las macrocausas como Mercasevilla, los ERE y los cursos de formación, donde el Ministerio Público ha mantenido diversas controversias con la instructora, primero con Mercedes Alaya, y después con la actual titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.
También fue sonado su cambio de postura en torno a la recusación presentada contra la juez Mercedes Alaya por una defensa en la investigación de Mercasevilla -el caso que dio origen al sumario de los ERE fraudulentos-, donde la Fiscalía modificó su criterio en sólo dos semanas y pasó de no ver motivos para la recusación de la magistrada a apoyarla, al considerar que el hecho de que el marido de la instructora hubiese trabajado como auditor en la empresa hasta junio de 2002 podía afectar a la "imparcialidad" de la juez.
Tras un primer mandato, María José Segarra optó en 2010 a la reelección, pero en esta ocasión ya no tuvo ningún rival en contra y el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia Francisco Caamaño y a iniciativa del fiscal general, decidió su nombramiento.
En 2015, volvió a ser reelegida para un tercer mandato, al obtener cuatro votos de los miembros del Consejo Fiscal, el máximo órgano de consulta del fiscal general, mientras que Luis Fernández Arévalo -actual fiscal jefe de Huelva- logró el respaldo mayoritario, al reunir seis votos. Sin embargo, la propuesta del Consejo Fiscal no es vinculante y la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, decidió finalmente respaldar a Segarra y mantenerla para un tercer mandato al frente de la Fiscalía sevillana.
La Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera, ha mostrado su “inquietud y desconcierto” ante la noticia de que el Gobierno estaba buscando a un fiscal general del Estado que tenga una “afinidad clave” en el tema de Cataluña, por cuanto considera que lo que se debe exigir de un fiscal general del Estado es una actuación presidida por la “férrea defensa de la legalidad y del orden constitucional vigente”.
En un comunicado, la Asociación de Fiscales señala que no puede dejar de recordar en este momento que el partido político al que pertenece el presidente y la mayoría de los integrantes del actual Gobierno “defendió en la comisión parlamentaria para la estrategia nacional en materia de Justicia, el asegurar la independencia del fiscal general respecto del Ejecutivo, sin que al fiscal general que se elija se le pueda exigir ningún otro tipo de afinidad que el absoluto respeto al artículo 2 de la Constitución Española”.
Por estos motivos, la AF muestra su "profunda preocupación ante este tipo de noticias que pueden hacer poner en duda la completa alineación de la carrera fiscal en el orden constitucional vigente, y no con una u otra tendencia o partido político, confiando en que la persona designada para el cargo actúe en representación de la institución, con independencia, transparencia y absoluto respeto a la ley".
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