La juez imputa a Santiago Herrero y la cúpula de la CEA por el caso de las VPO

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha citado a declarar como imputado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero León, y a otros altos cargos de la patronal andaluza en relación con una denuncia por estafa que habría sido cometida en una promoción de viviendas de protección oficial inacabada en Sevilla Este. En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, la juez cita como imputados por un presunto delito continuado de estafa a ocho personas.

Entre ellas están Santiago Herrero, que está citado el próximo 5 de marzo, el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo Alcalá, y el vicepresidente de la misma, Juan Salas Tornero, cuyas declaraciones están previstas para el 5 y el 13 de marzo. La CEA, a través de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, promovió la construcción de 583 viviendas en una parcela de Sevilla Este. La obra se encargó al grupo Dolmen, que quebró y dejó la obra inacabada y a más de 500 personas -que entregaron una media de 20.000 euros de señal- sin pisos.

La juez también ha citado como imputados por el mismo delito a los responsables de Dolmen, Juan Manuel Sanz Martín y Antonio González Lara, que comparecerán en los juzgados el 6 de marzo. Para los días 12 y 13 del mismo mes están previstas las declaraciones de otros apoderados de empresas que participaron en la construcción de estas viviendas, como son Alejandro Cotta de Torres, Antonio Ibáñez García y Francisco Ramos Varo.

Antes de los imputados, los días 3 y 4 de marzo, declararán los denunciantes, que son los responsables de las empresas subcontratadas que realizaron trabajos para la promoción y no cobraron por ello. Son los representantes de las sociedades Diego y Viva, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Proyectos Constructivos Enrique Rosado, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescón Instalaciones, Remoan y Grupo Inclitec. Estas empresas ofrecieron el suministro de climatización, albañilería, revestimienos o instalaciones de las viviendas y a ellas se les adeuda más de medio millón de euros.

La juez ha pedido también una serie de documentos vinculados con la promoción y los contratos de la Fundación con sociedades como Dolmen, Nazarí, Gestión y Servicios CYR y Dosevi, entre otros. Además, en la providencia, la magistrada hace un nuevo requerimiento a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para que aporte el expediente por el que se concedió una ayuda de 1.749.000 euros a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, además del convenio de colaboración suscrito por esta entidad y la Junta. Además de esta investigación judicial, la Fiscalía también ha recibido una denuncia de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que alertó de un desfase de entre 12 y 14 millones de euros en la ejecución de la promoción.