Salud envía al fiscal varios casos de afectados por la atención y el cierre de iDental

La consejera de Salud, Marina Álvarez, informó este jueves en el Pleno del Parlamento que su departamento ha enviado al Ministerio Fiscal varios casos relacionados con la atención sanitaria y el cierre de las clínicas dentales iDental en Andalucía. Ya se han remitido a las fiscalías de las audiencias de Sevilla y Córdoba los casos en los que se considera la posible existencia de un delito de estafa. La Fiscalía de Córdoba ha decidido iniciar diligencias previas y dar traslado a la Policía Judicial.

En Sevilla, según ha detallado, se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla aquellos casos en los que se desprende que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de infracción penal y un delito de salud pública.

Asimismo, está en curso un expediente sancionador contra la clínica sevillana donde se han detectado dichas irregularidades.

En respuesta a una pregunta al respecto del diputado del PP Jaime Raynaud, la consejera Álvarez explicó que la Inspección de Servicios Sanitarios ha recibido y tramitado 112 reclamaciones o denuncias efectuadas por particulares o colegios profesionales, y ha realizado un total de 145 actuaciones inspectoras en las seis clínicas con sede en Andalucía.

La Asociación Sevillana Afectados iDental (ASAI), que representa a los "miles de perjudicados" por el cierre de estas clínicas dentales en Sevilla, se concentró ayer ante el Parlamento andaluz, cita a la que acudieron 150 personas con el objetivo, según el portavoz de ASAI, Benito Lupiáñez, de "presionar a las administraciones ante la emergencia social" para que "destinen dinero a arreglar lo que han dejado: prótesis y dentaduras rotas o puntos de sutura aún puestos".

La Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de 3.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de iDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones, más de 2.000, se han producido en el primer semestre de este año; en 2017 hubo 985; y en 2016 fueron 168.

La Dirección General de Consumo ha levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas existentes, y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de 1,2 millones.