La dueña de Río Grande alega que no tenía que informar del embargo al comprador

La dueña del restaurante Río Grande, María del Carmen García Sánchez, ha asegurado este martes a la juez de Instrucción número 15 de Sevilla que no tenía que informar a la persona que intentó comprar su negocio -que llegó a abonarle 500.000 euros como señal- de que la propiedad se hallaba sometida a un embargo por parte de la juez Mercedes Alaya, derivada de su imputación en la causa de los ERE fraudulentos.

Fuentes del caso han explicado que la propietaria de Río Grande, en su declaración como imputada por estafa, ha negado que ocultara información en la operación y explicó que no hizo constar las cargas que pesaban sobre el mismo porque, a su juicio, no hacía falta que se dejase constancia porque el comprador, que es de Sevilla, conocía el embargo decretado por Alaya porque se trataba de un caso de repercusión mediática, ha subrayado la empresaria.

María del Carmen García Sánchez posee más del 99% de la propiedad de Río Grande e inició la operación de venta en octubre 2013, pero el embargo de las acciones en la causa de los ERE era anterior, de mayo de 2012.

Según fuentes del caso, antes de que se firmara el contrato ya se había declarado la responsabilidad civil de Río Grande, por la que la juez Alaya impuso a María del Carmen García una fianza de 1.990.689 euros.

El comprador le entregó un cheque por importe de 500.000 euros, como señal de la opción de compra de Río Grande, una operación que se había acordado por más de 6 millones de euros. En la operación se incluía la adquisición de los dos solares de la calle Betis donde está asentado el restaurante, así como el negocio en sí.

María del Carmen García ha alegado en su comparecencia que informó de la operación al juzgado, pero según las mismas fuentes lo hizo con posterioridad, en diciembre de 2013, y en este caso lo que hizo fue pedir permiso al juzgado para la venta pero no explicó que ya se había firmado el contrato.

Las mismas fuentes han explicado que la dueña de Río Grande tenía la "obligación" de informar al comprador de la fianza civil impuesta y han añadido que no tiene intención de devolver el dinero puesto que ha sido denunciada por estafa.

En el momento de firmar la opción de compra, el juzgado de los ERE había embargado la totalidad de las acciones de García Sánchez en Río Grande y en febrero pasado embargó los dos solares y el restaurante, puesto que la entidad Río Grande aparecía como responsable subsidiaria de la fianza civil impuesta.

García Sánchez debe hacer frente a una fianza civil de 1.990.689 euros impuesta por la juez Alaya por los dos "intrusos" que fueron detectados entre los 13 prejubilados de su empresa. La empresaria notificó al juzgado su intención de vender el negocio, en una operación con la que esperaba conseguir "una mejora sustancial de sus fondos propios, elevando por tanto el valor intrínseco de las participaciones embargadas" por el caso de los ERE.

El abogado defensor notificó a Alaya la operación de compraventa para que no fuese "interpretada de forma errónea como un intento de eludir el efectivo aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias".