Resistencia a vivir en la calle
Las 36 viviendas de San Lázaro están ocupadas por familias que atraviesan situaciones de emergencia social por la falta de trabajo y el paro · Su deseo es regularizar esta ocupación.
La Corrala Utopía, cuatro bloques de viviendas en San Lázaro, se ha convertido en el cobijo de 36 familias que han optado por ocupar estos pisos, que estaban vacíos, como única salida a situaciones de emergencia social. Se resisten de manera pacífica a vivir en la calle y a que otras familias también terminen en la indigencia por la falta de recursos y de soluciones para afrontar alquileres e hipotecas. Situaciones insostenibles. A esta comunidad no ha llegado, de momento, denuncia alguna ni reclamación de la firma propietaria, una empresa que quebró sin llegar a vender las viviendas, según explican sus ocupantes. "Un parque de viviendas vacío mientras muchas familias se ven en la calle", denuncia una portavoz del 15-M.
La falta de trabajo y el paro provocan situaciones dramáticas especialmente en la zona de la Macarena, explica la portavoz del 15-M, movimiento que ideó esta ocupación. Junto a la Glorieta de San Lázaro, las pancartas que cuelgan de los balcones delatan a la Corrala Utopía, como han querido nombrar sus ocupantes a la ocupación dado el carácter comunal que quieren otorgar a las viviendas. En la calle, en la puerta del bloque principal, un grupo de niños pintan más pancartas reivindicativas; mientras, mujeres se organizan para repartir folletos informativos entre los viandantes. Piden medidas y cambios en las leyes para que el precio del alquiler se ajuste a los salarios de los inquilinos. Lograr la dación de pago, es decir, que la entrega de la vivienda baste para saldar la deuda con el banco es otra de las metas. Cada familia en Corrala Utopía afronta su propio drama pero todas están marcadas por la necesidad y los obstáculos para acceder a un trabajo y a una vivienda digna.
Desde el 19 de mayo, cuando comenzó la ocupación, Carmen Ferrer vive junto a sus dos hijos en esta comunidad. "Un día en marzo, llegué a mi casa, en Pino Montano, tras visitar a mi madre en el hospital, cuando me encontré con técnicos de Emvisesa y personas de los juzgados. Me echaron. Ni siquiera me dieron unos minutos para hacer unos bocadillos para mis hijos", lamenta esta mujer. Las deudas y las cargas familiares de Carmen Ferrer eran insostenibles. Dejó de pagar el piso durante dos años. "Tenía que escoger entre comprar comida o pagar la casa", recuerda con desesperación en su voz. Esta mujer trató de saldar su deuda. "Intenté que me la prorrogaran durante varios años, pero nada". Tras el desalojo, Carmen y sus dos hijos se vieron obligados a pernoctar en plena calle. "También hemos estado un tiempo en casas de amigos pero somos cuatro y es complicado, es normal", comenta. "Ahora estamos bien aquí", añade. Su historia, con matices, se repite entre sus vecinos.
Ana López, una mujer de 67 años, vive en esta comunidad junto a su marido que tiene 70 años y es enfermo crónico. Estos ancianos perdieron su vivienda de VPO en Pino Montano porque dejaron de pagar la hipoteca. Con apenas 650 euros de pensión tenían que ayudar también a sus hijos y nietos. "No iba a permitir que mi nieto se quedara sin comer", dice. Sus hijos también están afectados por el paro.
Los que viven en estas viviendas quieren regularizar su situación y pagar, en función de las situaciones que atraviesa cada familia, la luz, el agua e incluso la ocupación. En dos ocasiones han sufrido cortes del suministro eléctrico debido al impago, una situación que preocupa mucho a las familias con personas mayores encamadas. "Mi marido necesita oxígeno y si cortan la luz, la bombona no funciona", explica Ana. Otra mujer de avanzada edad, que también está encamada, necesita su cama articulada, pero del mismo modo, cuando carecen de luz, deja de funcionar y no puede moverse.
Entre las familias con personas mayores y niños a su cargo, en esta comunidad también conviven parejas jóvenes que se ven obligadas a tomar parte de la ocupación ante la falta de un trabajo digno y las dificultades para tener una vivienda accesible. Primitivo Pérez y Tatiana, miembros del 15 M, explican que han "buscado por todas partes pisos en alquiler pero no bajan de los 500 euros". Los sueldos bajos y los empleos temporales llevan a situaciones de enorme precariedad a cada vez más jóvenes. "Tenemos que hacer algo; por las familias que se quedan en la calle y también por nosotros, los jóvenes; esta situación no puede seguir así", denuncia Tatiana. Para esta mujer de 33 años, diplomada en Turismo, es necesario que el precio del alquiler baje y se equilibre según los ingresos de las familias.
Los miembros del 15M y los abogados voluntarios de este movimiento reciben a cada vez más familias en sus asambleas y puntos de encuentro. "A muchas les da vergüenza aceptar que están en la ruina pero si no reaccionan se verán durmiendo en la calle", asevera una de las portavoces de este movimiento.
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