Rajoy exige dimisiones porque ha habido "una burla a los ciudadanos"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó ayer respecto a las presuntas irregularidades en los ERE financiados con fondos públicos en Andalucía que se ha producido "una burla al conjunto de los ciudadanos" y exigió responsabilidades políticas.

Unas horas antes de que se conocieran tanto la negativa de la Junta a ceder a la juez Mercedes Alaya los expedientes de los Consejos de Gobierno coo la entrada de la Fiscalía Anticorrupción a investigar el caso, Rajoy consideró "impropio de una democracia civilizada" lo ocurrido y declaró que ello exige que "algunos, y lo harán, y si no al tiempo, asuman responsabilidades políticas", así como "de todos un compromiso para que estas cosas no se vuelvan a repetir jamás".

Durante la clausura del Comité Ejecutivo Local del PP de Marbella, el líder popular desligó las irregularidades de los ERE de la imagen de Andalucía y opinó que "a quien hace daño es a los responsables políticos y a las personas que han provocado esa situación". Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP y presidente del partido en la comunidad andaluza, Javier Arenas, abogó por que "nadie confunda la grandeza de Andalucía con la miseria de esta chapuza y estos abusos de los ERE", que calificó de "escándalo para todos".

También desde las filas populares, la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se reguntó ayer qué hubiera pasado si el caso de losERE se hubiera dado en el Gobierno que dirige, y recordó que todavía no ha habido dimisiones.

Por su parte, el coordinador general de IU, Diego Valderas,aseguró ayer que el Gobierno andaluz ha demostrado en este caso que "no sólo quiere controlar al Parlamento, vetando la celebración de una comisión de investigación, sino también a la Justicia, al negarle las actas de los Consejos de Gobierno de los diez últimos años, solicitadas por la juez que lleva el caso". En declaraciones a Europa Press, Valderas anunció que la formación está estudiando la Ley del Gobierno en la que se ampara la Junta para no remitir a la Justicia dichas actas.