¿Quién es el Dioni de Almensilla?
Emulando los pasos del Dioni original este vecino de Almensilla después de estafar a más de 600 familias huyó a República Dominicana
Empieza por fin el juicio al Dioni de Almensilla, una década después
El apodo del Dioni va ligado directamente a la delincuencia debido al famoso caso que se vivió en España a finales de la década de los 80. En este caso, Dionisio Rodríguez Martín, 'El Dioni', era jefe de seguridad de un furgón blindado y aprovechó el despiste de sus compañeros para huir con un botín de 300 millones de pesetas, actualmente serían unos 2 millones de euros. Este hecho sin precedente y que acabó con la fuga de este personaje a Brasil, se ha repetido con algunas modificaciones en una localidad sevillana.
Julio Mateos Palacios es un vecino de Almensilla que está en un proceso judicial debido a que ha estafado a unas 600 familias de la zona, principalmente de edad avanzada, una cantidad de casi 2,7 millones de euros. La fiscalía pide seis años de prisión y una multa de 7.200 euros para Mateos porque era el tesorero de la junta de compensación del Sector F. Ese apartado servía para hacer llegar a esa zona del Aljarafe la luz y el agua a la urbanización, algo que no se hizo en ningún momento y que sirvió para enriquecerse al conocido como Dioni de Almensilla. El principal acusado de la trama siguió los pasos del Dioni original, pero en lugar de fugarse a Brasil, como hizo su predecesor, su destino fue República Dominicana donde pasó una temporada.
¿Cómo se produjo el desfalco del Dioni de Almensilla?
Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2015 y no sólo implican a Julio Mateos Palacios sino que hay más personas que tendrán que responder ante la justicia por los hechos cometido durante esos años. Uno de ellos es el concejal socialista Ismael Perea y el auditor Juan Carlos Navarro. La Fiscalía pide que todos ellos paguen por los delitos cometidos y a cada uno les exige una pena, según el grado de implicación en la trama.
Según la Fiscalía, Dioni y Perea son coautores de un delito continuado de apropiación indebida, mientras que el auditor es considerado cómplice de unos hechos ocurridos entre 2009 y 2015. Los dos primeros, que eran "los únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación", se dedicaron a "detraer" ese dinero "de común acuerdo". Para ello, según la acusación pública, libraron cheques a su favor y aportaron a sus respectivos patrimonios 2.466.506,85 euros.
El desfalco se desarrolló en dos fases, según el fiscal. Hasta 2012 actuaron conjuntamente y desde entonces hasta 2015 el Dioni obró "solo" aunque con colaboración de otras personas. Hay que tener en cuenta que Perea cesó en el cargo el 22 de diciembre de 2012 y su sucesor como presidente “no dispuso de firma autorizada para disponer de los fondos”.
En el primer periodo, establece el Ministerio Público, Perea cobró 301.695,32 euros a través de 33 cheques por distintos importes, mientras que Mateos ganó 1.941.204,34 euros a través de siete cheques cobrados por él mismo y otros 42 a favor de Asema, la mercantil de la que era administrador único y gestor. En la segunda fase, el único con firma autorizada para disponer de los fondos era el Dioni y lo "aprovechó para continuar detrayendo a su favor" hasta un total de 223.607,19 euros, según el escrito.
"Con el fin de enmascarar sus actos", prosigue el fiscal, el principal acusado contó con la "colaboración" del auditor Juan Carlos Navarro, con quien tenía una doble relación empresarial y de amistad "de tiempo atrás" porque era el apoderado y el gestor del bufete de su mujer, que además representaba a la junta de compensación en los procedimientos judiciales en que esta figuraba como parte demandada. Siempre según el fiscal, ambos se concertaron para emitir talones con "sobrecoste a los servicios previamente pactados", lo que "contribuyó a que el tesorero se apoderara de más fondos de la junta".
Las penas que se piden para los imputados son las siguientes: seis años para Mateos, cuatro años y medio para Perea y un año menos un día para el auditor. Además también deberán compensar a las víctimas y el reparto sería de la siguiente manera: Mateos sería el responsable civil directo de 2.164.811,53 euros, Perea respondería de 301.695,32 y Navarro, de 182.665,15 euros.
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