Protesta del taxi para blindar la lista del rescate municipal de licencias en Sevilla

Las dos patronales mayoritarias del taxi de Sevilla (la Unión Sevillana del Taxi y Solidaridad Hispalense del Taxi) celebraron este viernes una concentración a las puertas del Ayuntamiento, coincidiendo con el pleno extraordinario, en demanda de que se blinde la lista para el rescate municipal de las licencias vacantes fruto de jubilaciones o renuncias.

Estas reclamaciones no son compartidas por otras patronales del sector, como Elite Taxi.

Antonio Velarde, presidente de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, entidad que controla el aeropuerto, explicó que la concentración ha estado destinada a reclamar al gobierno local del popular José Luis Sanz varias cuestiones.

El Ayuntamiento ha emitido una resolución corrigiendo la “vía alternativa” que hasta ahora cabía y, según la cual, era posible la entrega de una licencia de su titular a un asalariado, para su “transmisión directa” a los seis meses de ostentación.

Según Velarde, finalmente ha sido cumplida la demanda de las asociaciones de impedir dicha vía “alternativa” de acceso a las licencias. Velarde ha reprochado al gobierno local del PP una supuesta tardanza en adoptar esta medida.

Otro de los aspectos reclamados por las dos patronales es un incremento del apoyo a los titulares de licencia de Eurotaxis o vehículos adaptados a personas de movilidad reducida, por considerar que requieren una inversión de “entre 50.000 y 60.000 euros”.

El gobierno local del PP promovió en el pleno ordinario de mayo una modificación presupuestaria de 379.258 euros para ayudas a la modernización de estos taxis adaptados. Velarde asegurá que se trata de una cuantía “muy insuficiente” e insistió en las inversiones que afrontan los titulares de licencias de esta naturaleza.

Las dos patronales han reclamado también soluciones a los relevos en la plantilla en el Instituto Municipal del Taxi, que según señala inciden en el funcionamiento de este organismo; y que se haga efectiva la devolución de una “tasa indebidamente” cobrada al sector, a razón de unos 200 euros por titular de licencia.