Propuesta para reorganizar el trabajo y reducir el colapso

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, está trabajando en un proyecto de reorganización de los juzgados unipersonales, los que están servidos por un único magistrado, para convertirlos en tribunales de Instancia, lo que contribuiría a eliminar las diferencias que actualmente se producen entre los juzgados de una misma jurisdicción y encaja además con la futura oficina judicial.

La propuesta será planteada por Federico Jiménez Ballester en la reunión que los jueces decano de España mantendrán en Pamplona en otoño próximo y consiste básicamente, según explicó el propio magistrado a este periódico, en reorganizar la actual estructura de distintos órganos judiciales para transformarlos en un único tribunal de Instancia, que estaría compuesto por la totalidad de magistrados que integran esa jurisdicción. Así, por ejemplo y en el caso de Sevilla, los actuales 13 juzgados de lo Penal serían sustituidos por el tribunal de Instancia Penal, que a su vez estaría integrado por esos 13 magistrados. Lo mismo ocurriría con el resto de órdenes jurisdiccionales, por lo que habría un tribunal de Instancia Social, otro para lo asuntos civiles y otro para los Contencioso-Administrativos.

El magistrado explica que las ventajas del nuevo sistema, que además tendría un coste económico de “cero euros”, resultan a priori evidentes. En primer lugar, esta nueva organización, que ya se ha implantado en Francia, se conciliaría mejor con el diseño de las nuevas oficinas judiciales y los servicios comunes de ordenación del procedimiento, “con lo que sería más fácil llevar a cabo las funciones de dirección e inspección de los asuntos a través del juez decano o del presidente del tribunal de instancia”, algo no ocurre con el actual sistema de “juzgados independientes y estancos”.

La nueva estructura eliminaría las diferencias en los tiempos de respuesta judicial, al menos, en los mismos partidos judiciales. En la actualidad y dependiendo de la carga de trabajo del juzgado en cuestión, un asunto puede ser juzgado con muchos meses de diferencia en función del órgano al que corresponda su enjuiciamiento.

Con el modelo que propone Jiménez Ballester se facilitaría el régimen de sustitución de jueces y magistrados, “convirtiendo en residual el acceso a la Justicia interina, más aún si se lleva adelante el compromiso del Ministerio de crear la figura de los jueces de adscripción territorial”. De esta forma, si un juez se pone enfermo, los juicios señalados para ese día no tendrían que suspenderse, como sucede ahora, dado que el magistrado enfermo podría ser sustituido de inmediato por un juez del tribunal de Instancia sin necesidad de acudir al nombramiento de un sustituto, con la demora que ello supone.

El sistema también ayudaría a una mejor formación de los jueces, al compartir sus conocimientos con los otros integrantes del tribunal con más años de experiencia y, sobre todo, contribuiría a que los juzgados emitieran una misma sentencia en supuestos similares, un aspecto relacionado con la seguridad jurídica. Por último, el sistema favorecería la especialización, ya que dentro del tribunal de Instancia varios jueces podrían especializarse en aspectos como los delitos económicos o arrendamientos urbanos.

Aunque el sistema propuesto tiene un coste cero y ya funciona en Francia, no será una realidad hasta dentro de varios años, puesto que haría falta modificar la ley orgánica del Poder Judicial. En el supuesto de que los jueces decanos avalen la propuesta, ésta sería trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Situación de riesgo en Vigilancia Penitenciaria

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla atiende a una población de 3.682 presos de los cinco centros de la provincia, lo que supone más del doble de la media nacional de 1.624 reclusos por juzgado y ha hecho que se encuentre en “riesgo inminente de colapso”.

El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, aseguró ayer a Efe que la situación es de “máxima urgencia” y que considera “totalmente insuficiente” la anunciada creación de un juzgado de apoyo, que según las noticias llegadas a la Fiscalía tendría un magistrado a tiempo parcial y sólo dos funcionarios. Incluso creando un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria con su juez, secretario y diez funcionarios, Sevilla “seguiría por encima de la media nacional”, según Fernández Arévalo. La provincia de Sevilla tenía, según cifras oficiales cerradas a 31 de julio, un total de 3.682 presos.