¿Por qué sigue libre en Sevilla el sospechoso de violar a estudiantes americanas?
La complejidad del caso, en el que hay varios países involucrados, juega a favor del empresario turístico, sobre el que EEUU ha emitido una alerta de seguridad
La Embajada de EEUU en España emitió este martes una alerta de seguridad dirigida a los ciudadanos americanos, en la que se advertía de que un empresario turístico sevillano habría agredido sexualmente a varias estudiantes estadounidenses. La Embajada publica incluso el nombre del sospechoso, Manuel Blanco Vela, que hasta el año pasado dirigió una agencia de viajes llamada Discover Excursions, especializada en organizar viajes al norte de África y al Algarve para turistas norteamericanos.
Pero Manuel Blanco Vela no ha sido detenido por la Policía ni por la Guardia Civil en España y se encuentra en libertad en España. Al menos nueve estudiantes americanas que pasaron un tiempo en España denunciaron haber sufrido abusos y/o agresiones sexuales presuntamente cometidas por este hombre.
Todo comenzó a raíz de que una de las supuestas víctimas, una estudiante de Florida llamada Gabrielle Vega, publicara su caso en Facebook. Varias chicas contactaron con ella para comunicarle que les había ocurrido algo parecido. Según Gabrielle Vega, Manuel Blanco abusó presuntamente de ella durante un viaje a Marruecos. La convenció de que Tánger era una ciudad peligrosa para que una chica saliera de noche y la invitó a una habitación, donde le ofreció una cerveza y champán, a ella y a otras dos amigas suyas.
La denunciante cree que fue drogada porque no recuerda nada de lo ocurrido, aunque sus amigas le contaron que había pasado más de media hora en el cuarto de baño con Manuel Blanco Vela. Estos hechos ocurrieron en el año 2013 pero la joven estudiante de Florida no se decidió a denunciarlos públicamente hasta el año 2018.
Nada más hacerse pública su historia, otras dos universitarias denunciaron haber sido víctimas de una situación parecida en Lagos (Portugal). Estas dos chicas llegaron a presentar una denuncia en una comisaría de la Policía Nacional de Valencia, donde estudiaban. Otras jóvenes aseguraron haber sufrido abusos en Sevilla.
Las autoridades españolas sólo pueden perseguir delitos cometidos dentro del territorio nacional. Es decir, ni el caso de Gabrielle Vega ni el de las dos estudiantes presuntamente agredidas en Portugal podrían ser investigados por la Policía Nacional o la Guardia Civil, que sólo podrían centrarse en los casos ocurridos en España.
Los hechos tendrían que ser investigados por las autoridades del país en el que ocurrieron. Así, en el caso de Gabrielle Vega, debería ser la Policía marroquí la que investigue el asunto, mientras que en el de las otras dos jóvenes han de ser los agentes portugueses los que deben encargarse de reunir las pruebas suficientes para acusar al presunto autor de la violación.
Ese es precisamente otro problema añadido, ya que los hechos no se denunciaron inmediatamente, sino varios meses, o incluso años en el caso de Gabrielle, después de que hayan ocurrido. Esto conlleva ya dificultades serias para que los investigadores puedan reunir pruebas y encontrar, por ejemplo, restos biológicos o lesiones causadas durante la agresión.
Es decir, la principal prueba de cargo es el testimonio de las víctimas. Al tratarse de hechos ocurridos en distintos países, tampoco puede realizarse una investigación conjunta contra el sospechoso, al que sin duda la complejidad del caso al haber implicados varios países ha jugado en su favor.
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