La ventana
Luis Carlos Peris
Reventa y colas para la traca final
25-N | Día internacional contra la Violencia de Género
En Sevilla hay en la actualidad 3.269 mujeres que cuentan con algún sistema de protección policial como víctimas de violencia de género, de las cuales dos viven con escolta permanente por su extremo nivel de riesgo. Mujeres que forman parte del registro histórico de VioGén, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, que, desde su puesta en marcha en 2007, contabiliza más de 27.600 casos de violencia machista en la provincia.
En el Día Internacional contra la Violencia de Género, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha informado de las cifras actuales de mujeres víctimas de maltrato con expediente policial de protección. De la totalidad de casos, hasta el 30 de octubre, la mayoría –24.404– son casos inactivos, es decir, que por determinadas circunstancias se considera que temporalmente no es preciso que sea objeto de atención policial, aunque puede reactivarse en cualquier momento. Esto da como resultado que hasta la fecha las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prestan vigilancia o cualquier otro tipo de medida, dependiendo del riesgo, a 3.269 mujeres amenazadas por su pareja, lo que representa un incremento de 97 casos respecto a los datos de 2018.
De los casos activos, para los expedientes más graves, se prevé la escolta personal de la mujer maltratada de manera permanente u ocasional, según su nivel de riesgo. Hasta la fecha, en Sevilla, hay dos casos de riesgo extremo, es decir, el nivel de riesgo máximo y que requiere una protección de la víctima las 24 horas al día así como el control intensivo de los movimientos del agresor y vigilancia en los centros escolares de los hijos de la víctima si los hubiere.
Los niveles de riesgo de estos casos activos son cuatro más además del extremo. En la provincia, en 1.454 de estos casos el riesgo es no apreciado. Para estas mujeres se establecen medidas de seguimiento tales como la revisión del nivel de riesgo cada tres meses, y, si es preciso, medidas policiales de protección. Cuando el riesgo es apreciado, que en Sevilla se contabilizan 1.686 casos, las medidas policiales van aumentando en intensidad según se incrementa el nivel de riesgo que va desde bajo (1.430 casos), medio (326) y alto (20).
En Andalucía, la provincia de Sevilla es la que registra un mayor número de casos activos; seguida de la de Málaga (3.124); y la de Cádiz (2.777). A la cola se encuentra la provincia de Córdoba que, con 1.007 casos, es la andaluza en la que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vigilan a un menor número de mujeres víctimas. Según estos datos, en Sevilla reside el 20% del total de mujeres andaluzas maltratadas, ascendiendo esta cifra en la comunidad a los 16.246 casos activos. A nivel nacional, esta cifra es superior a los 60.500 casos de un total de más de medio millón de mujeres que a lo largo de la vida de VioGén han contado con algún sistema de protección policial.
La evolución del número de casos de mujeres amenazadas por sus parejas queda registrado en el Sistema VioGén, cuyo principal objetivo es aglutinar a las instituciones que intervienen en la protección y seguridad de las víctimas de violencia de género (Policía Nacional y Guardia Civil, Fiscalía, jueces, Instituciones Penitenciarias, Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer, Servicios Sociales y Policía Local).
Cada vez que se detecta un nuevo caso, los Cuerpos de Seguridad del Espado proceden a su registro informático en el sistema VioGén y desde ese momento, con independencia del nivel de riesgo asociado a la víctima según su declaración en la denuncia o de la posible resolución judicial del caso, los agentes de Policía Nacional o Guardia Civil designados para ello pasan a realizar un seguimiento y protección a la víctima. La primera medida de seguridad común a todas las víctimas es la formación en autoprotección, seguida de una supervisión con contacto telefónico de forma periódica.
VioGén permite integrar en una sola base de datos toda la información sobre las circunstancias que rodean a las víctimas de violencia de género y realizar valoraciones del riesgo de la víctima de sufrir una agresión y adoptar las medidas de protección necesarias.
Respecto a las órdenes de protección judicial, es decir, aquellas que dicta un juez para proteger a las víctimas cuando exista una situación objetiva de riesgo, en Sevilla este año se han dictado 838 órdenes, frente a las 408 dictadas en el mismo periodo de hace un año. Una cifra que sólo supera en Andalucía Almería, con 857. En Andalucía, el total de órdenes de protección dictadas hasta noviembre asciende a las 4.050. Si se tiene en cuenta el histórico de los últimos diez años, en la provincia de Sevilla se han dictado más de 19.600 órdenes, el 26,4% del total andaluz.
De igual modo, en el primer semestre de este año se han interpuesto 3.680 denuncias por violencia de género en la provincia. Desde 2006, el número de denuncias en la provincia de Sevilla asciende a 75.150.
Por otro lado, en este mismo periodo, el servicio 016 de atención y asesoramiento legal en materia de violencia de género ha recibido un total de 235 llamadas, mientras que el servicio telefónico ATENPRO, muestra un total de 876 usuarias activas de este servicio, con el que las víctimas pueden disponer de un terminal de telefonía móvil al que recurrir en cualquier momento, las 24 horas del día, para efectuar la consulta que estimen pertinente.
Hace unos días el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) hizo públicas sus cifras de los primeros nueve meses del año. Según este balance, en Sevilla el IAM ha atendido a 414 personas, entre mujeres víctimas de violencia de género y personas dependientes a su cargo, lo que se traduce en un descenso del 10% respecto al mismo periodo de 2018, cuando atendió a 457 personas. También el Ayuntamiento ha informado de que, a través de los Centros Integrales de Atención a las Mujeres (CIAM), ha atendido más de 2.100 casos de malos tratos en los últimos tres años. Cerca del 94% de estos expedientes fueron por violencia cometida sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas, según datos del gobierno local.
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