Policía Nacional, dos siglos de honor
El 13 de enero de 1824, Fernando VII creó mediante la Real Cédula la Policía General del Reino, antecedente del actual cuerpo de seguridad que ha llegado reforzado y modernizado hasta hoy
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La Policía Nacional cumple hoy dos siglos de historia y lo celebrará con un solemne acto en Sevilla al que acudirán numerosos agentes de este cuerpo, tanto en activo como jubilados, así como familiares, amigos y allegados. El 13 de enero de 1824 está considerado como la fecha de fundación de la Policía española, pues cuando se creó, mediante una Real Cédula, la entonces llamada Policía General del Reino.
Ya antes, durante el Trienio Constitucional, se había elaborado un proyecto de cuerpo policial "destinado a la seguridad de las personas y bienes y la conservación del orden público", pero se frustró debido a la intervención militar francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis y la restauración de la monarquía absolutista.
La real cédula hace una doble clasificación del personal policial. Por un lado estaban los profesionales, integrados por el mismo superintendente general, el secretario, el tesorero, los comisarios de cuartel, y los celadores de barrio y de puertas. Y por otro, los semiprofesionales formados por los llamados alcaldes de barrio. El primer superintendente de la Policía española, José Manuel de Arjona, era natural de Osuna, pueblo donde será homenajeado el próximo martes.
Al año siguiente, Fernando VII ordenó la organización de un regimiento de caballería, como fuerza auxiliar de la anterior. Esta escuadra recibió la denominación de Celadores Reales, un claro antecedente de la actual unidad de Caballería, aunque sólo duró dos años. De hecho, la Policía actual ha recuperado el uniforme original para actos protocolarios o desfiles, como el de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla.
Al inicio del reinado de Isabel II, en 1833, se organizó un nuevo cuerpo uniformado, los Salvaguardas Reales, que asumió la misión de conservar el orden ciudadano en Madrid y sus alrededores. Su existencia sería breve. Continuaron en aquella época convulsa las fundaciones y disoluciones de cuerpos e instituciones, que ni siquiera pudieron llegar a acreditar su eficacia. En 1844, el Real Decreto de 26 de enero crea el Ramo de Protección y Seguridad, que restablece los desaparecidos cargos de comisario y celador. En el domicilio del celador, sobre su puerta, se colocaba un farol durante la noche que alumbraba un cartel con el anuncio de la Celaduría de Protección y Seguridad.
Los miembros de las nuevas unidades uniformadas eran conocidos como agentes hasta 1848, año en que cambiaron su nombre por el de Salvaguardias de Madrid. El mismo año se estableció el Gobierno Superior de Policía, órgano que puede considerarse la primera Jefatura Superior de Policía tal y como se entiende hoy.
Tras la revolución de octubre de 1868, La Gloriosa, que motivó el destronamiento y exilio de Isabel II, se instituyó el Cuerpo de Orden Público de Madrid. Inicialmente su ámbito territorial fue la capital del Reino, pero más tarde, el 1 de junio de 1870, el gobierno provisional extendió su jurisdicción a toda España. Aunque en principio tenía carácter militar, se desmilitarizó a un centenar de sus miembros para destinarlos a investigación y prevención de delitos.
La misma estructura policial se mantiene durante el breve reinado de Amadeo I de Saboya. En 1873, proclamada la República, volvió a reorganizarse la Policía Gubernativa y Judicial. El objetivo era crear un cuerpo al margen de las permanentes contiendas políticas. Así se evidencia en el Real Decreto de 6 de noviembre de 1877, que fija la existencia de dos servicios policiales, Vigilancia y Seguridad, desempeñados por dos cuerpos distintos. Según esta norma, había que huir "siempre de lo que vulgarmente se llama política, no siendo jamás arma de partido, sirviendo sólo a los verdaderos intereses sociales", para convertirse en "la más firme garantía de la seguridad personal y el auxiliar más poderoso de la justicia".
En 1886, muerto Alfonso XII, entró en vigor un real decreto que trajo consigo dos hechos relevantes: estableció la primera Dirección General de Seguridad y extendió al resto de España la organización de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad de Madrid. A partir de ese momento, la Policía Gubernativa tenía ya carácter nacional. Salvo excepciones, como la creación de un Cuerpo especial de Policía Judicial para Barcelona y Madrid únicamente, cuya misión era la persecución de los delitos cometidos con explosivos, en cumplimiento de la Ley de Represión del Anarquismo.
La reforma fundamental de la institución policial se produjo a principios del siglo XX, reinando Alfonso XIII, que firmó la Ley Orgánica de la Policía Gubernativa, el 27 de febrero de 1908. Esta ley fue fruto de la iniciativa y trabajo personal del entonces ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel. De la Cierva consiguió para los policías "dignidad, profesionalidad y estabilidad en el cargo", como se recoge en la propia historia oficial del cuerpo.
En virtud de esta ley, los cuerpos consolidados de Vigilancia y Seguridad velaban por toda la ciudadanía, a las órdenes del gobernador civil de cada provincia. El de Vigilancia lo forman los comisarios, inspectores jefes, inspectores de primera, segunda y tercera clase, agentes y vigilantes. Y el de Seguridad lo integran jefes y oficiales (procedentes del Ejército), clases y guardias.
El Real Decreto de 27 de noviembre de 1912 restaura la Dirección General de Seguridad, que se mantiene vigente hoy día. El primer titular de este nuevo centro directivo fue Ramón Méndez Alanís, auditor de división del cuerpo jurídico militar. Méndez Alanís creó los registros, estableció los laboratorios de fotografía y de revelado por huellas dactilares, y organizó el servicio policial por brigadas. Con esta organización buscaba la “especialización de aptitudes”, por lo que dictó normas concretas para los servicios de Barrios, Rondas y Ciclistas.
La ley de Presupuestos de 1932, promulgada por la II República, cambió el nombre al Cuerpo de Vigilancia por el de Investigación y Vigilancia. En cuanto al de Seguridad, vio incrementada su organización por las llamadas Secciones de Asalto. Fueron éstas de tal notoriedad, que terminaron añadiendo su propio nombre al del Cuerpo, conocido entonces como de Seguridad y Asalto. Durante la Guerra Civil, ambos bandos conservaron la denominación de los cuerpos policiales (Investigación y Vigilancia y Seguridad y Asalto). Sin embargo, en la zona republicana se unificaron en el denominado de Cuerpo de Seguridad, en el que había dos grupos (Uniformado y Civil) y en el que también se incluyeron las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, nacidas ya en plena guerra.
Finalizada la contienda, Franco configura las organizaciones policiales "huyendo de la vieja organización liberal y democrática", tal como declara la ley de 8 de marzo de 1941. Nacen dos nuevos colectivos policiales. Uno es de carácter civil: el Cuerpo General de Policía, cuya misión es “la información, investigación y vigilancia”. Y el otro, uniformado, de índole militar, es el encargado de “la vigilancia total y permanente, así como de represión cuando fuere necesario”: la Policía Armada y de Tráfico. En 1959 perdió sus competencias en materia de circulación interurbana, viendo reducido su nombre al de Policía Armada.
Con la llegada de la democracia, la ley de la Policía del 4 de diciembre de 1978, estableció la existencia de dos corporaciones profesionales a las que calificó como de Seguridad del Estado: el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional. Estas nuevas denominaciones estuvieron vigentes hasta 1986. Ese año de 1978 se convocaron por primera vez plazas para mujeres. Un año después, se incorporaron las primeras 42 inspectoras de Policía.
En 1986 entró en vigor la ley que da lugar a la Policía Nacional española en su configuración actual y define el modelo el modelo policial español vigente hasta la fecha. La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece la existencia de dos cuerpos de carácter estatal: el Nacional de Policía, resultado de la unificación de los antiguos Cuerpos Superior de Policía y Policía Nacional, y la Guardia Civil. Además, asigna a estas instituciones, bajo la dependencia del Gobierno central, "la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".
En las últimas cuatro décadas, la Policía se ha tenido que modernizar y adaptar a las nuevas necesidades de la sociedad, con especial hincapié en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o la violencia machista. Para ello es necesario una enorme labor de formación y especialización de las unidades que ha permitido, en el caso de Sevilla, que la ciudad pueda haber sido con garantías escenario de grandes eventos internacionales en los últimos años.
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