Un vacío legal impide a la Policía Local practicar controles antidroga

Un vacío legal impide a la Policía Local de Sevilla practicar controles antidroga pese a que el Ayuntamiento adquirió hace meses la tecnología necesaria para ello. A día de hoy, la Policía todavía no ha sometido a ningún conductor a la prueba de detección de sustancias estupefacientes. Los agentes de este cuerpo están a la espera de una instrucción que debe aprobar la Fiscalía General del Estado que dote dé cobertura legal a esta actuación y aclare quién debe asumir el coste de la prueba de contraste.

El Ayuntamiento de Sevilla adquirió dos drogotest y un identificador de sustancias el pasado verano. Estos aparatos, que costaron a las arcas municipales 35.000 euros, permiten determinar en tan sólo ocho minutos si una persona ha tomado sustancias psicotrópicas. Con una fiabilidad total, son capaces de discernir hasta siete tipos de drogas: anfetaminas, metaanfetaminas, THC (cannabis y marihuana), opiáceos, benzodiacepinas y cocaína. Los conductores están obligados a someterse a estas pruebas, al igual que en el caso de los test de alcoholemia. Los policías deberían primero hacer una primera prueba de saliva y, si el conductor da positivo en este primer control, se extrae una cantidad mayor de saliva y se envía la muestra a un laboratorio para la realización de una prueba de contraste.

Es en este punto donde está el foco del problema, ya que las pruebas de contraste son muy costosas y no está claro quién debe asumir el pago de las mismas. La falta de un protocolo que está pendiente de elaborar la Fiscalía General del Estado mantiene en suspenso el uso del nuevo dispositivo. Desde el pasado mes de diciembre, el furgón del control de alcoholemia de la Policía Local está equipado con el drogotest, pero aún no ha sido utilizado. Las órdenes que tienen los agentes es hacer un uso restrictivo del mismo, que consiste en someter a la prueba únicamente a los conductores que muestren evidentes síntomas de haber consumido drogas.

En la práctica, estas órdenes son tan restrictivas que en los casi tres meses que lleva la Policía con el nuevo sistema aún no ha habido ocasión de utilizarlo. La explicación radica en que el artículo del Código Penal -el 379.2- que se aplica a los conductores que conduzcan ebrios también hace referencia a los que lo hagan bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Es decir, la pena que se aplica a un conductor que da positivo por alcoholemia no se incrementa porque dé también positivo en el consumo de drogas. Por lo tanto, bajo la situación actual, sólo sería necesario utilizar el drogotest cuando los agentes detecten a un conductor con síntomas de ir drogado al volante pero que antes haya dado negativo en la prueba de alcoholemia. Desde diciembre hasta ahora no se ha dado ningún caso.

En mayo de 2012, durante la presentación de la memoria de la Fiscalía de Seguridad Vial, el fiscal encargado de esta materia en Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León, anunció que antes de julio de ese año ya empezarían a realizarse de manera masiva los controles antidroga a los conductores por parte de la Policía Local. Tras este anuncio, el Ayuntamiento de Sevilla adquirió el drogotest y formó a 15 agentes en el manejo del dispositivo. En septiembre del año pasado se presentó el dispositivo y desde diciembre se instaló en el furgón del control de alcoholemia.

La intención del Ayuntamiento es en el futuro realizar estos controles independientes de los de alcoholemia y hacerlos a diario o al menos durante los fines de semana y vísperas de festivo. Sin embargo, este uso generalizado del drogotest no puede ponerse en práctica porque falta la instrucción de la Fiscalía General del Estado, que debe regular el uso de dispositivos de detección de drogas por todas las policías locales de España.

Este protocolo está pendiente desde el año 2010, cuando una reforma legal permitió a las policías locales realizar este tipo de controles, que hasta entonces sólo los podían hacer las Fuerzas de Seguridad del Estado. Hace dos semanas, el fiscal de Seguridad Vial del Tribunal Supremo, Bartolomé Vargas, visitó Sevilla y se reunió con la fiscal jefe, María José Segarra, su homólogo en la Fiscalía sevillana, Luis Carlos Rodríguez León, y con los jefes de las policías locales de la capital y de los municipios más poblados de la provincia.

Los mandos policiales expusieron a ambos fiscales el gran malestar que existe entre los agentes municipales, que están a la espera del documento legal que dote de base jurídica los controles antidroga. Igualmente, lamentaron que la inversión realizada por los ayuntamientos no pueda ser rentabilizada por el vacío legal actual.

La Fiscalía de Sevilla trabaja intensamente en la puesta en marcha de estos controles de forma pionera y a falta de la publicación de la instrucción de la Fiscalía General del Estado. La intención del Ministerio Público es que en los próximos meses puedan realizarse ya estas pruebas, que, en caso de ponerse en marcha antes del verano, llegarían aproximadamente un año después de que se prometieran.