La Policía Local desconoce quién accedió a sus grabaciones ilegales

La Policía Local de Sevilla desconoce si alguien pudo acceder a las grabaciones ilegales realizadas a los conductores que fueron sometidos a pruebas de alcoholemia en la Jefatura de la Ranilla. La Policía admite que no hubo control alguno sobre estas grabaciones, no sabe quién pudo acceder a ellas ni tampoco qué uso se ha podido hacer de estas imágenes. Más de cien conductores fueron grabados de manera ilegal este invierno por estas cámaras, colocadas presuntamente por dos intendentes del cuerpo que no tenían autorización alguna para ello.

Así consta en un informe interno firmado por el superintendente Juan José García, en el que se da cuenta con todo detalle de lo ocurrido. El informe, dirigido a la Delegación de Movilidad y Seguridad, expone que la Jefatura tuvo conocimiento de la existencia "de un sistema de grabación de imágenes y voz" a las dos y media de la tarde del día 26 de enero. Este sistema estaba "colocado en la zona de calabozos, donde se realizan las pruebas de alcoholemia" y consistía en "dos cámaras de grabación de imagen y audio, además de un servidor de grabación, cuatro discos duros y cableado".

El superintendente relata que dio la orden de suspender todas las grabaciones un cuarto de hora después de tener conocimiento de la existencia de las cámaras. A las seis de la tarde de ese mismo día, el delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, ordena que se retiren los dispositivos de grabación. Al día siguiente, 27 de enero, se procede a la intervención de los cuatro discos duros y al precintado de los mismos, quedando custodiados por el superintendente. "Igualmente, queda intervenido el sistema de grabación y, una vez precintado, queda depositado en las dependencias del servicio técnico de transmisiones".

El informe deja claro que la Jefatura "no ha tenido en ningún momento conocimiento de la instalación de dicho sistema de grabación, al no haber sido comunicado reglamentariamente por los funcionarios que han decidido y ordenado su instalación". Por el mismo motivo, el informe excusa a la Delegación de Seguridad y al Ayuntamiento, que tuvo conocimiento de lo ocurrido una vez que el superintendente supo de la existencia de las cámaras.

La Policía reconoce que la instalación de estos equipos de filmación "no se ajusta a ninguno de los requisitos legalmente exigidos". También admite que las imágenes y grabaciones de voz "han estado sin control por parte de esta Jefatura durante todo el tiempo que transcurrió desde su instalación hasta que se ordenó su retirada". Por lo tanto, se "desconoce igualmente si ha podido haber acceso a esos datos, quiénes han podido acceder a ellos y el uso que de los mismos se haya podido hacer".

El documento añade que el sistema ha venido recogiendo imágenes y voz de todos los ciudadanos que han realizado las pruebas de alcoholemia, desde que se inició la vigilancia hasta que cesaron de realizarse. La investigación interna abierta por la Policía Local determinó que las cámaras se instalaron el 14 de diciembre, con lo que funcionaron casi un mes y medio. En este período grabaron a más de cien conductores de manera ilegal. La Policía insiste en que los equipos de videovigilancia "no constan en ningún tipo de registro público ni tienen publicidad alguna para los ciudadanos afectados, ni para los propios funcionarios que han realizado las pruebas o participado en las custodias y traslados".

El informe también cuenta con un apartado en el que se detalla la normativa del uso de videocámaras para poder grabar a personas. En la ley de seguridad ciudadana hay un apartado sobre el uso de videocámaras por parte de las Fuerzas de Seguridad, que deben ajustarse a la legislación vigente en la materia, es decir, a lo que marca la ley orgánica de protección de datos. Este texto especifica que ha de solicitarse autorización a la Delegación del Gobierno para poder instalar una serie de cámaras de videovigilancia, así como que se deben informar a las personas que están siendo grabadas. En el caso de la Policía Local, no sólo se pidió permiso alguno, sino que tampoco existía ni un mero cartel informativo dirigido a los conductores que eran sometidos a las pruebas de alcoholemia.