69 medidas para salir de la exclusión

El plan de intervención en zonas desfavorecidas contempla un paquete de 69 medidas, que se aplicarían, en caso de que hubiera financiación, en los próximos tres años. El grueso del plan recae sobre los servicios sociales, que sufrieron un gran recorte durante los años de la crisis.

El Ayuntamiento de Sevilla considera este departamento como "responsable del trabajo de intervención social con las familias que padecen una situación de necesidad en Sevilla y requieren mayor energía para articular actuaciones encaminadas a mitigar el impacto de la desigualdad, impulsar itinerarios personalizados para la inclusión sociolaboral y fomentar el desarrollo comunitario en las zonas más desfavorecidas".

El programa contempla la perspectiva de género en la intervención social. Con ello, el Consistorio pretende introducir una "comprensión más amplia de los problemas de las mujeres y los hombres que el de la sola vulnerabilidad". Las medidas que se pondrán en marcha han sido consensuadas en un proceso participativo con 142 entidades, de las que 44 son públicas y 98 privadas, agentes sociales, empresariales y técnicos.

El presupuesto total del plan es de 17.752.755,76 euros, de los cuales 12.779.793,21 son financiados por la Junta de Andalucía y por los fondos europeos, y otros 4.972.962,55 aportados por el propio Ayuntamiento. Todo este dinero va dirigido a la contratación del equipo de profesionales que debe encargarse de la ejecución. El primer año, el equipo estará formado por 88 profesionales. Este equipo se irá ajustando progresivamente a las medidas contempladas en el plan, que abarca hasta agosto del año 2022.

Ejes del plan contra la pobreza

Las medidas se estructuran en varios ejes. El primero de ellos es el de desarrollo económico y comunitario sostenible. Aquí, los profesionales de los servicios sociales se dedicarán a acompañar a la población residente en las zonas desfavorecidas en su itinerario de inserción laboral. Se encargarán de orientar a los vecinos en la búsqueda de empleo y formarlos en habilidades sociales. También se establecerán cupos para personas residentes en estos barrios en los programas de empleo y se fomentará la inclusión de cláusulas sociales en la contratación de las empresas públicas.

El programa también tratará de regular algunas actividades de economía sumergida, a través de empresas que se encarguen de acondicionar solares para aparcamiento o de la recogida de papel. También se impulsará el comercio y las empresas tendrán ayudas por contratar a residentes en las zonas desfavorecidas.

El segundo eje es el de las políticas públicas para el bienestar y la cohesión social. La principal medida recogida en este apartado es el refuerzo de la dotación de trabajadores de los servicios sociales. También se contempla el incremento del número de actividades deportivas, de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y a la juventud, las encaminadas a promover la conciliación familiar y laboral, la formación para los profesionales para que conozcan mejor colectivos como la población inmigrante y la comunidad gitana, y el diseño de planes de inclusión sociolaboral. Otra de las estrategias se basa en el desarrollo de programas de salud sexual y reproductiva y de políticas de planificación familiar.

En este eje también encajan las medidas encaminadas a prevenir las drogodependencias y la adicción al alcohol, así como las relacionadas con la salud mental, la lucha contra la violencia de género y los malos tratos infantiles y mejorar las relaciones entre padres e hijos.

Igualmente, se pondrán en marcha políticas contra el abandono y el fracaso escolar, así como las encaminadas a conservar, mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente, con la instalación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas. Entra aquí en juego también la eliminación de chabolas y demás infraviviendas, la normalización de la titularidad de los pisos y casas, y el freno a los desahucios por impagos del alquiler o la hipoteca.

El tercer eje es el de la mejora del hábitat y la convivencia, con más equipamientos deportivos, culturales y sociales, la mejora de la red de transporte público, la regeneración de plazas y espacios públicos, acabar con los enganches ilegales y una mayor vigilancia contra las conductas incívicas. El cuarto eje es el del trabajo en red e innovación en la intervención comunitaria, promoviendo sobre todo la participación ciudadana.