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Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla han instado al gobierno municipal socialista a aprobar en un plazo de 15 meses los dos planes de protección que quedan del conjunto histórico, los del Alcázar y la Catedral. Partido Popular y Ciudadanos se han adherido a las propuestas de Vox y Adelante Sevilla, votando en contra sólo el grupo socialista, que defiende que se está negociando con Cultura para no errar en la redacción.
La propuesta, que primero se debatió en la Comisión de Control y Fiscalización, pedía, por un lado, la revisión y redacción de los planes relativos a la Catedral y el Alcázar para su presentación al Pleno y aprobación inicial en un plazo máximo de 15 meses. Además, se ha acordado en este sentido la puesta en marcha de una comisión que se reunirá cada dos meses y que estará integrada por todos los grupos municipales para hacer el seguimiento de los trabajos.
En segundo lugar, se ha pedido la homologación de todos los sectores que ya cuentan con Plan Especial de Protección a la Sentencia del Supremo en el mismo plazo de 15 meses.
Finalmente, la oposición ha reclamado que se revisen los compromisos con la Unesco para la zona de respeto y la zona de amortiguamiento de los tres monumentos declarados Patrimonio Mundial y la revisión del acuerdo con este organismo para evitar que vuelvan a surgir problemas como aquellos que acontecieron con la el rascacielos de la Cartuja.
La construcción de la Torre Peli estuvo a punto de conllevar la salida de Sevilla de la lista de ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco por su afección en el paisaje. En una trascendental cita celebrada en San Petersburgo en 2012, el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido; y el propio Gobierno de España a través del ministerio de Cultura, se comprometían a completar los planes de protección pendientes en el año 2013 para que los tres monumentos que cuentan con la declaración de Patrimonio Mundial no se vieran de nuevo comprometidos. También se solicitaba del Estado a la Unesco que el 1 de febrero de 2015, como fecha más tardía, emitiera un informe sobre la puesta en marcha y aplicación de esos planes sectoriales.
Desde el gobierno municipal, el todavía delegado de Urbanismo y próximo alcalde, Antonio Muñoz, defendía hace unas semanas que tras la sentencia del TSJA que afirmaba que los planes incumplían varios artículos de la Ley de Patrimonio se paralizó su tramitación. En el correspondiente a la Encarnación, uno de los afectados por el fallo, se ensayaron las modificaciones que había que incorporar según el Tribunal. “Queríamos que fuera la referencia para los otros dos (Catedral y Alcázar). ¿Qué pasó? Que hubo un informe desfavorable de Cultura en 2015 que dio al traste con la posibilidad de continuar. Desde entonces hemos estado negociando con la consejería de Cultura para desbloquear la situación. Hasta que no tengamos el visto bueno sería suicida continuar con la tramitación”, concluía Muñoz.
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