El Ayuntamiento de Sevilla eliminará el plus de edificabilidad que transformó la Palmera

La Gerencia de Urbanismo trabaja en dos líneas para evitar casos como la transformación que ha sufrido en los últimos meses la Avenida de la Palmera. La primera es eliminar el plus de edificabilidad en los equipamientos cuando se desarrollan en suelos que no tienen esa catalogación como uso compatible. La segunda es incrementar el nivel de protección de los inmuebles del entorno del paseo regionalista. Estas dos medidas se suman a que el gobierno socialista se encuentra revisando la licencia otorgada para levantar una residencia de estudiantes en el número 38 de la Palmera tras el recurso presentado por los vecinos y las asociaciones en defensa del patrimonio solicitando la suspensión de unas obras que empezaron en noviembre con el derribo del chalet que ocupaba la parcela.

El gobierno socialista pretende tomar una de decisión definitiva en torno al polémico artículo 6.6.3 que da un plus de edificabilidad a equipamientos cuando se desarrollan en suelos que no tienen esa catalogación como uso compatible. La idea es que ese artículo quede derogado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al entender que los objetivos de reequipamiento de determinadas zonas de la ciudad han quedado suficientemente cumplidos.

Los técnicos de Urbanismo están viendo también revisar e incrementar el nivel de protección de los inmuebles (tanto edificios como espacios libres) del entorno de la Palmera, entendida como conjunto urbano, “con nivel de protección establecido tiempo atrás y que podría haber quedado insuficiente ante el crecimiento interés inmobiliario en la zona”. Para ello, estudian la fórmula de un catálogo que pueda incluir determinados bienes del acerado oeste (los números pares) que no forman parte actualmente del conjunto histórico declarado. En la actualización de ese nivel de protección se analizará también la conveniencia de abordar una modificación de alguna de las determinaciones del PGOU vigente para este paseo regionalista, de forma que se garantice en el futuro la lectura de este entorno como un conjunto urbano singular arquitectónico y paisajístico.

Ambas líneas de trabajo están abiertas con el objetivo de proteger la Avenida de la Palmera. Para el equipo de Antonio Muñoz hay un punto de inflexión en la evolución de la avenida de la Palmera, y es el 14 de julio pasado, momento en el que entró en vigor una primera y drástica medida tras las críticas de vecinos y asociaciones en defensa del patrimonio: la suspensión de las licencias afectadas por el artículo 6.6.3 del PGOU.

Hay una tercera pata en la polémica transformación que ha sufrido la Palmera en los últimos meses. Urbanismo se encuentra revisando la licencia otorgada para levantar una residencia de estudiantes en el número 38 tras el recurso presentado solicitando la suspensión de unas obras que empezaron en noviembre con el derribo del chalet que ocupaba la parcela. Los técnicos de la Gerencia están analizando estos días los razonamientos aportados por los ciudadanos (consideran que el edificio proyectado rompe con la estética y el valor patrimonial de esta arteria de la ciudad) para evaluar si ocurren causas suficientemente argumentadas para revocar la licencia conforme a lo previsto en la ley.

La concesión de este permiso se otorgó casualmente el mismo día que el Pleno del Ayuntamiento daba luz verde a la modificación de los artículos del PGOU que permitían aumentar la edificabilidad de estas parcelas cuando se cambiaba su uso de residencial a dotacional. Las condiciones ventajosas en edificabilidad afectaban a equipamientos privados como residencias universitarias, residencias de mayores o clínicas sanitarias en parcelas ubicadas en áreas de baja densidad edificatoria, caso de la Palmera.

Este proceso lleva aparejada una moratoria o suspensión de esa edificabilidad extraordinaria durante un año, lo que no implica que no puedan construirse edificios de este tipo, sino que no contarán con ese incentivo introducido en el Plan General aprobado en 2006, en plena burbuja inmobiliaria. El gobierno liderado por Antonio Muñoz sostiene que la “voluntad política” de modificar el PGOU es clara, pero que “las decisiones se toman con criterios técnicos, nos gusten más o menos”, aludiendo a que la licencia concedida fue consecuencia de una tramitación administrativa “ordinaria” anterior a lo aprobado en sesión plenaria.

Los socialistas argumentan que “tomaremos la decisión según los informes jurídicos y técnicos que están en marcha. Tenemos que actuar con lo que marca la normativa vigente en cada caso. Y esto es lo que hemos hecho en este caso”. En este polémico proyecto la edificabilidad autorizada se ha disparado nada menos que un 770%. De 1.964 metros cuadrados construidos, según fuentes del Catastro, se pasará a más de 17.000, según el proyecto presentado en la Gerencia.

La última queja que ha llegado a la Casa Consistorial es de un grupo de arquitectos sevillanos (Luis Fernando Gómez Stern, Javier Queraltó Dastis y José J. Ferrari Márquez) que han mantenido previamente una ronda de reuniones con los grupos de la oposición para lograr la paralización de la nueva residencia de estudiantes. En el escrito denuncian “otro atentado urbanístico” y la falta de diligencia de Urbanismo y los partidos políticos al ser “incapaces de frenar esta actuación especulativa fomentada por un planeamiento erróneo que podría ser contraria al ordenamiento jurídico”.

No ha sido la única. A mitad de noviembre llegó otra queja en la que exigían al alcalde una reunión y en la que lamentaban la inacción municipal sobre lo que está pasando en este histórico paseo. Firmado por un total de once asociaciones y personas a título particular, reclamaron que se tengan en cuenta las propuestas que ya trasladaron a la Gerencia tras aprobarse la modificación puntual del PGOU para evitar que se sustituyeran los chalets por grandes residencias universitarias que colmatan las parcelas al máximo y desvirtúan la imagen regionalista de esta avenida.