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Luis Carlos Peris
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La secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, expresó este martes su respaldo a la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, tras la denuncia que ha presentado contra ella el juez de Familia 7 Francisco Serrano.
El juez ha denunciado a Montalbán por amenazas después de que la presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), le recriminara falta de rigor por hablar de "denuncias falsas" de malos tratos por parte de mujeres. Para el PSOE, éste es un "mito" con el que hay que acabar.
En un comunicado, el PSOE puntualizó que hace meses Cabezón ya tuvo que salir al paso del "uso sesgado" que este juez hizo de de los datos CGPJ sobre el número de denuncias por violencia de género. Además, lamentó que Serrano "se empecine en su error, con declaraciones en las que hace mención, sin ningún rigor, al mito de las denuncias falsas".
Igual que hizo en la mañana de este martes la propia Montalbán, la dirigente socialista opinó que posiciones como la de Serrano provocan que "las mujeres se piensen si acudir o no a la justicia" por temor a no ser escuchadas o a "ser tachadas de falsas", cuando lo cierto es que la denuncia es el primer paso que tiene que dar una víctima para ser protegida.
"Muchas de las mujeres asesinadas este año no denunciaron a sus agresores", continuó Cabezón, que recordó que en el Congreso acaba de terminar una Subcomisión de Violencia de Género, "en la que han comparecido casi 40 personas, mayoritariamente jueces y magistrados, que han coincidido en la importancia de la ley y en la necesidad de acabar con el mito de las denuncias falsas".
Así, concluyó que no se puede hablar de "denuncias falsas" sino, como han dejado claro los ponentes de esa comisión, de denuncias que se retiran "por la vulnerabilidad económica, social y psicológica de las mujeres víctimas de violencia".
La dirigente y diputada del PSOE quiso recordar que la Ley contra la Violencia de Género fue aprobada con el consenso de todos los grupos políticos y que por ello "los magistrados tienen que aplicar las leyes vigentes" para poder transmitir a la sociedad el mensaje de "que pueden estar confiados porque nuestro sistema funciona, y muy especialmente a las mujeres que deciden denunciar a sus agresores".
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