El PP denuncia que hay 2.500 licencias de apertura pendientes

De dos años a cuatro meses. Ésta es la reducción en el tiempo de espera para obtener una licencia de apertura que pretende lograr el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla tras presentar 41 alegaciones a la nueva ordenanza de actividades formulada por el gobierno municipal. Con ellas se pretenden disminuir los trámites burocráticos que provocan que 2.500 solicitudes estén a día de hoy pendientes, con el consiguiente perjuicio económico que supone para la ciudad. Para facilitar la puesta en marcha nuevos negocios el PP también ha presentado cinco alegaciones a la ordenanza fiscal de la tasa de apertura, con una considerable reducción de gastos para los inversores.

Tardar dos años en poner en marcha un negocio en tiempos de crisis es algo "inconcebible". Sobre esta premisa el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, fundamenta la propuesta de su grupo para que se agilicen los trámites burocráticos para abrir un local. La ralentización que se produce en la capital andaluza es bastante "extrema" si se compara con otras ciudades españolas como Madrid o Barcelona, donde la demora no supera un año. Por este motivo, los populares han presentado 41 alegaciones a la ordenanza de actividades que presentó el Ayuntamiento hace unos meses, unas medidas agrupadas en cuatro bloques, entre los que destaca la anulación de las hojas de parámetro por unas "declaraciones responsables" de los propietarios del negocio amparadas por memorias, planos y fotos. Este documento estaría firmado por el emprendedor y por los técnicos oficiales. Dicha medida sería aplicable para establecimientos que tengan hasta 1.500 metros cuadrados. Actualmente sólo se permite para los que no excedan de 300.

También se incluye la creación de una ventanilla única, de manera que el emprendedor no tenga que acudir a tres departamentos distintos: la Delegación de Urbanismo, la de Medio Ambiente y Bomberos. Este trámite vendría acompañado de una entrega "telemática" y de la creación de una oficina de supervisión del proyecto, que serían privadas con la supervisión municipal.

La concejal de Medio Ambiente, Encarnación Martínez, no tardó ayer en asegurar que las alegaciones del PP "no aportan nada nuevo, sino que calcan y repiten los artículos de la ordenanza", a lo que añadió que la única novedad es la creación de una oficina privada que controle la concesión de licencias de apertura, "con lo que se pretende privatizar el proceso y externalizar al control del funcionario público los proyectos que se inicien en la ciudad".