El PP andaluz quiere un acuerdo en Sevilla para salvar a Moreno

Sevilla/El PP andaluz no maniobra ya para impugnar el congreso de su formación en Sevilla, sino para al menos salvar la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que se empeñó personalmente en auspiciar una candidatura liderada por Juan Ávila, alcalde de Carmona.

El aparato regional acepta ya que Virginia Pérez sea la presidenta del PP sevillano, cosa a la que hasta ahora se había negado con insistencia, pero promueve al menos una ejecutiva de integración que incluya a Ávila como secretario general y un 50% de los puestos para sus afines. Génova, que apoya a Virginia Pérez al igual que tres ex presidentes del PP sevillano y el ex alcalde Zoido, ha dado libertad de negociación a la presidenta y candidata a la reelección. Lógicamente, Pérez y Ávila deben reunirse a lo largo de este viernes para pulsar las posibilidades de llegar al sábado, día que se celebra la primera votación, con una posible lista unificada.

Las opciones de que un acuerdo salga adelante son escasas, habida cuenta de que Virginia Pérez tiene claro que los militantes deben expresarse en las urnas y, en función de los resultados, optar por una lista que represente la voluntad de los votantes.

Los cálculos del PP andaluz no deben ser muy optimistas cuando es el aparato regional el que acepta ya la presidencia de Pérez con tal de evitar que el candidato de Moreno salga derrotado.

Juan Ávila es alcalde de Carmona con mayoría absoluta, sin que hasta hubiera mostrado otra ilusión añadida que la de ser senador por Sevilla. Es un alcalde combativo en la defensa de los intereses de su pueblo hasta el punto de exigir enérgicamente para su pueblo infraestructuras básicas al actual Gobierno andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía acudió a Carmona el pasado 28 de febrero para pedirle que encabezara una candidatura alternativa a Pérez.

El miércoles se reunió el Comité regional de Derechos y Garantías del PP para estudiar la denuncia presentada por los afines de Juan Ávila contra la Junta Directiva Provincial que convocó el congreso. Miembros de la candidatura de Ávila pretendían que el comité actuara y el asunto llegara al juzgado de guardia, para que fuera el poder judicial el que tomara la medida de optar por una suspensión cautelar, lo cual dejaría al partido empantanado pero, al menos, no se correría el riesgo de que el presidente de la Junta saliera derrotado en un congreso provincial.

De momento se ha descartado el recurso a la Justicia, habida cuenta de que el asunto antes tendría que pasar por el comité nacional de Derechos y Garantías. Si el acuerdo entre ambas partes prosperara, los afines de Ávila retirarían todos los recursos y denuncias.