Obscenidades en la Hispalense

Algunos padres, quizás menos de los que debieran, intentan inculcar a su hijos el mayor respeto hacia sus profesores, idealizados como modelos de conducta y espejos en los que los alumnos se reflejan a diario en esas horas en las que los padres ceden a los maestros el complejo testigo de la educación. Por eso cuando estalla un escándalo que tiene como protagonista a alguien que se presupone debe ser el estandarte y difusor de esos valores de tolerancia, respeto a los demás y educación se produce una auténtica conmoción social.

Es lo que ha sucedido esta semana con la condena de siete años y nueve meses de prisión al que fuera decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla Santiago Romero Granados (Archidona, 1949), por abusar sexualmente de dos profesoras de su departamento y de una becaria de investigación.

El mismo día en que trascendió la noticia de la condena al catedrático de la Hispalense, las páginas de sucesos se llenaban con otras dos informaciones del mismo tenor. Curiosa y lamentable coincidencia. La condena del catedrático se publicó junto con la de la detención de un joven de 19 años por abusos sexuales y corrupción de menores a través de internet, mediante el método conocido como grooming -las extorsionaba para que le enviaran fotos desnudas-, y con la de un funcionario de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra a quien la Fiscalía ha pedido siete años de cárcel por haber abusado de cinco reclusas, a las que exhibía vídeos pornográficos, hacía tocamientos y dejaba que le dieran masajes o le depilaran.

Pero sin duda la condena de Santiago Romero se llevaba la palma claramente. Las vejaciones a las que el académico sometió durante cuatro años, entre 2006 y 2010, a estas tres mujeres aparecen reflejadas con un proceloso detalle en los 74 folios de la sentencia dictada por el juez de lo Penal número 2 de Sevilla, Luis Santos Díaz, y han situado el caso del catedrático en el epicentro de la crónica de tribunales a nivel nacional, con una impactante repercusión mediática.

La barbaridad de la conducta de acoso desarrollada por el ex decano, unida a las manifestaciones y comentarios tabernarios que hacía a las profesoras mientras se producían esos hechos, ha acabado añadiéndole mayor morbo a una historia que también ha menoscabado la imagen de la Universidad de Sevilla. Especialmente escalofriante es uno de los hechos probados que recoge la sentencia. Dice el juez que en febrero de 2007, cuando el catedrático se encontró con una de las profesoras en una escalera, le dio alcance y le preguntó qué le pasaba. A continuación se puso delante de la mujer y le dijo que le había salido "un bulto", separó las piernas, y añadió: "Aquí en los huevos. Tócalo, tócalo". Un comentario de este tipo hace que Torrente parezca incluso un tipo elegante al lado del catedrático.

Pero no son sólo esos comentarios soeces los que acercan a presidio a quien había logrado un currículum brillante. Santiago Romero -que comparte nombre de pila con el actor que interpreta de maravilla el personaje cinematográfico citado- había sido el primer catedrático en España de Educación Física en el área de didáctica de la expresión corporal y fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación durante 12 años, entre 1997 y 2009, coincidiendo parte de su mandato con la época en la que se produjeron los abusos. El catedrático fue además entrenador internacional de voleibol -seleccionador español femenino entre 1982 y 1984- y recibió la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Santiago Romero también había publicado, con otros autores, varios trabajos sobre la igualdad de género en la Educación Física, además de diversos libros y había participado en numerosos congresos.

Hay quien se sigue preguntando cómo las tres profesoras víctimas del catedrático soportaron cuatro años de vejaciones, algo que podría explicarse por el poder que el acusado tenía dentro de la facultad, ya que la propia sentencia recoge que al menos desde el año 2006 vino haciendo "ostentación de su poder académico", dejando claro a las profesoras que "él era quien mandaba en el departamento de Educación Física" y "quien tomaba las decisiones relevantes en cuanto a docencia, investigación, etcétera, de modo que habían de seguirse sus indicaciones como la de nombrarle director de las tesis doctorales", llegando a "aislar" a las personas que no se comportaban como él entendía correcto.

El juez reprochó al catedrático que no sólo tenía la obligación de respetar las normas, los derechos y las libertades de sus subordinados, sino que tenía el "deber de convertirse en garante de esos derechos y libertades".

Obscena no sólo ha sido la conducta de Santiago Romero. La condena del catedrático ha puesto de manifiesto, además, la reacción tardía de la Universidad de Sevilla. Es cierto que dos días después el rector, Miguel Ángel Castro, compareció públicamente para pedir perdón a las víctimas y a la sociedad y que después mantuvo un encuentro en privado con las profesoras, pero la gestión de este asunto que denunció la propia Universidad en 2011 no ha sido la más acertada.

Al rector le honra haber pedido disculpas, pero la suspensión del catedrático ha llegado muy tarde. Tan tarde que Santiago Romero seguía dando clase el mismo día que se conoció la sentencia. Se podrá argumentar que la Universidad no podía tomar una medida tan drástica, que requiere un expediente disciplinario, cuando el caso estaba en los tribunales, dado que la vía administrativa se suspende hasta la resolución final de la actuación judicial, pero esto tampoco es así.

Querer culpar a la lentitud de la Justicia -que por otra parte es evidente y nadie niega- de la falta de actuación de la Universidad no es del todo riguroso, porque si el caso se denunció en 2011 y la sentencia no se ha dictado hasta seis años después, la Universidad tenía que haber adoptado medidas más contundentes más allá de las que el propio rector aseguró que se habían tomado cautelarmente como la división del departamento en dos y la separación de los despachos. Afirmar, como hizo el rector, que en seis años "los que de verdad saben de leyes, que son los jueces, no han hecho nada" es realmente injusto o implica que desconoce el funcionamiento de los tribunales porque, en muchas ocasiones, la demora de un proceso judicial se debe al sistema tan garantista que tenemos y que establece una serie de recursos contra las resoluciones que dictan los jueces que convierten estos procesos en interminables. Y todo ello, insisto, reconociendo la lentitud de la Justicia, lo que ha hecho que se le haya aplicado incluso una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas al catedrático.

Quizás en las instituciones académicas debería contemplarse como motivo de suspensión cautelar la apertura de juicio oral, como sucede con los jueces y los fiscales, y que cada vez más se está imponiendo en relación con los delitos imputados a los políticos.

El hecho de que ahora, sólo con la sentencia del juzgado de lo Penal -que no es firme y va a ser recurrida ante la Audiencia de Sevilla-, la Hispalense haya apartado al profesor, suspendiéndolo y prohibiéndole el acceso a la Facultad, es la prueba más rotunda de que esa medida se podía haber adoptado muchos años atrás sin esperar el resultado de la Justicia. Mientras dure la suspensión, el catedrático seguirá percibiendo el 75% de su sueldo sin trabajar.

El juez reconoce en la sentencia que el catedrático ha dejado una "huella que va a ser difícil de borrar" en las víctimas, porque a una le ha causado un importante problema de salud, a otra le ha limitado el "desarrollo de la carrera profesional" y a la tercera le ha ocasiona que haya pasado de "ser una alumna con un futuro prometedor en la docencia a su abandono". Quizás varias generaciones de alumnos hayan perdido la oportunidad de recibir los conocimientos de una profesora que, como comenzaba este artículo, podría haberse convertido en un nuevo referente para los estudiantes.