Nuevo punto de intercambio de hijos para divorciados en conflicto

La Junta de Andalucía ha ampliado su servicio de Punto de Encuentro Familiar, que se encarga de prestar asistencia en el intercambio de hijos de parejas en conflicto entre los que se han establecido medidas judiciales, con una nueva sede en el barrio de Los Bermejales en Sevilla, que complementa a las dependencias ya existentes en la calle León XIII de la capital ante el aumento de la lista de espera y con la intención de tramitar de forma especializada los casos vinculados a la violencia de género.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, visitó ayer las nuevas instalaciones, ubicadas en el edificio anexo a la sede de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, destacando que desde que se pusieron en funcionamiento el pasado 13 de octubre, la lista de espera "se ha reducido de 58 personas a 20", y espera que "en los próximos tres meses desaparezca por completo".

Así, indicó que en las dependencias de Sevilla, que se suman a los diez puntos que hay repartidos por toda Andalucía -uno por capital de provincia, más otros dos en Algeciras y Marbella-, han atendido a unos 400 menores desde 2011.

Durante su visita a las instalaciones, el consejero llamó la atención sobre la falta de una normativa que regule algunos aspectos de estos centros. Por un lado, resaltó que sería "muy conveniente" que no sea únicamente el juez el que pueda derivar a las personas a estos Puntos de Encuentro, sino que "también puedan hacerlo los servicios sociales de la Junta cuando vean que hay una situación de conflicto, aunque no esté judicializada".

Asimismo, señaló que otro problema que hay que atajar es delimitar más las competencias de estos centros, pues "en muchos casos llegan menores o padres que tienen anomalías psíquicas, que requieren una terapia individualizada que debe prestarse en centros de salud".

Por ello, De Llera anunció la puesta en marcha de una normativa para regular estos aspectos que estará lista "en esta legislatura", incidiendo en que este servicio prestado por la Administración autonómica "no va a desaparecer". "En Andalucía tenemos una voluntad política inquebrantable de mantener los servicios sociales", dijo.