Nueva condena al abogado que denunció al juez Francisco Serrano

El abogado Iñigo Moreno Lara, que en su día denunció al juez Francisco Serrano, sigue acumulando condenas: está en prisión por maltratar a su mujer y por agredir a dos policías y ahora ha sido condenado a otros seis meses de cárcel por llamar "gay" a un compañero en un juicio y decir que el juez "viola la ley con todo el morro y con toga".

Moreno Lara, de 67 años, se dio a conocer como abogado de la madre que denunció al juez de Familia Francisco Serrano por prevaricación. Pero luego empezaron a trascender otras facetas de su personalidad: en este momento cumple una condena de 21 meses de cárcel por maltrato psicológico a su mujer y otra de un año de prisión por agredir a dos policías.

Los hechos que motivan la nueva condena ocurrieron durante un juicio el 12 de junio de 2015 en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Moreno Lara, que ejercía la defensa, empezó a hablar a voz en grito, sin haber pedido la palabra y desde el estrado. Durante diez minutos profirió improperios "de forma chulesca y descarada", a voz en grito y sin que pudiese oírse otra voz que la suya. Sobre el magistrado dijo que había vertido coacciones contra los que intervenían en el pleito y que "apunta maneras de meter en la cárcel a quien ha osado interponerse al amor que se prestan estos dos gays", señalando al abogado de la acusación y a su cliente.

"Vamos a ver, señoría, si ustedes violan la ley con todo el morro y con toga, ahora no me venga diciendo 'letrado, compórtese', porque el que no se ha comportado con todo lo que juró defender ha sido su señoría". "Qué morro tiene, señoría, acusa a un testigo de delito y encima me echa la culpa a mí. Hay que tener coraje. ¿No le da vergüenza?", según otra de las frases por las que ha sido condenado.

También aludió a una pretendida connivencia "íntima" del fiscal y el abogado de la acusación. Conminó al representante del Ministerio Público "a abandonar la carrera y dedicarse a otra profesión, hasta relacionándolo con la fuga de un penado", según la sentencia. Finalizó dirigiéndose al abogado de la acusación para decirle "No te pongas colorado, se puede ser gay en España".

El fallo del juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, al que ha tenido acceso este periódico, impone a Moreno Lara dos condenas de 900 euros cada una por dos delitos de injurias a funcionario público, pues fue "evidente" su ánimo de injuriar al juez y fiscal, que fueron "gravemente ofendidos" en presencia de los asistentes al juicio y los funcionarios del juzgado, llegando a imputarles "incumplimientos profesionales y conductas que podrían ser hasta delictivas". "Hasta recomienda al juez que no le toque los cojones al fiscal", precisa la sentencia.

A este delito de injurias se una otra condena por un delito de desórdenes públicos por la que Moreno Lara cumplirá seis meses de cárcel y dos años y medio de prohibición de acudir a un tribunal o juzgado.

Sus insultos fueron proferidos "en un tono de voz que impedía que cualquier persona presente en la Sala, incluido el magistrado que la dirigía, fuese oída, en una actitud impertinente, chulesca y descarada". Los asistentes "tuvieron que soportar un espectáculo inadecuado y bochornoso, ajeno al decoro y respeto que debe presidir cualquier acto en el que se debatan cuestiones e intereses de todos los ciudadanos", según la sentencia.

El magistrado no tuvo otro remedio que suspender el juicio ante "la sucesión de expresiones disparatadas, gritos, gesticulaciones y ademanes que usaba el letrado", que llegó a arrogarse "hasta funciones de decisión y de dirección" sobre el desarrollo del juicio.

Curiosamente, la violencia con que se desarrolló todo el incidente ha permitido a Moreno Lara librarse de otra condena por un delito de desobediencia a la autoridad, por el que el fiscal pidió para él otro año de cárcel.

Razona la sentencia que el abogado gritaba de tal manera que el magistrado "no conseguía que sus palabras se oyeran por encima de las que usaba el acusado", por lo que "no logró transmitirle un mandato claro, firme y determinante para que actuara en un determinado sentido, para que guardara silencio y dejara de faltar al respeto a los presentes en la sala".

"Es que no dejó hablar al magistrado ni hacer uso de sus facultades de corrección o disciplinarias, menos aún de cualquier apercibimiento" pese a que el condenado, por su profesión de abogado, "tenía que conocer perfectamente que existía dicha posibilidad". Por ello, la juez considera que no se cumplen los requisitos para condenar por un delito de desobediencia. La condena tiene en cuenta la profesión de abogado del acusado, que los delitos fueron cometidos "precisamente en el lugar donde debe ejercer su función y faltando al respeto a aquellos a los que lo debe especialmente", todo ello "sin el más leve atisbo de arrepentimiento", según se vio en el juicio por estos hechos.