Muñoz saca del cajón la Ley de Capitalidad

Ahora o nunca. Antonio Muñoz inicia el camino para reivindicar una Ley de Capitalidad para Sevilla que permita dotar a la ciudad de ciertos privilegios o compensaciones presupuestarias por el hecho de acoger la sede administrativa de la Junta de Andalucía. Éste es un debate que sólo ha servido hasta la fecha para generar confrontación política y ha sido retomado en diferentes mandatos. El alcalde socialista espera contar con el respaldo de todos los grupos políticos mañana en el debate sobre el estado de la ciudad. El siguiente paso será pedírselo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la reunión que mantendrá con el popular a la vuelta del verano. El respaldo de la Corporación y del Estado (con el que ya ha tenido algunos contactos) sería un punto a favor para iniciar las conversaciones.

“Voy a ir a por todas. Es el momento. Me parece un tema imprescindible para Sevilla”. Muñoz saca del cajón una vieja reivindicación que supondría reconocer a Sevilla como capital real a todos los efectos, sobre todo, presupuestarios. La Ley de la Capitalidad ofrece un trato especial para la ciudad, que sería compensada con una aportación económica extra por prestar servicios como capital de Andalucía, que es lo que supone dicho estatuto. La capitalidad es una cuestión de intereses contantes y sonantes, a pesar de que nadie ha cifrado con detalle cuánto más podría recibir el Ayuntamiento si consigue este trato diferencial.

Una de las principales argumentaciones que exponen los socialistas guarda relación con el aréa metropolitana y el uso de los medios de transportes. Sevilla se encuentra inmerso en la actualidad en una realidad metropolitana que cuenta con 1.539.018 habitantes, de los que algo menos de la mitad residen formalmente en la capital. El gobierno municipal expone que uno de los efectos más claros que se produce en materia de transportes es que cerca de la mitad de los vehículos que a diario circulan y buscan aparcamiento en la ciudad proceden del área metropolitana. Los 850.426 habitantes de la corona metropolitana realizan un uso intensivo en menor o mayor medida de los servicios municipales. Por lo que el gobierno local entiende que debe recibir una compensación económica.

La Ley de Capitalidad tiene tres aspectos fundamentales. En primer lugar, definir la capitalidad de la comunidad autónoma y los términos que la rigen; desarrollando en el caso de Sevilla el artículo cuarto del Estatuto de Autonomía. En todos los casos permite la configuración de una comisión bilateral que establece una relación específica entre la capital y la administración autonómica.

En segundo lugar, dotar a los municipios capitales de autonomía de una línea de financiación extraordinaria que contribuya a una mejor prestación de los servicios públicos. En tercer lugar, permite transferir competencias y potestades autonómicas que tienen una incidencia netamente local al gobierno municipal con objeto de ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Los socialistas añaden que es necesario abordar la necesidad que tiene una ciudad como Sevilla, cuarta urbe de España, en estar implicada en la gestión de oportunidades y servicios hasta ahora de competencia estatal, pero que tienen una clara incidencia local y/o metropolitana. “Esto permitiría afrontar los grandes retos que tiene la ciudad en materia de competencias y financiación atribuida en materia de servicios sociales, empleo o educación”.

El gobierno municipal entiende que, por su tamaño, por las obligaciones derivadas de su condición de sede de las instituciones y por su posición como eje geográfico de la región, Sevilla necesita y merece un marco jurídico especial que le garantice una mayor capacidad para impulsar proyectos de envergadura y atraer talento. Agregan que el hecho de que la ciudad carezca de un régimen jurídico diferenciado coloca a Sevilla en clara desventaja frente a otras ciudades cuyas comunidades autónomas han impulsado una normativa singular que les ha dotado de mayores niveles de autonomía, incrementos en la financiación que reciben, más elevados niveles de autogobierno, un sistema de organización más ágil o mecanismos reforzados de participación ciudadana, entre otras medidas. “Sevilla no puede quedar atrás entre las grandes ciudades de España en la carrera por constituir un gran polo de desarrollo urbano”. Los empresarios mantienen, por ejemplo, que desde la Expo del 92 la capital ha sido discriminada de manera descarada en los presupuestos, no sólo de la Junta, también los del Gobierno central.

Esta vieja reivindicación que recupera Muñoz es totalmente contraria a la postura que tuvo su antecesor Juan Espadas, que abandonó la idea de “blindar a Sevilla” si ello generaba más animardversión con el resto de capitales. Su discurso era muy distinto al que había mantenido en el anterior mandato el popular Juan Ignacio Zoido, que llegó a chocar en varias ocasiones con su compañero de filas, el alcalde de Málaga, a cuenta de esta ley de capitalidad. Un ejemplo, si Zoido mantenía que las empresas municipales de Sevilla soportaban algunos meses gastos extras de hasta 90.000 euros por las manifestaciones y protestas ante las sedes de la Junta, Francisco de la Torre argumentaba los ingresos que dejan en la capital los miles de funcionarios que trabajan en dicha administración. En sus cuatro años en la Alcaldía no analizó su conveniencia ni consideró oportuno elevarlo para su tramitación.

En el mandato anterior, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín apostó con fuerza por la Ley de Capitalidad. Y ya se dio de bruces con su homónimo malagueño (el mismo De la Torre). Un encontronazo que alentó incluso desde Sevilla el propio Partido Popular de Zoido.