Multas de hasta 3.000 euros contra los clientes de prostitutas callejeras

El Ayuntamiento de Sevilla comenzará a multar a los clientes de la prostitución callejera a partir del próximo 27 de octubre. Las sanciones oscilarán entre los 750 y los 3.000 euros en función de que se consideren infracciones graves o muy graves a la ordenanza municipal contra la prostitución. La cuantía de la multa será mayor si se contratan los servicios de una prostituta cerca de algún parque infantil o en el entorno del algún centro educativo.

Uno de los puntos históricamente conflictivos de la prostitución callejera en Sevilla es la calle Santo Domingo de la Calzada, en Nervión. El alcalde, Juan Ignacio Zoido, visitó ayer el parque situado en esta calle, donde tradicionalmente cada noche se ofrecen decenas de mujeres extranjeras. Desde hace unas semanas, la Policía Local ha reforzado su presencia en esta vía paralela a la avenida Luis de Morales para disuadir a meretrices y clientes.

El dispositivo de la Policía Local ha empezado a dar sus frutos. Los vecinos aseguran que en los últimos días no se ha visto a ninguna chica ofreciendo sus servicios en Santo Domingo de la Calzada, si bien algunos explican que la prostitución se ha trasladado a otra calle cercana, aunque siempre en unos niveles mucho más bajos que en otras épocas del año. "Aquí hay prostitutas desde hace mucho tiempo, quince o veinte años por lo menos. La presencia de la Policía ha hecho que baje bastante", explicaron ayer a este periódico Juan Brenes y Ana Ruiz, dos de los vecinos que acompañaron a Zoido en su visita al barrio.

El alcalde anunció que el dispositivo de la Policía Local será constante y que se irá modificando y adaptando en función de las zonas en las que se active. "Si la prostitución se traslada a otras zonas de Sevilla, la Policía estará allí para impedir que estas mujeres sean explotadas sexualmente", apuntó Zoido. El alcalde insistió en que la Policía Local es una de sus prioridades y que está tratando de motivar a los agentes pese a que se ha agotado el presupuesto para las horas extras. "Me siento un policía más", dijo Zoido, que hace unas semanas visitó a los agentes del turno de noche.

La ordenanza que prohíbe la prostitución callejera se aprobó el pasado 28 de enero, en tiempos del anterior gobierno local dirigido por Alfredo Sánchez Monteseirín, si bien contó con la aprobación unánime de todos los grupos políticos, incluido el PP, que estaba entonces en la oposición. A su llegada al poder, los populares han realizado unas modificaciones en esta ordenanza, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 27 de julio. La norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación, por lo que a partir del 27 de octubre los agentes podrán comenzar a denunciar a los clientes.

Si la Policía sorprende a una persona contratando a una prostituta en una calle como Santo Domingo de la Calzada, la multa sería de 3.000 euros puesto que hay un colegio, un instituto y un parque en las inmediaciones. "No puede ser que, como hasta ahora, los niños llegan al colegio cada mañana encontrándose el suelo lleno de preservativos y que éstos casi que formen parte del equipamiento del parque", denunció Zoido. El alcalde también indicó que la mayoría de las mujeres que se ofrecen en esta calle son extranjeras, concretamente africanas, muchas de las cuales se encuentran en España en situación irregular.

La ordenanza deja claro que en ningún caso se multará a las chicas, sino a quienes intenten contratar sus servicios. El Ayuntamiento espera proteger a las prostitutas poniéndolas a disposición de los servicios sociales de la Junta e integrándolas en la red de pisos tutelados, como forma de que puedan dejar de ser explotadas por sus proxenetas. Para ello existe desde hace tiempo la mesa contra la explotación sexual, que el nuevo gobierno ha activado ya también y que comenzará a reunirse de nuevo en septiembre.

Las multas son las mismas que la ordenanza ya contemplaba, no se han cambiado en las modificaciones hechas por el nuevo gobierno. Sin embargo, desde que se aprobó el texto, en la práctica no se había denunciado a ningún cliente y la ordenanza había quedado sin efecto alguno, al igual que ocurre con otras normativas municipales como la antivandálica.